• 7 mil habitantes dependen de reparto irregular, mientras autoridades advierten que el agua durará sólo quince años

Ciudad Juárez ha vivido en las últimas dos décadas un crecimiento demográfico sostenido, una expansión urbana inexorable y una profunda transformación social. Aunque la ciudad parece captar nuevas oportunidades como vivienda, empleo e industria, en paralelo emerge una crisis silenciosa: el agua potable ya no alcanza para todos.

El acuífero, las tuberías, la distribución, la planeación urbana y la migración conviven con una realidad dura: muchas familias carecen del recurso más básico para vivir con dignidad.

Entre 2000 y 2023, Ciudad Juárez pasó de alrededor de 1.2 millones de habitantes a más de 1.5 millones, según datos del Instituto Municipal de Investigación y Planeación (IMIP). Ese incremento de más de 300 mil personas ha impulsado una expansión urbana acelerada, con nuevos fraccionamientos, colonias populares, asentamientos periféricos y una constante demanda de vivienda.

Pero este crecimiento no proviene sólo del crecimiento natural: Juárez ha sido históricamente receptor de migración interna y de familias provenientes de otros estados, que buscan oportunidades de empleo, muchas veces vinculadas al sector maquilador. Es decir: la necesidad de servicios básicos como educación, transporte, empleo, salud y agua se incrementa con cada nuevo habitante, con cada familia que arriba.

Esa migración intensifica la presión sobre un sistema hídrico ya agotado: más personas significan más consumo, más demanda de infraestructura y mayor estrés sobre los mantos acuíferos. 

Así, el crecimiento poblacional y la migración multiplican la urgencia de contar con un suministro confiable, lo que convierte el acceso al agua en una cuestión de derechos, no de privilegios.

Para muchos recién llegados, quienes llegan con la esperanza de reconstruir su vida, con trabajo de maquila, salarios modestos y familias jóvenes, la promesa de tener una vivienda no significa nada si esa vivienda no cuenta con agua.

Por eso, la expansión urbana de Juárez exige repensar no sólo vivienda o empleo, sino infraestructura básica, equidad social, distribución justa y sustentabilidad.

Acuífero Bolsón del Hueco, casi al límite 

La piedra angular del abastecimiento de agua en Juárez es el acuífero subterráneo conocido como Bolsón del Hueco. Pero este pilar ya muestra fisuras: para extraer agua ahora hay que perforar más profundo, en promedio unos 300 metros, mucho más que hace años, lo que revela un descenso constante en los niveles freáticos y un agotamiento progresivo del recurso, indicó el exdirector ejecutivo de la Junta Municipal de Agua y Saneamiento en Juárez, Sergio Nevárez.

Ese descenso implica costos crecientes: bombeo más caro, mayor consumo de energía, mantenimiento de pozos y complejidad técnica, costos que se le cargarán al consumidor. Pero también deja al descubierto la fragilidad de un modelo urbano construido sobre el agua subterránea como si fuera infinita. Hoy no lo es.

Las autoridades que administran el agua lo reconocen. Mario Mata Carrasco, director ejecutivo de la Junta Central de Agua y Saneamiento, estimó recientemente que, con el ritmo actual de extracción, Juárez podría quedarse sin agua en los mantos en unos quince años.

Eso significa que la ciudad, tal como se concibe hoy, no es sostenible, y pone en evidencia que los nuevos desarrollos urbanos, los fraccionamientos y las colonias populares que se autorizan sin previsión hídrica representan una apuesta riesgosa: casas, calles y lotes construidos sobre un acuífero que se agota.

Mientras tanto, comunidades enteras ya sufren las consecuencias: el agua no llega; la red no existe; el abastecimiento es irregular o depende de pipas.

Increíble: colonias sin agua potable

En Juárez existen colonias donde, a pesar de estar dentro de la mancha urbana o en los límites actuales de expansión, no cuentan con red de agua potable. Sectores cercanos al “kilómetro 20” y las áreas sobre la carretera a Casas Grandes forman parte de ese rezago estructural.

De acuerdo con un reporte del 5 de agosto de 2025 presentado por el Diario de Juárez, hay más de 7 mil habitantes que, aun viviendo en zonas consideradas “urbanas”, no tienen acceso a red por falta de infraestructura adecuada. Las colonias mencionadas incluyen, entre otras, Polo Gamboa, “Los Kilómetros” y La Campesina.

Para estas familias, el agua no llega por tuberías; tienen que depender de pipas municipales o privadas, a veces a diario, otras con periodicidad irregular. En muchas ocasiones la espera es larga, la cantidad limitada y la certeza lejana.

Una vecina de “Los Kilómetros” narró para buzos: “Aquí vivimos haciendo filas cuando llegan las pipas, cargando garrafones, esperando horas. Si no alcanzas a tiempo… te quedas sin agua hasta el siguiente reparto”.

