Mientras Puebla se destaca por ocupar los primerísimos lugares en el país en contagios y muertes por coronavirus, mientras la sociedad sufre el embate mortal de la pandemia y de la crisis económica que está sumiendo a los poblanos en la pobreza extrema y obligándolos a arriesgar su vida para allegarse el sustento de la vida, los poblanos esperarían que el gobernador y los diputados locales estuvieran dedicados a resolver las necesidades de salud y alimentación de la población; pero no es así, en una nefasta alianza entre el poder ejecutivo estatal y el legislativo, encabezados por Miguel Barbosa Huerta y Gabriel Biestro Medinilla respectivamente, ocupan su tiempo y esfuerzo en tramar cómo reducir las posibilidades triunfo de sus competidores electorales en las elecciones intermedias del 2021.
El presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso Local, Biestro Medinilla, siguiendo sumisamente los consejos del gobernador, presentó una iniciativa de ley electoral que pretende reducir el financiamiento de los partidos políticos, eliminar las alianzas y la posibilidad de tener diputados por el principio de primera minoría, además de reducir las facultades del IEE.
La Constitución General de la República Mexicana en el artículo 41 fracción segunda inciso a y la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla en el capítulo 1, artículo 4° fracción segunda, establecen que el financiamiento a los partidos políticos se determinará multiplicando el número de electores inscritos en el padrón electoral (en Puebla son 4 millones 667 mil 48) por el 65 por ciento de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) cuyo valor es de 86.88 pesos, es decir, por 56 pesos con 47 centavos; de lo que resulta la cantidad de 263 millones 548 mil 200 pesos para financiamiento de todos los partidos políticos en el estado.
De esta última cantidad, el 70 por ciento, es decir, 184 millones 483 mil 740 pesos se distribuyen entre los partidos de acuerdo con el porcentaje de votos que hubieren obtenido en la elección de diputados inmediata anterior y, el resto, el 30 por ciento, que, en este caso, es la cantidad de 79 millones 64 mil 460 pesos se distribuirán en forma igualitaria entre los once partidos políticos que participaron en las elecciones.
La distribución del primer concepto quedaría de manera aproximada así: Morena que tuvo el 36% de votos válidos 66.2 millones de pesos; el PAN con el 22 por ciento 41.2 millones; el PRI con 18 por ciento, 32.5 millones de pesos y cuatro partidos que obtuvieron el 3 por ciento, 5.8 millones de pesos y el resto oscila entre 5 y 2 por ciento. A estas cantidades se les suma 7 millones 187 mil 678 pesos, a cada uno, por el segundo concepto de financiamiento, quedando la distribución de la siguiente manera: Morena 73.4 millones de pesos; PAN, 48.4; PRI, 39.7; los 4 partidos con el 3% de votación, 13 millones de pesos, etcétera.
La justificación de la distribución de este último concepto, es impulsar la democracia y dar oportunidad para que en el poder legislativo y en los puestos de elección popular se escuche la voz de las corrientes políticas minoritarias, proporcionándoles condiciones materiales y económicas que les permita competir con equidad en los procesos electorales. Hasta aquí, de acuerdo con la ley vigente.
La ley Biestro propone que el financiamiento se determine multiplicando el número de votos válidos obtenidos por los partidos políticos en la elección a diputados inmediata anterior (en Puebla fue de 2 millones 770 mil 919 votos) por el 65 por ciento del valor de la UMA que ya sabemos que es de (56.47 pesos); resultando un presupuesto estatal de156 millones 479 mil 337 pesos; que deberá distribuirse en forma proporcional a la cantidad de votos válidos obtenidos por cada partido. La propuesta quedaría así: para Morena 56.2 millones de pesos; para el PAN, 34.9; para el PRI, 27.6 y para los cuatro partidos que alcanzaron la votación mínima para conservar su registro (3 por ciento) 4.3 millones de pesos.
