En la semana que termina, en la agenda pública y mediática se sigue hablando sobre el desacuerdo que se vive al interior de la legislatura local, que protagonizan, por un lado, los diputados oficialistas de Morena, PES y el Verde, y por el otro bando, los de partidos de oposición PRI-AN-PRD y otros, que, al no poder resolver sus diferencias ocasionadas por actividades legislativas, por intereses de grupo y por temas personales, estarían afectando hasta económicamente a al menos 280 trabajadores del Poder Legislativo.
La solicitud de retención de recursos al Poder Legislativo local fue dirigida a la Secretaría de Finanzas por la fracción oficial, como una manera de presionar a la oposición para que respete los acuerdos que tenían. Esta es la primera vez que sabemos del uso de esta estrategia para conciliar los asuntos legislativos.
Trascendió que el motivo principal de la medida fue porque le quitaron al diputado Armando Delgadillo Ruvalcaba la presidencia del Órgano de Administración y Finanzas (OAF), hoy en manos de la expriista Priscila Benítez, pero quien hace unas semanas abandonó a Morena y se unió a Nueva Alianza.
Así que los del bloque oficial plantean que, mientras se resuelve el juicio que interpusieron ante el Tribunal de Justicia Electoral de Zacatecas (Trijez) para que le devuelvan la OAF al morenista, que no haya dinero para el pago de los trabajadores, sin considerar que con ello violan los derechos laborales y actúan en total incongruencia respecto de la tarea principal que los llevó a la representación popular para ejercer la función de crear leyes que den protección a los zacatecanos. Claro que defienden su iniciativa afirmando que esto es para evitar desfalcos, malversación y triangulación de los recursos de su otrora compañera Priscila Benítez.
Otro tema que se desarrolló de manera paralela fue el de las herramientas legislativas, que finalmente el gobernador David Monreal decidió vetar, cuando realmente ya no tenía otra salida. El tema fue bien aprovechado para posicionarse en la opinión de los zacatecanos, dado que de aprobarse significaba que cada uno de los 30 diputados locales obtuvieran 200 mil pesos para ayudar a las personas que acuden a sus cubículos con la esperanza de que sus representantes les brinden apoyo para diversos problemas que se padecen en la zona urbana y de las comunidades del estado.
Sin embargo, saliendo de las paredes de la legislatura, suceden múltiples problemas que nada ni nadie ha podido controlar. En las calles de la capital, y no se diga de los 58 municipios de Zacatecas, reina el desconcierto y miedo ante la inseguridad de la que nadie está exento, por lo que en los últimos meses de la refriega ha obligado a quienes han perdido algún familiar a salir a las plazas públicas con lonas y cartulinas a exigir justicia para las víctimas de la delincuencia.
Mientras esto pasa en la ciudad, la tranquilidad que antes se vivía en las comunidades ya no volverá por el momento, puesto que, en Valparaíso, Jerez y Fresnillo, las familias han tenido que abandonarlo todo para huir a un sitio más seguro, que en la mayoría de los casos son las cabeceras municipales, pero en las ciudades tampoco hay garantía de seguridad y paz para nadie.
Y así es como vemos tantos problemas en Zacatecas, y en el Poder Legislativo, que debería sumarse a procurar disminuir el encono social y garantizar al menos la tranquilidad económica de sus compañeros de recinto, hoy se encuentran extraviados en problemas domésticos, cuando sus representados quisiéramos paz y empleo para sacar adelante a nuestras familias y no ser espectadores de pleitos insustanciales por la incapacidad de llegar a acuerdos.
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