Los bloqueos que paralizan Chihuahua son la culminación de tres años de tensión entre productores y Gobierno federal: una crisis por el agua que hoy golpea a maquilas, transportistas y miles de familias que han quedado sin salario
Un conflicto que no empezó ayer
Los recientes bloqueos carreteros en Chihuahua no surgieron de la nada. Son el capítulo más reciente de una larga confrontación entre el campo chihuahuense y el Gobierno Federal, un conflicto que se remonta al enfrentamiento de 2020 y 2022 en torno al manejo del agua en la presa La Boquilla. Aquella disputa, que dejó una persona fallecida, decenas de heridos, varios detenidos y un profundo resentimiento social, marcó el inicio de una relación tensa con la administración federal encabezada por el expresidente Andrés Manuel López Obrador.
En La Boquilla, cientos de productores defendieron el agua que consideraban vital para el ciclo agrícola, mientras la Comisión Nacional del Agua (Conagua) insistía en cumplir con los tratados internacionales que obligaban a México a entregar agua a Estados Unidos. El choque escaló a tal grado que campesinos, policías estatales y elementos de la Guardia Nacional terminaron enfrentados en un episodio que dejó huella.
Desde entonces, y con la llegada de Morena al poder, la relación entre el campo chihuahuense y el Gobierno Federal ha sido una batalla constante: conflictos con Conagua por concesiones e inspecciones, tensiones con la Comisión Federal de Electricidad (CFE) por tarifas eléctricas elevadas para pozos, operativos de la Guardia Nacional en zonas agrícolas, y ahora, la nueva Ley General de Aguas, percibida por productores como una amenaza directa al control y distribución del vital recurso.
Para muchos campesinos, los bloqueos actuales son la acumulación de años de inconformidad, desgaste y lo que consideran una política federal que los margina.
La chispa que encendió los recientes bloqueos
El detonante de la actual crisis fue la intención del Gobierno Federal de aprobar la nueva Ley General de Aguas, una legislación que, según los productores, centraliza aún más el control del recurso, reduce derechos históricos de extracción y abre la puerta a sanciones y restricciones que pondrían en peligro la producción agrícola.
Desde el lunes 24 de noviembre, diversas organizaciones campesinas iniciaron bloqueos en puntos estratégicos del estado. Las carreteras que conectan Chihuahua con Delicias, Meoqui, Jiménez, Cuauhtémoc, Ciudad Juárez y la región centro-sur quedaron parcial o totalmente obstruidas. Los manifestantes aseguran que no buscan afectar al ciudadano, sino llamar la atención de un Gobierno Federal que les ha dado la espalda.
“Nos ignoran, nos minimizan, nos dicen que somos de partidos o que queremos desestabilizar a la presidenta. Pero aquí estamos agricultores, madres de familia, jóvenes estudiantes… gente real, no ‘politiqueros’”, dice Manuel Cabral, productor de maíz de Rosales que participa en el bloqueo en Delicias.
A la protesta campesina se sumaron transportistas, quienes reclaman mayores condiciones de seguridad ante el incremento de robos, asaltos y agresiones en carreteras federales. Para ellos, la lucha es distinta, pero el hartazgo es el mismo.
“Si no nos roban, nos matan. Y si no, nos culpan a nosotros de paralizar el país. ¿Quién habla de los robos en la 45? ¿Quién nos escucha? Nadie”, afirma Diana Rivera, operadora de tráiler que se unió a los cierres.
El impacto económico que ya se siente
Los bloqueos no tardaron en afectar la vida diaria de miles de familias, empresas y trabajadores. En particular, el sector maquilador, uno de los motores económicos de Chihuahua, ha sido uno de los más golpeados.
En Ciudad Delicias, el cierre a la altura de Lázaro Cárdenas ha impedido el paso de camiones maquileros. Muchas unidades han debido regresar a sus puntos de encuentro, dejando a cientos de empleados sin posibilidad de llegar a su jornada laboral.
“Desde el lunes no me han dejado pasar. Ya perdí tres días y yo me pago mis gastos… el camión, la comida. Si no llego, no gano. ¿Y la renta? ¿Y mis hijos? A nadie le importa eso”, relata María Fernanda, ensambladora en una maquila de Delicias.
El impacto para las empresas también ha sido severo, ante la imposibilidad de recibir personal, materia prima o enviar producción terminada, algunas maquilas han optado por reducir líneas de producción y otras han cerrado temporalmente.
En Chihuahua capital, directivos del sector industrial reconocen que la expectativa es negativa: cada día de inactividad representa pérdidas millonarias y compromete compromisos con clientes internacionales. Las delegaciones de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra), en Juárez, Chihuahua, Delicias, Parral, Nuevo Casas Grandes y Cuauhtémoc, advierten que la situación se ha vuelto insostenible, pues diariamente se interrumpe la cadena de suministros de al menos 3 mil camiones, generando pérdidas superiores a los 250 mil dólares al día.
“Estamos en un punto crítico, si el problema no se resuelve pronto, varias líneas de producción tendrán que cerrarse de manera indefinida. Las maquilas no pueden operar sin seguridad logística”, señaló un representante empresarial que prefirió no revelar su nombre.
