Escuchamos a través de todos los medios de comunicación y de los mecanismos que tienen tanto el gobierno en turno como los distintos partidos políticos, “que los mexicanos vivimos en una auténtica democracia”; incluso se atreven a criticar y hacer campañas contra gobiernos de otras naciones que no son afines a la ideología e intereses de las “democracias occidentales”. Se nos dice que somos los ciudadanos quienes “elegimos” a nuestros gobernantes, y se machaca tanta esa idea, que muchos la consideran incuestionable; igualmente, el manejo pernicioso de que el “voto es secreto”, que no obstante en términos legales así es o debe ser, aunque en términos prácticos se usa, por una parte, para dispersar el voto, es decir, evitar que una comunidad o población adopten una posición gremial y hagan valer su número como una fuerza electoral y, por otro, para mantener la enajenación y la ilusión en la mente del ciudadano de que él tiene poder de decisión.

Lo cierto es que el poder de elegir debería librarse entre ciudadanos con las mismas capacidades materiales, económicas y, al menos, con nivel de estudios medio, porque de otra manera, así como funciona actualmente, la inmensa mayoría de los mexicanos decide su voto de acuerdo con la capacidad de compra que tienen los partidos y los candidatos; a muchos su pobreza los lleva a vender su voto, a otros su enajenación y/o manipulación del propio sistema social que subyuga y envuelve con sus tentáculos, y que no les permite discernir correctamente, pues carecen de los elementos y la información, y se les distorsiona la lógica; además, súmese a ello   fobias y la poca educación política en muchos mexicanos. Así que, si las circunstancias de los ciudadanos para ejercer su derecho a elegir democráticamente a sus gobernantes no son al menos similares, no se puede hablar de democracia verdadera.

Pero, además, en México, como en muchas naciones del mundo, tenemos un sistema de partidos, un gobierno de partidos, no un gobierno ciudadano; partidos tras los cuales se ocultan diferentes sectores de la clase dominante. Y el gobierno de partidos, es, igualmente, una democracia aparente, pues en los hechos niega la libre concurrencia de todos los individuos, del pueblo, a participar libre y abiertamente en la elección de hombres y mujeres que deberán gobernar; se conculca el derecho a decidir e influir en las decisiones fundamentales que darán rumbo al nuevo gobierno y a la orientación del gasto público, para buscar el desarrollo y bienestar de toda la población.

Los partidos deciden y, generalmente, no muy democráticamente, quiénes serán los candidatos que contenderán en su representación (esto en la superficie; en el fondo, de su clase o sector de clase): después de elegido el candidato arrancan las campañas para posicionarlo y para lograrlo, obviamente, se le muestra con la mejor sonrisa y se le presenta ante el posible votante con todas las virtudes que un hombre puede reunir en su persona. Y si, por ejemplo, son 10 partidos, 10 contendientes tendremos, si son tres coaliciones, entonces, la oferta o menú que se nos presenta será de tres. Por lo tanto, vale la pregunta: ¿a esta forma de elegir gobernante, se le puede llamar democracia? ¡Claro que no! Solamente es el mecanismo de elegir a quién le tocará ahora el turno de prometer y luego negar lo prometido, es el permiso para darse un nuevo patrón y dueño del erario.

El ingeniero Aquiles Córdova Morán se ha referido al tema en los siguientes términos: “Los partidos, en cambio, se reservan para sí todas las actividades que tienen que ver con la organización y funcionamiento del Estado, con la forma de gobierno que dicho Estado debe tener, con la estructura e integración del mismo, con los servicios y actividades que debe prestar y desempeñar, con la reglamentación de todos los aspectos fundamentales de la vida de los ciudadanos y, ante todo y sobre todo, el derecho a disputar el poder político de la nación y a proponer candidatos para ocupar todos, absolutamente todos, los llamados “puestos de elección popular”. En estricto sentido, los funcionarios de una democracia occidental no salen del seno de toda la sociedad ni el programa de gobierno que enarbolan expresa las aspiraciones y demandas de la misma. Los elige su partido, y su plan de trabajo sintetiza la ideología y los intereses de los militantes de éste. Consecuentemente, el gobierno conformado por ellos no representa a la sociedad en su conjunto sino al partido que los llevó al poder. De ahí el nombre de partidocracia” (ACM).

Y, hoy, cuando las condiciones económicas, políticas y sociales de la población están cada día peor; cuando más angustia y desesperación existe en millones de familias por la falta de empleo, por la crisis de salud agudizada por la pandemia del  Covid-19; cuando no hay alimento en la mesa de alrededor de 30 millones de mexicanos (el 22.6 por ciento de la población vive en pobreza alimentaria), tenemos a gobernantes emanados de los distintos partidos políticos acosando al pueblo, negándole sus derechos elementales, como a la vida misma, la salud, empleo, los servicios básicos, educación; hacen de lo que debería ser un verdadero arte y ciencia, el gobernar, en algunos casos una comedia y en otros una verdadera tragedia.

Niegan, al mismo tiempo, los derechos ciudadanos a la petición y a la libre organización. Después de que se han arrogado el derecho de “gobernar” y que lo han legitimado a través del voto, se niegan a atender a los ciudadanos en general, pero en particular a las organizaciones sociales, porque consideran que no son “afines” a su partido y, por lo tanto, políticamente hablando, “nada ganarán” resolviendo sus demandas, aunque estas sean de elemental justicia social; o bien porque consideran que se les falta al respeto a su investidura y su poder, o bien porque “ven” que detrás de las peticiones está “escondido” el intereses de buscar y conquistar el poder político que por años su partido o grupo han ostentado. En fin, considero que el pueblo, a través de una auténtica organización de todos los mexicanos debemos porfiar por una verdadera democracia y por gobernar dignamente esta sufrida y atropellada nación. Debemos adquirir conciencia de que nuestro voto es un arma poderosa en defensa de los intereses colectivos, siempre y cuando sepamos utilizarla con inteligencia, y esto quiere decir, unidos, no aislados, vendiendo votos a quien ofrezca unos pesos o limosnas por ellos. La unidad popular en defensa de sus más sentidos intereses colectivos, debe hacerse sentir en las elecciones. Ello nos permitirá llevar progreso a pueblos y colonias marginadas, hasta hoy en el abandono.