Altas temperaturas se han registrado recientemente en gran parte del país de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). La primera ola de calor llegó este miércoles 14 de mayo, por lo que el SMN adviertió que esta ola podría generar temperaturas máximas superiores a los 40 °C y afectará a 23 entidades del país.
Debido a esta situación, la escasez de agua y las sequías incrementarán en México y pondrán en riesgo la salud y el bienestar de la población, especialmente en áreas rurales y marginadas, por lo que la implementación de un plan hídrico integral es fundamental para abordar esta crisis y garantizar el acceso a agua segura para la población, según el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO).
Pobladores de diversos municipios del país han padecido la falta de agua potable, reciben agua contaminada y se han visto en la necesidad de comprar pipas de agua a precios elevados. Un claro ejemplo de esta problemática es Hidalgo, donde los pobladores han exigido al gobierno que se regularice el servicio de agua, que se haga un proyecto técnico para introducir el agua potable pero ha habido respuesta nula por parte del gobierno, afirmó Indalecio Mejía Mejía, dirigente antorchista en Pachuca, Hidalgo.
Por otro lado, en la Ciudad de México, las fugas en la red hídrica son un problema considerable, con un estimado de 40 % del agua potable perdida anualmente. Para 2023, el Sistema de Aguas de la Ciudad de México (SACMEX) reportó 11 mil 288 fugas, un aumento del 27.1 % respecto a 2020. Ante la falta de agua, hace unos meses habitantes de la Ciudad de México se manifestaron a través de cadenas humanas y mítines pacíficos para protestar por la falta de agua que padecen en sus hogares. En su manifestación exigieron al Gobierno federal y local que implementen un plan hídrico para revertir la escasez de agua, tampoco fueron recibidos para atender sus demandas.
En estos tiempos de calor es cuando más se necesita el agua, el Artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico, en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible, por lo que el Estado debe garantizar este derecho para el acceso y uso equitativo y sustentable de los recursos hídricos.
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