* Crece la violencia contra aspirantes a un cargo de elección popular
* Gobierno de Morena carece de una efectiva estrategia de protección
Ciudad de México.- En lo que va del ciclo electoral, que inició el 7 de septiembre, van más de 230 agresiones a nivel nacional contra personajes políticos; al menos 61 han sido víctimas de homicidio.
De acuerdo con datos de la consultora Etellekt, cuando arrancó el proceso electoral, y hasta el 20 de marzo, se registran 238 agresiones contra políticos, con un saldo de 218 víctimas entre precandidatos y candidatos, de las cuales 166 eran hombres y 52 mujeres. De este total, 61 fueron asesinados, lo que representa dos asesinatos políticos semanales.
Conforme se acerca el periodo de campañas electorales para diputados federales y gobernador, crece la violencia contra aspirantes a un cargo de elección popular y otros políticos.
En el rubro de personas políticas asesinadas, 13 pertenecían al PRI, 9 al PRD, 8 al PAN, 6 al PVEM y 4 a Movimiento Ciudadano; las 11 víctimas restantes a otros partidos políticos nacionales y locales.
Hay un incremento de hasta el 23 % de los atentados en comparación con los registrados en las elecciones de 2018. La consultora Etellekt en su Segundo Informe de Violencia contra Personas Políticas en México 2021 dejar ver que “estas elecciones han sido las más violentas, al menos en los últimos 24 años, al presentar la cifra más alta de postulantes a cargos de elección asesinados desde 1997.
Veracruz –gobernado por Morena– es la entidad con mayor riesgo para las actividades político-electorales de cara a las próximas campañas, que arrancarán este cuatro de abril. En aquel estado se concentra el 20 por ciento de las agresiones contra personas políticas y el 20 por ciento de víctimas letales a nivel nacional.
Junto con Veracruz, los estados de Oaxaca, Puebla, Guerrero, Estado de México, Quintana Roo, Michoacán y San Luis Potosí, concentran el 65 por ciento de todas las agresiones registradas durante el proceso electoral en curso.
Ante los altos índices de violencia, el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador carece de una estrategia de protección; medidas y acciones específicas para evitar que los políticos sean víctimas de atentados criminales.
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