El modelo de economía mixta que se instrumentó en México entre los años que siguieron a la Revolución Mexicana y hasta la década de los setenta del siglo pasado tenía como uno de los pilares de su funcionamiento no solo que el gobierno dirigiera la actividad económica, sino que participara activamente como agente productivo, inversor, generador de empleos productivos. El diseño de la política monetaria a discreción del gobierno garantizaba a este una fuente de financiamiento en la impresión de dinero.
Así podía financiar a los sectores improductivos del gobierno (como la burocracia y el ejército, principalmente) y hasta la inversión pública. Sin embargo, esta fuente de ingresos significaba también enormes presiones inflacionarias con la consecuencia de las pérdidas para quienes poseían su riqueza en dinero. La imposición del modelo neoliberal en el mundo exigió renunciar a este tipo de financiamiento por parte de los gobiernos, exigió declarar la autonomía de los bancos centrales con el mandato principal de procurar la estabilidad del dinero, esto es, el control de la inflación. Se obligó así a los gobiernos a depender esencialmente de la capacidad recaudatoria que tenían y la cuestión de qué sectores de la sociedad pagarían el funcionamiento del gobierno.
En días pasados, la Cámara de Diputados recibió el paquete económico para el ejercicio fiscal 2023 que presenta el Gobierno Federal. El paquete en cuestión estima que el sector público percibirá 7.1 billones de pesos en 2023, esto es, 1.2 billones más que en 2022(9.9 por ciento). Los ingresos del sector público se componen de: a) los impuestos (65 por ciento), b) los ingresos del gobierno federal no tributarios (3.3 por ciento), c) ingresos de CFE y otros organismos (13.3 por ciento), y d) los ingresos petroleros (18.5 por ciento). ¿De dónde se prevé que provenga ese incremento de los ingresos tributarios? Sobre todo, de los ingresos tributarios que aumentarían en 0.67 billones de pesos, 56 por ciento del total del incremento estimado. El resto de los incrementos se distribuye en las otras tres fuentes de ingreso referidas arriba. Esta estructura de los ingresos fiscales es exactamente la misma que la que existía con los gobiernos anteriores. Un esquema altamente regresivo, en el que no pagan más los que perciben la mayor parte del producto social, sino las clases medias.
Diversas voces han denunciado que las cuentas que hizo el Gobierno federal y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), en particular, para dicho paquete se basan en supuestos sobre el comportamiento de las principales variables macroeconómicas más que optimistas, supuestos francamente infundados y muy lejanos a las opiniones de los expertos al respecto.
Se ha destacado que el carácter fantasioso de las cuentas se explica porque permite negociar la distribución del presupuesto, sobre la base de que lo que se reparte es un pastel más grande al real, lo que facilita la negociación en las cámaras que tendrán que aprobarlo.
Otra razón es que, habiéndose aprobado el presupuesto, mediante subejercicios y recortes, el presupuesto se puede adecuar a los intereses del presidente y su partido, intereses sobre todo de carácter electoral dado que el año que viene se disputa la gubernatura del Estado de México, el estado con la lista nominal más grande del país con casi 12 millones de electores.
Asimismo, que, mediante las cuentas fantásticas, se pretende presentar una imagen de una hacienda pública suficiente y sana que no requiere ningún cambio en la recaudación. La negativa rotunda del gobierno de la 4T a hacer una reforma fiscal que implique una política de verdadera redistribución del ingreso; es decir, que efectivamente sean los más ricos los que financien el gasto del gobierno y no los trabajadores a sueldo, las pequeñas y medianas empresas, es decir, la clase media, significa en la práctica protege los ingresos y la riqueza del sector más rico de nuestra sociedad. Una prueba más de que la consigna de primero los pobres es solo propaganda de la 4T y no un verdadero principio de gobierno.
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