Lo que busca, supuestamente, la mancuerna Barbosa-Biestro como defensores a ultranza de la austeridad republicana, es ahorrar recursos; ¡vaya, ahora sí, por la pandemia! Aunque no han movido ni un ápice por la salud, la alimentación o la generación de empleos para los poblanos.
No obstante, la pretensión real es limitar la capacidad de competencia electoral de los partidos, ahorcándolos económicamente; a Morena le toca de por sí, la mayor tajada y va en caballo de hacienda por el manejo clientelar de los programas de transferencia monetaria y por el manejo discrecional de los recursos del erario estatal; en resumen, está iniciativa de ley electoral pretende llevar a cabo una elección de estado; limitando a los partidos políticos y especialmente los pequeños que ahora se van a quedar en la inanición por el escaso financiamiento; medida evidentemente antidemocrática.
Otro aspecto de la propuesta de reforma electoral plantea eliminar alianzas permitidas conforme al Código de Procedimientos e Instituciones Electorales del Estado de Puebla en el artículo 41que garantiza el derecho a las alianzas; en una especie de ataque de amnesia, se les olvido a los morenistas que 8 de las diputaciones locales de mayoría relativa que tienen, son resultado de las alianzas que establecieron con otros partidos. Ahora pretenden prohibirlas porque creen que enfrentados uno a uno con cada partido seguirán manteniendo la mayoría en el congreso local; medida que proponen para evitar la debacle que se avecina por el desprestigio del gobierno morenista de Puebla, que los coloca como el peor gobierno de México.
También proponen eliminar la designación del diputado por el principio de primera minoría, que en la LX legislatura local le toco al PAN porque fue el partido que quedo en segundo lugar, considerando el total de votos válidos obtenidos en la elección a diputados, aunque sólo ganó 4 diputaciones de mayoría relativa; los morenistas, bajo el pretexto de evitar la sobrerrepresentación de los partidos dominantes y dar a los partidos más pequeños y más presionables por el gobierno del estado, una diputación plurinominal; pues, según ellos, así darán voz y voto, a intelectuales, altruistas y líderes comunitarios, en el congreso local.
Finalmente, la iniciativa de ley propone que ya no sea el presidente del IEE quien proponga la terna para elegir al titular de la Unidad Técnica de Fiscalización y de la Contraloría Interna; ¿Cuál es el objetivo de esta reforma? Proponer una persona a modo, que actúe para proteger los intereses de Morena y encubrir sus desatinos en la administración de recursos y proceder como inquisidor contra el resto de los partidos; pues, todo mundo sabe que los errores financieros se utilizan para anular la elección.
Así, las cosas, esta reforma es intento burdo de controlar el proceso electoral, para que sirva a los intereses de los morenistas y se perpetúen en el poder.
En relación al financiamiento de los partidos políticos la iniciativa de ley Biestro se contrapone con lo establecido en la Constitución General de la República Mexicana, ley suprema del país, a la que deben estar supeditadas las leyes locales; no obstante, Morena tiene mayoría en el congreso del estado y de aprobarse esta, habrá que emprender la lucha legal y política para invalidar sus efectos.
Ahora bien, ¿cuál es el remedio contra las trapacerías electorales de Biestro y consortes? Formar una fuerza política fuerte, poderosa, que se imponga contundentemente con y por su número de electores y que, a pesar de las trampas y fraudes, triunfe en las elecciones del 2021 para que de inmediato tome medidas para atender las necesidades urgentísimas de salud, alimentación y trabajo de todos los poblanos; para luego, instrumentar un proyecto de estado que contemple la creación de empleos con salarios bien remunerados, que se invierta en la construcción de obra pública y se destinen más recursos al gasto público en beneficio de toda la población y que acuerde con los diferentes sectores de la sociedad una política fiscal progresiva. ¡Este es el reto de todas las fuerzas políticas progresistas de Puebla!
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