Los dirigentes antorchistas de los estados de Oaxaca y Veracruz, los compañeros Dimas Romero González y Samuel Aguirre Ochoa, respectivamente, son objeto de amenazas contra su vida y su libertad, por la simple y sencilla razón de que representan digna y valientemente, los intereses de decenas de miles de colonos, campesinos, estudiantes, amas de casa y trabajadores, en sus respectivos estados. Esta violación al Estado de Derecho en la aplicación facciosa de la ley contra los críticos de su gobierno y la conculcación de las Garantías Constitucionales por parte del gobierno de López Obrador y sus gobernadores afines, como es el caso de Alejandro Mura y Cuitláhuac García, constituye un paso más, hacia el Estado Totalitario que la Cuarta Transformación ha venido trazando como ruta para el país.
En el caso de Oaxaca, los antorchistas han venido exigiendo cumplimiento a los compromisos de obras y servicios para colonias y comunidades contraídos por parte del gobierno del estado sin obtener respuesta favorable, a lo que se suma, en los últimos meses la lucha solidaria con más de dos mil trabajadores de la salud, entre médicos, enfermeras y otros empleados, que demandan la reinstalación inmediata en sus fuentes de trabajo, tras el despido injustificado de que fueron víctimas por los Servicios de Salud de Oaxaca, la lucha ha sido muy intensa y desgastante por la política de los Gobiernos estatal y federal, que también aquí han incumplido los compromisos hechos por López Obrador y Alejandro Murat, quienes han preferido el menosprecio y la indiferencia para desanimar a los trabajadores, pero ante la resistencia combativa y la solidaridad del antorchismo, ahora pasan a la represión abierta y franca, mediante panfletos soeces, que buscan intimidar con amenazas de muerte y cárcel.
El caso de Veracruz es igualmente represivo, las razones son, la lucha consecuente de los antorchistas de aquel estado dirigidos por el Ingeniero Samuel Aguirre Ochoa y las críticas fundadas por el mal desempeño del Gobernador morenista Cuitláhuac García, que tiene al estado en condiciones deplorables de pobreza, inseguridad, salud y sin atención a los problemas de obras de infraestructura para los veracruzanos, pero, con subejercicio presupuestal, que ha regresado a la TESOFE, para que el Presidente de la República lo utilice discrecionalmente en sus obras insignia.
En este caso se orquestó una burda maniobra leguleya, utilizando a un vil delincuente de nombre Eduardo “N”, a quien le extendieron un poder notarial falso emitido por el licenciado Octavio Escobar Pérez, titular de la Notaría Pública número 21 ubicada en Naolinco, Ver., utilizando una credencial de elector falsa, en la que fue alterado el nombre y la fotografía de Samuel Aguirre Ochoa para involucrarlo en el delito de fraude, cometido por este sujeto inescrupuloso, en agravio al parecer de varios ciudadanos, armar una carpeta penal con este delito prefabricado y encarcelar a nuestro compañero.
Esta y otras formas de persecución y represión políticas contra sus críticos, están marcando al Presidente Andrés Manuel López Obrador y a su gobierno, que están llevando aceleradamente al país a una dictadura. Sólo así se explica que México sea un país con uno de los índices mayores de muertes de periodistas, pues son ya 43 comunicadores críticos los que han perdido la vida y según los especialistas, esto ha sido alentado por las declaraciones y ataques constantes del presidente en los distintos foros que utiliza para denostar a sus adversarios políticos.
Es muy evidente, el uso torcido y faccioso de la ley contra todo ciudadano o grupo social que defienden sus derechos consagrados por el marco jurídico vigente en nuestro país, como prueba de ello, está el congelamiento de cuentas bancarias utilizando a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF); el linchamiento mediático y el recorte presupuestal al INE y a varios organismos autónomos que no se le pliegan; la embestida contra la UNAM y los científicos del CONACYT, entre otros.
Los mexicanos adheridos al Movimiento Antorchista Nacional, nos sentimos profundamente agraviados e indignados por las amenazas de muerte y de cárcel contra nuestros compañeros oaxaqueños y veracruzanos y en particular contra sus respectivos líderes y estamos prestos para acudir en su defensa y solidaridad en el momento que se requiera, los guanajuatenses estaremos pendientes del llamado de nuestra Dirección Nacional, para hacer respetar las Garantías Constitucionales, de libre organización y petición, por las que ofrendaron su vida muchos mexicanos, en distintos momentos históricos de nuestra patria.
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