En pleno siglo XXI, en una ciudad fronteriza, hay quienes recolectan agua como si vivieran en un pueblo rural.

Este sistema de reparto en pipas, aunque aparente ser una solución emergente, está lejos de ser una garantía. Es costoso, poco confiable e inestable. Más aún, contrasta con el derecho básico que toda persona debería tener: agua suficiente, continua, de calidad.

Crisis laboral y agua

La situación adquiere una dimensión más dramática si se considera el contexto laboral: muchas de las familias que habitan en colonias sin red pertenecen al sector trabajador, sobre todo a la industria maquiladora. Sin embargo, con las políticas de aranceles y presiones comerciales en Estados Unidos, algunos trabajadores han perdido sus empleos o tienen jornadas reducidas.

Para ellos, contratar pipas privadas o invertir en almacenamiento de agua se vuelve un gasto adicional duro de asumir. Al gasto de renta, transporte, alimentación, salud y educación, se le suma el gasto por agua, lo que representa un golpe a la economía de cientos de familias que tienen que pagar por el agua, es decir, por un derecho.

Así, la crisis del agua no es sólo técnica o urbana, es también social y económica. Las familias más vulnerables, con ingresos irregulares o bajos, están doblemente expuestas: sin empleo estable, sin red hidráulica, sin agua.

Esto agrava la desigualdad urbana: significa que el agua pasa de ser un derecho, o debería serlo, a convertirse en un privilegio para quienes pueden pagar más o quienes tienen vivienda dentro de áreas abastecidas.

Soluciones “parche” ante reclamo social

“Nos vendieron casa, calles, servicios… pero no agua potable. ¿De qué sirve una casa si no trae agua?”, declaró María López para buzos, habitante de una colonia en la zona de “Los Kilómetros”.

Al mismo tiempo, las autoridades observan con alarma la magnitud del problema. El titular de la dependencia municipal de Desarrollo Social, Hugo Vallejo Quintana, reconoció que muchas zonas no cuentan con red de distribución, por lo que iniciaron un programa de reparto de agua gratuito con pipas, entrega de tinacos y tambos para almacenamiento, en colonias como Bello Horizonte, Granjas del Desierto, Granjas Polo Gamboa, “Los Kilómetros”, La Campesina, entre otras.

Estas declaraciones son un reconocimiento oficial de que la infraestructura hidráulica no ha acompañado el crecimiento urbano. Pero, al mismo tiempo, muestran lo provisional del remedio: agua por pipa, vales, tinacos… soluciones parche que no resuelven la raíz del problema.

La responsabilidad institucional

El desabasto no es azaroso: es consecuencia de decisiones de planeación urbana, otorgamiento de permisos de desarrollo y una falta de visión de largo plazo. Mientras se autorizan fraccionamientos y colonias nuevas, no siempre se evalúa con rigor si la infraestructura de agua será suficiente.

La Junta Municipal de Agua y Saneamiento, responsable del abastecimiento, tiene una parte central en esta responsabilidad. Si bien reconoce públicamente que los mantos acuíferos están sobreexplotados y que la disponibilidad de agua puede agotarse en quince años si no se regula la extracción, sus planes inmediatos muchas veces recurren a paliativos: reparto en pipas, pozos nuevos, apoyos temporales, en lugar de una estrategia integral de abastecimiento, regulación de nuevos desarrollos, límites a la expansión indiscriminada y planeación urbana vinculada con agua.

El gobierno municipal, por su parte, ha implementado programas sociales, como la Cruzada por el Agua, para atender temporalmente la falta de suministro en colonias sin red. Pero esos programas no sustituyen una infraestructura robusta, sostenible y de largo plazo; y, mientras tanto, la ciudad sigue autorizando construcciones, lotificaciones y nuevos fraccionamientos.

Este escenario revela una falta de coherencia entre la política de desarrollo urbano, expansiva, basada en vivienda y crecimiento, y la realidad del agua: limitada, decreciente, vulnerable. Esa disonancia no sólo es técnica, sino ética y social.

Acciones que alivian pero no resuelven

Frente a la emergencia, las autoridades han puesto sobre la mesa una combinación de acciones: reparto de agua mediante pipas, entrega de tinacos y tambos, apertura de pozos adicionales, rehabilitación de colectores, implementación de obras de infraestructura hídrica.

Por ejemplo, la Junta Municipal de Agua y Saneamiento informó recientemente que está renovando colectores, como el denominado Norzagaray, cuyas labores durarán unos dieciocho meses, para fortalecer la red de distribución ante la saturación de algunas zonas. Además, se contempla el reemplazo del colector “Nadadores” con una inversión estimada en 50 millones de pesos.

Estas acciones han representado un alivio para muchas familias, sobre todo en temporadas de calor intenso o cuando un pozo falla. Hugo Vallejo Quintana informó recientemente que más de 5 mil familias que carecían de agua fueron atendidas por la dependencia de Desarrollo Social con reparto de pipas y apoyos.

