Por todos los municipios del sur de Sonora se percibe desesperación al interior de los gobiernos municipales. Finanzas colapsadas o insostenibles a corto plazo. La gran mayoría arrastra deudas heredadas por cada administración saliente, ya sea por causas de corrupción y desfalco o por salir del apuro de pagar gasto corriente y hacer obra pública. Para el caso, se llega a la misma conclusión: las finanzas municipales son insostenibles. Es decir, que los ayuntamientos no logran cumplir sus obligaciones ni con ingresos propios, ni con ingresos extraordinarios del gobierno estatal o federal. Con la desaparición de los Ramos 23 y 33 a nivel federal, los municipios quedaron todavía más marginados en cuanto a recursos financieros.
En 2023 fueron 30 estados los que incrementaron su PIB. Es decir, se genera riqueza, pero no se distribuye de manera colectiva.
Esto trae como consecuencia dos problemas graves que, con el paso del tiempo, se vuelven gravísimos y difíciles de abatir. El primero deriva lógicamente de la incapacidad financiera, que arroja como resultado la incapacidad de dar servicios públicos de calidad a la población y, en ocasiones, simplemente no darlo. Es así como vemos, por ejemplo, colonias completas sin alumbrado público, sin ruta del carro recolector de basura, drenajes colapsados o mala calidad del agua potable. Respecto a la inversión de infraestructura de obras públicas como parques, centros comunitarios, campos deportivos, pavimentación de calles, etc., es tan imposible que hay comunidades y colonias que tienen más de 20 años esperando ser contempladas.
La segunda consecuencia deriva de buscar una salida al problema financiero. Ahogados en deudas y con la desesperación de hacer obras o rehabilitar los servicios públicos, los ayuntamientos optan por pedir dinero prestado. ¿A quién le piden prestado? Por supuesto, invariablemente recurren a los grandes capitales bancarios o bien a otras instituciones como Banobras (SHCP) que, para el caso, también cobra intereses. A nombre de toda la población, los ayuntamientos piden créditos a los banqueros a cambio de devolver el dinero más una jugosa comisión. Con estos préstamos, por lo general, lo que se hace es pagar obligaciones de gasto corriente, como son pago de nómina o aguinaldos, y con muy poca frecuencia alcanza para financiar obras públicas o mejorar los servicios públicos. Lo malo de este recurso es que, a largo plazo, los ayuntamientos quedan endeudados con los bancos y los pocos recursos que llegan a las arcas municipales ya están comprometidos para pagar los créditos.
Sin excepción alguna, quienes terminan pagando las consecuencias son los trabajadores pobres que conforman las colonias y comunidades más golpeadas por este problema. Otro problema todavía más grande son los bajos salarios que se le pagan a la clase trabajadora, ingresos (si es que los tienen) que son tan insuficientes que no alcanzan para cubrir la canasta básica de alimentos y mucho menos para pagar los servicios públicos. Por ejemplo, todos los municipios del sur de Sonora tienen cifras millonarias en cuanto a deudas por pago de agua potable: Cajeme $2,095 mdp, Navojoa $400 mdp, Huatabampo $75 mdp, Benito Juárez $53 mdp, Etchojoa $55 mdp. Ningún municipio puede sostener el funcionamiento del organismo operador del agua, porque, básicamente, la gente no paga las cuotas y esto porque no le alcanza el dinero.
Este problema es estructural. Es decir, no solo pasa a escala municipal, lo mismo pasa con los estados (Sonora ocupa el 8º lugar nacional de deuda pública con $29,755 mdp), con la federación y a nivel planetario. Es decir, en otras palabras, el problema tiene que ver con el modelo económico que asfixia a las mayorías para beneficio de la minoría. También influyen las políticas públicas económicas y sociales que hasta la fecha no han logrado combatir la desigualdad entre clases sociales, sino que las profundizan o las mantienen. La actual administración en el poder sigue sin querer discutir el tema de la necesidad de una reforma fiscal progresiva. Con las finanzas públicas insostenibles y con una baja recaudación fiscal (en México es del 16% mientras en la región el promedio es de 23%), además de los bajos salarios de los trabajadores, la única salida es el incremento de impuestos a los multimillonarios.
¿Es posible esta medida política? Por supuesto que sí. Además, el partido político en el poder tiene las condiciones para llevarla a cabo con la mayoría parlamentaria en la Cámara de Senadores y Diputados, más la mayoría en los congresos estatales. No hacerlo es condenar a municipios y estados a seguir tronándose los dedos de la impotencia y a las ciudades a vivir eternamente en calles destruidas y a tener pésimos servicios públicos. Sin embargo, Morena no ha querido entrarle al tema. La historia los condenará.
Nuestro país es rico en recursos naturales y bueno para producir riqueza. De acuerdo con el INEGI, en 2023 fueron 30 estados los que incrementaron su PIB. Es decir, se genera riqueza, pero no se distribuye de manera colectiva. Por eso, México es un país de desigualdades, como el hecho de tener a uno de los hombres más ricos del mundo viviendo en un país con más del 60% de la población en situación de pobreza. Más que combatir este mal, Morena lo viene posponiendo y hasta encubriendo con programas sociales que no modifican en nada el actual estado de cosas. Le toca al Movimiento Antorchista preparar la verdadera transformación económica y política de nuestro país; de momento, nuestra tarea sigue siendo seguir organizando y educando políticamente al pueblo trabajador de México, al mismo tiempo que señalar el mal gobierno que prometió un cambio que sigue sin llegar.
0 Comentarios:
Dejar un Comentario