El Inegi anunció, hace unos días, que está en marcha el levantamiento del IX Censo Agropecuario de México que tiene como objetivo conocer las condiciones de producción del sector, en todo el país, que es fundamental porque de él depende la seguridad alimentaria, además de representar, en gran parte, la producción de materia prima para el resto de la actividad económica.
Hacía 15 años que no se hacía un censo de este tipo; el último del que se tiene registro fue en 2007, año en el que también se planteó el Nuevo Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable (Nuevo PEC) que perseguía el desarrollo del sector rural. Este sector, a pesar de los puntuales éxitos en las exportaciones, sigue siendo un medio con alta persistencia de la pobreza y de la pobreza extrema en particular, entre su población, según el Coneval, de los casi 30 millones de habitantes que había en el medio rural en 2020, 16.6 millones vivían en situación de pobreza y 5 millones en pobreza extrema, números que no han variado, entre 2018 y 2020, a pesar de las transferencias monetarias de la 4T. Una incidencia tres veces mayor que en el medio urbano.
En 2016, el Inegi actualizó el conjunto de unidades productivas del sector rural; de acuerdo con esa actualización, la población de estudio de este IX Censo Agropecuario son los 9.3 millones de terrenos rurales que se identificaron. Del total de terrenos, 76 por ciento son ejidales o comunitarios y 21 por ciento, de propiedad privada; aunque si clasificamos según la superficie es de 54 por ciento los ejidos y tierras comunales y 45 por ciento es propiedad privada.
Atendiendo al tipo de actividad que realizan, el sector rural se divide entre 6.4 millones de terrenos que se dedican a actividades agrícolas (69 por ciento); 1.6 millones a actividades ganaderas (18 por ciento); y 63 mil a forestales (0.7 por ciento). La mayoría de las unidades productivas del sector rural son unidades pequeñas (de hasta 2 hectáreas) dedicadas a la agricultura y de propiedad ejidal (entre 2007 y 2016, 10 años, la propiedad privada aumentó 5 por ciento).
En México el sector primario participa con 3.3 por ciento del PIB. Los trabajadores ocupados en la agricultura representan casi 11 por ciento del total (más de 6 millones); la mitad de estos son trabajadores asalariados. Este es un sector en el que impera el trabajo informal (83 por ciento), largas jornadas de trabajo y bajos salarios (por debajo del mínimo, el salario promedio mensual durante el primer semestre de 2022 fue de solo 2 mil 500 pesos).
No hace falta explicar la necesidad y la urgencia de un esfuerzo real de parte del gobierno que permita conocer la realidad del campo mexicano; por tanto, a realización del Censo Agropecuario es una buena noticia porque este conocimiento es fundamental para el planteamiento a detalle de los problemas y soluciones de este sector y sus participantes, particularmente los más pobres.
Aun así, hay que advertir contra el posible mal uso del Censo Agropecuario y de las estadísticas por parte del Gobierno federal como se hizo evidente en la discusión del presidente Andrés Manuel López Obrador con el periodista Jorge Ramos a propósito de los datos sobre homicidio.
La realidad no es una cuestión de opiniones, es objetiva y hay que posicionarse respecto a ella con argumentos científicos y no con prejuicios. Hacemos votos aquí porque el censo en marcha se haga con el firme propósito de dar cuenta de la compleja realidad del campo mexicano que permita diseñar políticas para desarrollar el sector primario de la economía y para el combate a la pobreza rural.
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