Las familias trabajadoras: entre la frustración y la incertidumbre
Uno de los sectores más golpeados por los bloqueos son los trabajadores que dependen de un salario semanal. Muchos empleados de maquila viven al día: si no trabajan, no cobran. Y si no cobran, no comen.
“Perdí toda la semana. Yo gano por asistencia. Si falto un día, me descuentan; si falto más, no me pagan el bono. Esta semana ya la doy por perdida. A ver cómo le hago para pagar los pañales y la leche”, dice José Armando, operador de línea en una maquiladora de la capital.
Para otros, el golpe no es solo económico, sino emocional: ansiedad, temor, frustración e incertidumbre.
“No estoy en contra de los campesinos, pero tampoco ellos nos van a pagar las horas perdidas. ¿Por qué el gobierno deja que esto llegue tan lejos? ¿Por qué nadie resuelve?”, se pregunta Ana Sofía, joven trabajadora de una maquila en Meoqui.
La situación se complica aún más para quienes viven en rancherías o comunidades alejadas, donde el transporte es limitado. Muchos deben caminar varios kilómetros o viajar en vehículos compartidos que tampoco han podido avanzar por los bloqueos.
El gobierno federal: indiferencia, descalificaciones y ausencia de diálogo
Uno de los reclamos más repetidos en los puntos de bloqueo es el trato que, según los manifestantes, han recibido por parte del Gobierno Federal y funcionarios de Morena. Los productores aseguran que, en lugar de abrir una mesa de diálogo, han sido tachados de “politiqueros”, “agitadores” o simpatizantes de partidos adversarios.
“A mí me dijeron que yo vengo porque soy panista. Ni credencial tengo. Yo soy agricultor, mi papá es agricultor, y mi abuelo también lo fue. Lo que queremos es agua, respeto y que nos escuchen”, sostiene un productor de Delicias que pidió anonimato por temor a represalias.
Para muchos, estas descalificaciones no solo profundizan la distancia entre las autoridades y el movimiento, sino que encienden aún más los ánimos en un estado donde el descontento acumulado ya es enorme.
En redes sociales y en declaraciones públicas, diversos funcionarios federales han minimizado la protesta, atribuyéndola a intereses políticos que buscan desestabilizar a la administración de Claudia Sheinbaum. Sin embargo, para quienes bloquean, el movimiento es legítimo y nace de necesidades reales.
“Es fácil decir que somos ‘acarreados’. Lo difícil es venir a ver cómo vivimos, cómo sembramos, cuánto nos cuesta sacar adelante una cosecha. No estamos jugando a la política; estamos defendiendo la vida”, afirma un agricultor de Meoqui.
Transportistas se unen a la lucha, piden seguridad en carreteras
Los transportistas se han convertido en un aliado inesperado del movimiento, no es común que su gremio participe masivamente en bloqueos de corte social, pero la inseguridad en carreteras ha llegado a niveles insostenibles.
“Nosotros no queremos parar. Parar significa perder miles de pesos en un solo día. Pero ya no podemos más con los asaltos. ¿Quién nos cuida? ¿La Guardia Nacional? No aparece”, afirma Gustavo Ibarra, chofer de carga pesada.
Algunos operadores incluso señalan que han sido blanco de extorsiones y amenazas:
“Nos topamos con grupos armados que ni siquiera se tapan la cara porque saben que nadie los detiene”, relata otro conductor en la carretera a Jiménez.
La presencia de transportistas ha dotado de mayor fuerza y complejidad al movimiento, convirtiendo lo que inició como un reclamo agrícola en un problema social de gran escala.
Un estado al borde del estallido social
En Chihuahua ya se habla abiertamente de un posible estallido social, la combinación de enojo, desgaste histórico, crisis económica, inseguridad y una nula respuesta federal han generado un clima de tensión palpable.
Las carreteras siguen tomadas, las maquilas reducen producción transportistas y productores sostienen los cierres ante la falta de diálogo, trabajadores pierden ingresos, familias están desesperadas. Y los ánimos se calientan.
“Esto ya se salió de control. Lo que empezó como una protesta del campo ahora es un problema de todos. Si el gobierno no interviene con diálogo real, esto va a terminar mal”, advierte un empresario de Chihuahua.
Incluso entre autoridades estatales existe preocupación por la falta de sensibilidad federal. Algunos funcionarios locales reconocen, en privado, que la situación llegó a un punto crítico que podría derivar en enfrentamientos, saqueos o violencia si no se atiende de inmediato.
¿Qué sigue? Urgen soluciones, no discursos
El llamado de los manifestantes, trabajadores, transportistas y empresarios es el mismo: diálogo real, soluciones concretas y cese a las descalificaciones.
El problema del agua no es nuevo; es estructural y de largo plazo. La inseguridad no es percepción; es una realidad. El impacto económico no es menor; miles de familias están en riesgo de perder su ingreso semanal. Las empresas no exageran; no pueden operar bajo incertidumbre continua.
Chihuahua está en un punto de quiebre, “No queremos guerra, queremos respuestas”, resume un productor de Camargo.
Si no se actúa pronto, la crisis podría escalar más allá de los bloqueos, afectando no solo la economía regional, sino la estabilidad social de uno de los estados con mayor producción agroindustrial del país.
Ahora, la responsabilidad de evitar un estallido social recae en quienes tienen la capacidad de resolver: las autoridades federales.
0 Comentarios:
Dejar un Comentario