Muchos de los problemas que tenemos en nuestro país encuentran su origen en la desigualdad, misma que tiene consecuencias económicas, políticas y sociales. Hasta hace unas décadas no era un tema en boga a tal punto de que no se consideraba necesario usar el término, ahora ocupa los principales debates de académicos, organismos internacionales y organizaciones no gubernamentales; a tal grado que está de “moda” hablar de desigualdad.
El Fondo Monetario Internacional (FMI) identificó como políticas que generan desigualdad el cambio tecnológico, la globalización comercial, la globalización financiera, la profundización financiera, la pérdida de instituciones en el mercado laboral, las políticas fiscales regresivas y la educación. Los efectos de estas medidas dependen del tipo de país, esto es, de si es un país desarrollado o uno en vías de desarrollo. Por ejemplo, la profundización financiera afecta a países en vías de desarrollo; en cambio, la globalización comercial y el cambio tecnológico afecta a los países desarrollados.
México es un país en desarrollo que se ha beneficiado de algunas dinámicas que han generado desigualdad en el mundo. Algunos atribuyen a la globalización comercial la destrucción de fuentes de trabajo en países desarrollados, a costa de llevarlos a países como el nuestro. Esto significó nuevas fuentes de trabajo, tanto directas como indirectas; sin embargo, la apertura financiera, llevó consigo la pérdida de instituciones del mercado laboral, políticas regresivas que nos han perjudicado.
Un fenómeno curioso que identifica el FMI, respecto a la pérdida de instituciones del mercado laboral, es la combinación de incentivos para la informalidad en los países desarrollados. Explica que, debido a la rigidez en la contratación, despido y protección laboral, y a la falta de políticas de protección a los ingresos, se incentiva la informalidad, lo que ocasiona más desigualdad. De especial relevancia es este problema, en México la informalidad concentra al 56.2% de los trabajadores, pero sin que se haya sido incentivada.
Para el FMI, uno de los principales asesores de los países en desarrollo (y que no terminan de salir de esa categoría) los problemas que genera la desigualdad son los problemas económicos: inmovilidad intergeneracional, excesivo endeudamiento, reducción de la demanda agregada, crecimiento económico inestable, políticas públicas ralentizadoras, baja reducción de pobreza y baja productividad. Además, muchos de estos problemas económicos determinan, en gran medida, los problemas políticos y sociales. Ello explica que los temas principales en las elecciones para presidente de la república, la elección con mayor participación ciudadana, sean el crecimiento económico, empleo, pobreza, seguridad y corrupción.
Las políticas que se recomiendan para hacer frente a este problema dependen de la situación de cada país. Las que deberíamos aplicar a México serían política fiscal redistributiva, educación, inclusión financiera, políticas en el mercado laboral, incentivos para la formalidad, políticas complementarias de equidad y crecimiento.
Aunque el FMI recomienda varias soluciones en México no las podamos realizar (lobbying en desregulación, baja sindicalización, baja participación política, más influencia de las élites, entre otras).
La actual administración, a pesar de presentarse como un gobierno progresista, también cae en el viraje a la derecha por parte de partidos de izquierda. En primer lugar, el presidente, como compromiso de campaña, renunció al aumento de impuestos, por lo que la recaudación seguirá con estilo regresivo. Haber prometido no elevar los impuestos no significó dejarlos como estaban, pues se emitió un Decreto de estímulos fiscales para la Frontera Norte.
Por otro lado, como resultado de la baja participación política, el gasto se ha focalizado mayoritariamente en los proyectos prioritarios del sexenio, lo que perjudicó muchas de las redes de bienestar que existían: guarderías, comedores comunitarios, Prospera, etc. Y el gasto en salud continúa siendo deficiente todavía, pues se encuentra tres puntos abajo del promedio de la OCDE.
En educación, además de cancelar los proyectos de infraestructura, también cancelaron el Instituto Nacional de Evaluación Educativa, organismo autónomo, argumentando que castigaba a los maestros de forma injusta. Es cierto que las mismas condiciones materiales determinan el desempeño de los maestros, pero la solución de fondo era fortalecer la formación del magisterio, no desaparecer un órgano autónomo que transparentaba la calidad de la educación. Es bien conocida la alianza del presidente con los sindicatos del sistema educativo, quienes se benefician de la opacidad de la evaluación y el otorgamiento discrecional de plazas, en un claro ejemplo de búsqueda de rentas.
Sobre las políticas de mercado laboral, principalmente se enfocó en las becas de Jóvenes Construyendo el Futuro y el incremento al salario mínimo (que sólo afectó a menos del 1% de la población ocupada, que equivale a 3.4 millones de trabajadores). Además, los principales indicadores salariales, como el salario medio de los trabajadores afiliados al IMSS no reportaron una mejora sustancial. En general, no se ven medidas para la búsqueda de empleo, protección de trabajadores, ni aumento de beneficios laborales.
Los incentivos para disminuir la informalidad no se atienden ni mejoran los servicios públicos, ni la estabilidad del ingreso o las reglas de contratación. La visión de crecimiento de López Obrador descansa en la pequeña propiedad en el campo y en la creación de empleos de baja productividad en el sector servicios (Tren Maya). Así, se entiende que no se impulse el aumento de la productividad y la expansión de los sectores modernos de la economía.
El actual gobierno, a pesar de recoger esta problemática en el discurso, en los hechos, no recoge ninguna de las políticas que han demostrado ser eficientes en otros países similares al nuestro, pues se encuentra atado de manos por sus compromisos políticos o inclinaciones ideológicas.
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