Funcionarios solicitaron dos semanas para dar respuesta al pliego de demandas
Antorchistas de las alcaldías de Tláhuac, Iztapalapa, Xochimilco, Azcapotzalco, Álvaro Obregón, Tlalpan y Gustavo A. Madero se manifestaron afuera de las oficinas del Instituto de Vivienda (INVI) para exigir que se atienda el grave problema de vivienda que enfrentan familias que no cuentan con un hogar, deben pagar renta o viven hacinadas.
Asimismo, demandaron una solución para las 200 familias del predio Tempiluli en Tláhuac, desalojadas el 24 de febrero de 2020 y cuyas viviendas fueron destruidas durante la pandemia por órdenes de la entonces jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, actual presidenta de la república.
Pese a que los manifestantes corearon enérgicas consignas al llegar al INVI, ningún funcionario los atendió de inmediato. No obstante, permanecieron en mitin pacífico hasta que una comisión fue recibida por empleados de la dependencia para revisar el pliego petitorio y analizar la viabilidad de sus demandas y los plazos de cumplimiento.
Oliver Saavedra Ángeles, activista en Iztapalapa, afirmó que son más de mil familias las que esperan una respuesta del INVI. Aseguró que los compromisos de los funcionarios no se cumplen y exhortó a los antorchistas a mantenerse vigilantes y no permitir el incumplimiento de acuerdos.
La crisis habitacional en la Ciudad de México persiste debido a la escasez de terrenos con servicios adecuados, el alto costo de construcción, el encarecimiento del financiamiento y la burocracia para autorizar nuevos proyectos. Como consecuencia, una parte significativa de la población habita en zonas irregulares, sin servicios básicos como agua, drenaje o electricidad.
Según datos del Instituto de Geografía de la UNAM, los asentamientos irregulares se concentran principalmente en zonas periféricas. Xochimilco registra 597 hectáreas ocupadas, Tlalpan 562 y Tláhuac 332. Además, el 85 % de estos asentamientos está expuesto a riesgos como hundimientos, inundaciones e incendios.
Finalmente, funcionarios del INVI solicitaron dos semanas para dar respuesta al pliego de demandas. Los manifestantes se retiraron con el compromiso de volver a movilizarse si no se cumplen los acuerdos, argumentando que las familias no pueden seguir esperando más tiempo dada su situación de precariedad.
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