El artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dice que “toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil; al efecto, se promoverán la creación de empleos y la organización social de trabajo, conforme a la ley”. Esto implica que, un trabajador tiene derecho a la estabilidad en el empleo, vacaciones, salario, aguinaldo y condiciones laborales óptimas.
Inicio con énfasis de lo que la constitución porque actualmente el gobierno de la república, encabezado por el presidente, Andrés Manuel López Obrador, no garantiza el derecho al trabajo digno, y a raíz de la pandemia por covid-19, las decisiones gubernamentales han incrementado el desempleo.
En diciembre de 2021, publicó la revista Forbes, se registró un aumento de 0.8 por ciento en la informalidad laboral; es decir, 32.2 millones de personas estuvieron en dicha situación. Según datos del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (Inegi) la Tasa de Informalidad Laboral fue de 56.5 por ciento de la población ocupada en diciembre de 2021, lo que representa, ya dijimos, 0.8 puntos más que la registrada un año antes.
Lo anterior quiere decir que 32 millones 165 mil 765 de personas estuvieron en situación de informalidad, que es cuando son laboralmente vulnerables; de ellos, 19 millones 499 mil 022 son hombres y 12 millones 666 mil 743 son mujeres. Mientras, a nivel nacional, la población desocupada se situó en 2.1 millones de personas en diciembre de 2021.
Debido a la grave situación de desempleo, se ha generado un alarmante aumento del comercio ambulante, de limpiaparabrisas en cada semáforo, incluso personas en aparente condición de mendicidad. Todo esto es consecuencia de la mala administración de los recursos públicos federales y de las políticas de gobierno de López Obrador, quien no instrumentó un plan económico ni para ayudar a las pequeñas empresas ni a las familias con mínimos apoyos alimentarios.
En el municipio de Ixtapaluca, en el Estado de México, también hay aumento del comercio informal, pero lastimosamente una vez más el Gobierno municipal le miente al pueblo. A principios de este año, comerciantes de diversas comunidades acudieron al Ayuntamiento que encabeza el morenista Felipe Arvizu, pero el personal en turno solo respondió: “la administración pasada se llevó sellos y papelería; por eso no podemos dar respuesta de los permisos, hay que esperar unos días”.
Pero eso no es cierto, pues todos sabemos que cada administración municipal debe generar sus propios sellos, con logo y fechas actualizadas. Es el mismo caso de la papelería, de las hojas membretadas que deben llevar el logotipo de la administración actual yla leyenda que corresponde al año en curso.
No obstante, personal de la Dirección de Comercio semanalmente exige el pago de cuotas a los vendedores que van de 50 a 80 pesos, dependiendo el giro; además, los amenazan en torno a que si no pagan serán despojados de sus mercancías, lo que es una arbitrariedad más de la administración.
Los comerciantes ambulantes exigen que el alcalde Felipe Arvizu ponga manos a la obra y dé solución al problema de las cuotas que deben aportar. Es más, recuerdan que en administraciones anteriores el pago era anual y que durante la pandemia firmaban convenios con la Dirección de Comercio debido a las pocas ventas que tenían. Los micro y pequeños comerciantes necesitan de acciones de apoyo de la presidencia municipal; no se niegan a pagar sus cuotas, pero exigen un pago justo.
Es necesario cambiar el modelo económico imperante, por uno donde haya empleos formales para todos, que estén bien pagados, además de que haya pago de impuestos justos (que paguen más los monopolios capitalistas); que haya reparto equitativo de la riqueza y que se aplique en salud, educación, cultura, deporte, obra pública. Para lograr esta revolución, el pueblo debe organizarse y tener unidad de acción así logrará el control y la corrección del rumbo de nuestro país.
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