En otras ocasiones, me he referido a las múltiples dificultades que enfrenta la gente ordinariamente para materializar los derechos contenidos en la ley.
Pareciera que estamos solo ante "derechos de papel", que aunque tácitamente expresan la obligación de distintas instancias gubernamentales para hacerlos efectivos o hablan de mecanismos y medios para cumplir tales derechos, la realidad contrasta con lo contenido en la Constitución.
El derecho a la vivienda existe en la ley, pero su materialización sigue siendo un sueño distante para muchos.
Es el caso del derecho a la educación. En el artículo tercero se habla de que es obligatoria, pero los padres tienen que hacerse cargo de adquirir uniformes o pagar las famosas cuotas voluntarias, de tal manera que no hay gratuidad; y la obligatoriedad es de dicho, pues como puede constatar cualquiera, no es posible hacerlo efectivo.
Lo mismo acontece con el artículo 123, que trata de los derechos laborales y de la garantía de un empleo seguro y bien remunerado, pero aunque la Población Económicamente Activa (PEA) ronda los 60 millones de mexicanos, lo cierto es que muchos se encuentran en el subempleo, es decir, en el comercio ambulante o bien empleados por temporadas u horas al día.
Así podría seguir con una larga enumeración, pero basta con los casos citados para demostrar la incongruencia. Quiero acudir a un fragmento del artículo 4 que citaré puntualmente: "Toda persona tiene derecho a disfrutar de una vivienda digna y decorosa. La ley establecerá los instrumentos y apoyos necesarios a fin de alcanzar tal objetivo".
Muy bien el apartado de nuestra Carta Magna, pero saltan varias interrogantes: ¿si es un derecho, qué mecanismo existe para hacerlo válido? ¿Cuánto cuesta adquirir un terreno? ¿Puede un obrero con su salario adquirir materiales para edificar una casa?
¿Cuántos años le lleva a una familia de trabajadores construir su casa? ¿Realmente los créditos de interés social son benéficos para las familias, o solo atan de por vida a una deuda? ¿Es un accidente de la vida que no se pueda materializar este derecho? ¿No será que la vivienda está sujeta a las leyes del mercado de la sociedad actual?
Desde hace muchos años, conscientes de todas esas dificultades, asumiendo tareas que deberían procurar cumplir quienes desempeñan funciones públicas, los antorchistas hemos encabezado con determinación la necesidad de muchas familias en toda la patria.
Así se han formado varias colonias populares como en Guadalupe: La Antorcha, la Jorge Obispo o La Campesina; o en Valparaíso: la Unidad Antorchista; también en Jalpa: la Manuel Hernández Pasión, Tlacaélel o La Antorcha, y así podría seguir con una larga lista resultado del trabajo del pueblo organizado.
En Fresnillo también hay importantes esfuerzos en ese sentido. Más de 300 familias carentes de una vivienda digna, encabezadas por el Ing. Guillermo Guerrero Viramontes, han promovido la formación del fraccionamiento Arte Mexicano en dos etapas: desde la gestión de los primeros lotes, incluyendo los servicios básicos, hasta la solicitud de nuevas familias de adquirir un pedacito de México, toda una odisea como la vivida por Ulises en su regreso a Ítaca.
Tan valioso esfuerzo hoy se ve amenazado porque, intempestivamente, han acudido representantes de la Fiscalía a buscar al Ing. Guerrero Viramontes como presunto "imputado", por encabezar la gestoría de una vivienda digna. Lo dicho: el derecho a la vivienda está en el papel, pero en la práctica no se puede materializar, y quien se atreve a ponerse al frente de los menesterosos se convierte en víctima de todo el peso de la ley.
Estando así las cosas, quiero a través de este medio convocar a los antorchistas del estado a manifestar su solidaridad ante cualquier agravio que sufran nuestros compañeros de Fresnillo, y en caso de ser necesario, estar dispuestos a acudir masivamente en su apoyo, pues nuestra lucha por la justicia social debe continuar sorteando cualquier dificultad, unidos como un solo hombre.
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