El gobernador morenista veracruzano, Cuitláhuac García Jiménez, es otro clarísimo ejemplo de políticos morenistas que no saben gobernar y que se han convertido en represores contra cualquier ciudadano que no esté de acuerdo con sus imposiciones o mal gobierno; Cuitláhuac ha seguido el ejemplo del presidente Andrés Manuel López Obrador y del gobernador poblano Miguel Barbosa. Los tres son demagogos, no atienden las necesidades del pueblo que los llevó al poder y usan el garrote para silenciar a quienes creen son sus enemigos y adversarios.
García Jiménez es un gobernante indolente e intolerante; es más, si se tuviera que echar un "quién es quién" con Miguel Barbosa quizá el primero obtenga la medalla de oro; se sabe que conforme han avanzado los meses y años en sus respectivos gobiernos, los mexicanos ya se dieron cuenta de la indiferencia e irresponsabilidad para ejercer el poder político en beneficio de la sociedad; la población ya comprende que la característica principal de gobernar esa zona del país es la represión y la persecución política.
Hace un par de semanas, el lunes 15 de noviembre, el gobernante veracruzano envió su tercer informe al Congreso estatal, y a decir de opiniones generalizadas, ahora con el manto oscuro de Morena, las cosas en el Estado siguen igual; los males y los problemas que sus antecesores dejaron son los mismos, solo cambiaron de responsable; el estado está endeudado, la inseguridad y la violencia es pan de todos los días con los homicidios y desapariciones; además de la soberbia oficial para gobernar que sigue alimentando la máquina de incrementar la pobreza y miseria sociales.
Al día siguiente en un acto en Tlacotalpan, muy al estilo del "Mesías de Palacio Nacional", arremetió contra los gobiernos neoliberales, a quienes los tildó de corruptos y de haber deteriorado los servicios y la infraestructura estatal. Pero a pesar de eso el contexto en que se da su informe número tres, la mitad de su administración, se han reportado más de seis mil homicidios según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública; incluso dentro de la entidad se ubica a Coatzacoalcos como una de las cinco ciudades más inseguras del país con una percepción de inseguridad del 89 por ciento hasta el mes de septiembre.
Varios actores políticos como diputados o senadores han referido que Cuitláhuac García no tiene experiencia para gobernar e incluso gente muy cercana a él y del mismo partido aseguran que “no administra ni su propia casa”; por tal razón, se cuestiona por qué en su Secretaría de Seguridad Pública se inflaron precios en la compra de patrullas; en educación se habla de empresas fantasma para remodelación de escuelas; en salud, la escasez de medicamentos se hizo presente y en obra pública ni se diga, en muchos pueblos y colonias ni una calle ha sido pavimentada.
En recientes días, sin pasar un mes después de su fallido tercer informe, la administración de Cuitláhuac García fabrica delitos contra el líder social antorchista, Samuel Aguirre Ochoa, de hecho, la oficina de prensa de la organización giró un comunicado oficial en la entidad. El vocero Andi Uriel Hernández, denunció que "hay un proceso penal contra el líder de la organización para encarcelarlo porque es un crítico del gobierno del morenista Cuitláhuac García"
Los hechos son sencillos de entender. Se ha hecho aparecer una denuncia penal interpuesta por una mujer de nombre María Nayeli González, persona que no se conoce y de la que no se ha oído hablar y nadie identifica, pero que ahí se ve la fabricación de un delito y que en realidad se trata de un acto de hostigamiento y burda represión en contra del antorchismo veracruzano.
Tras afirmar que Samuel Aguirre no ha cometido ningún delito, existe la alta posibilidad de que "se trate de un proceso penal inventado y de un expediente de investigación fabricado de manera artificiosa desde la Fiscalía General del Estado”, toda vez que el gobierno morenista se ha caracterizado por reprimir y acallar las voces opositoras y críticas hacia su gobierno y por utilizar la fuerza pública en contra la de las manifestaciones pacíficas.
En Veracruz la represión política ya se está haciendo costumbre y parece que ese será el estilo para gobernar la segunda mitad del gobierno. En la entidad se han dado procesos judiciales y encarcelamientos de políticos de oposición y líderes gremiales, quejas de periodistas que han recibido amenazas, alcaldes opositores hostigados, el uso del delito de ultrajes a la autoridad para abrir procesos penales contra ciudadanos indefensos y el reciente caso de Tito Delfín, aspirante a la dirigencia del PAN en la entidad, detenido el fin de semana al concluir un mitin y al que los policías no le mostraron ninguna orden de aprehensión.
La organización política Movimiento Antorchista, grupo social identificado como el más grande en el estado, también ha denunciado que varios de sus integrantes han sido víctimas de esta política represiva del gobierno estatal, con campañas de terror a través de llamadas telefónicas amenazantes contra varios líderes y jóvenes de los grupos culturales y deportivos, luego de una serie de manifestaciones pacíficas y denuncias mediáticas por la falta de apoyo a la población vulnerable durante el inicio de la pandemia.
La escalada represiva se "había detenido" tras el intento fracasado de la detención de Samuel Aguirre al concluir una manifestación pacífica, así como diversas carpetas de investigación abiertas en su contra, de las que pudo librarse gracias a la denuncia mediática, protesta pública y oportuna defensa legal; este es el contexto en el que llega la reciente “denuncia penal” al líder, uno de los principales críticos del gobierno morenista y que representa al menos 100 mil antorchistas en Veracruz.
El gobierno de Cuitláhuac sigue destruyendo la entidad. Entre el segundo y el tercer trimestre de 2021, Veracruz fue uno de los tres estados con el mayor aumento en la pobreza laboral, las otras dos fueron Sinaloa y Chiapas. Más de 50 mil empresas en Veracruz cerraron por pandemia según la Secretaría de Desarrollo Económico y Portuario, quien además, aseguró su titular Enrique Nachón García, por cada 100 pesos que le asignan de presupuesto, 60 se gastan en burocracia, ¡vaya, vaya! Por otro lado se sabe que en cuanto a los mayores porcentajes de pobreza en la población de Primera Infancia se identifica a cinco entidades entre las que está Veracruz con un 69.3% además de Chiapas (83.6%), Guerrero (75.6%), Oaxaca (70.6%), Puebla (69.6%) y Veracruz (69.3%).
El gobernante morenista no debería seguir actuando con intimidaciones, amenazas o represión política; y menos debería hacerlo con una organización social cuyos dirigentes sociales jamás han cometido ni cometerán algún delito. Si el morenista Cuitláhuac García decide atropellar los derechos humanos de los veracruzanos y se atreve a continuar con su represión hacia Samuel Aguirre, sin duda alguna, pronto tendrá como respuesta la movilización de miles de campesinos, colonos, obreros, estudiantes, profesionistas, amas de casa y todo pueblo veracruzano, que podría salir a las calles a defenderse y defender a sus verdaderos líderes sociales y no a falsos y redentores gobernantes que solo llevan dolor y más penurias a miles de familias. Pero, además, la denuncia social de que en Veracruz gobierna un dictador, podría rebasar las fronteras locales y llegar a las 32 entidades. Por el momento, querido lector, es todo.
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