No obstante, las autoridades también admiten públicamente que estas medidas son temporales, de emergencia e insuficientes ante un desafío estructural: los mantos acuíferos están sobreexplotados; la demanda sigue creciendo; la red no abarca todas las colonias; la planeación urbana carece de criterios hidráulicos.

Por ello, han señalado la necesidad de una estrategia integral que contemple no sólo distribución y abastecimiento, sino regulación del crecimiento urbano, límites a nuevos fraccionamientos sin infraestructura previa, saneamiento del sistema, mantenimiento de pozos, inversiones mayores y una visión de largo plazo que reconozca que el agua es finita.

Agua, derecho básico compartido

La migración, interna y regional, ha sido una constante en Juárez: familias de otras zonas del país llegan en busca de empleo, oportunidades, un nuevo comienzo. Muchos se integran al sector maquilador, trabajan largas jornadas, buscan vivienda accesible y establecen raíces. Pero el escenario del agua los deja en una situación doblemente vulnerable: no sólo llegan a una ciudad con crisis habitacional y de empleo, sino a un contexto donde el agua no es un servicio garantizado.

Esto plantea un dilema de equidad: la ciudad se expande, crece, atrae población, pero no reasigna recursos, no amplía infraestructura, no regula nuevos asentamientos con criterios de sustentabilidad hídrica. Las decisiones urbanísticas, muchas veces motivadas por la demanda de vivienda o por proyectos de expansión, no consideran el derecho al agua como prioridad.

El resultado: comunidades vulnerables, migrantes, trabajadores, familias jóvenes viviendo al margen del suministro; dependientes de ayudas, de dádivas, de suerte. Eso no puede justificarse como “inevitable”: es una falla estructural, social, institucional.

Cultura del agua: responsabilidad colectiva

Ante este panorama, se vuelve urgente fomentar una cultura del agua, no como lema publicitario, sino como práctica cotidiana, colectiva y estructural. No basta con repartir pipas o regalar tinacos; hay que cambiar la relación con el agua, adaptar la ciudad a su entorno árido, replantear la construcción, la vegetación, los hábitos de uso.

En hogares, es indispensable promover el uso eficiente del agua: reparar fugas, cerrar llaves, reutilizar agua cuando sea posible, reducir desperdicios. Pero esa conciencia debe ir acompañada de políticas públicas reales: regulación del uso, planeación urbana responsable, inversiones sostenibles, diversificación de fuentes, mantenimiento permanente.

Por otro lado, la recuperación de áreas verdes debe replantearse: durante años, algunas plantaciones usaron especies exóticas de crecimiento rápido: lila asiática, olmo europeo, eucalipto australiano, opciones que, aunque dieron sombra pronto, implicaban alto consumo de agua y alteración de ecosistemas locales. En un contexto de escasez, esa estrategia ya no es viable.

La apuesta debe ser hacia vegetación nativa, adaptada al clima desértico, que consuma poca agua, respete al entorno y contribuya a la recuperación ecológica sin sacrificar recursos vitales.

Adoptar una cultura del agua significa aceptar los límites del entorno: que Juárez es una ciudad de desierto, con acuíferos finitos, clima extremo, sequías recurrentes. Significa planear con visión, construir con responsabilidad, exigir servicios, pero también comprometerse como ciudadanos.

Porque si la cultura del agua no se adopta, si se sigue construyendo sin pensar en qué hay debajo, si seguimos viviendo como si el agua fuera infinita, la próxima generación heredará una megalópolis sedienta, desigual y con profunda injusticia social.

Una encrucijada para Juárez

Ciudad Juárez enfrenta una encrucijada que definirá su futuro: puede seguir expandiéndose indiscriminadamente, autorizando fraccionamientos, lotificaciones y construcciones sin garantizar servicios básicos, en especial agua. O puede detenerse, replantear su modelo de desarrollo, priorizar infraestructura, regular crecimiento, invertir en abastecimiento y reconocer que el agua no es infinita.

La crisis del agua en Juárez ya no es un problema de “zonas marginales” o “colonias aisladas”: afecta a migrantes, trabajadores, familias jóvenes, colonias recién creadas, asentamientos legales e informales. Es una crisis de derechos básicos: agua potable, vivienda digna, equidad urbana.

Por eso, la única salida viable es una transformación profunda: un pacto social por el agua, un compromiso urbano con la sustentabilidad, una cultura colectiva de cuidado. Que cada nueva colonia, cada nuevo fraccionamiento, cada nueva familia llegue con garantía de agua, no con promesas vacías. Que la planeación reconozca el valor del agua, no como un insumo cualquiera, sino como base de la vida, del desarrollo, de la dignidad.

Que Juárez se pueda expandir sin sed. Que crezca con responsabilidad. Que no se construya sobre lo que se está perdiendo. Que las generaciones futuras puedan beber del grifo con la confianza de que el agua llegó para quedarse.

Ese es el reto. Esa es la decisión.