Como hemos dicho antes, en una sociedad como la nuestra, el mejor negocio es la política, por mucho que los políticos de todos los partidos insistan que buscan el poder para servir al pueblo, haciendo énfasis sobre los más pobres y necesitados. 

Sin exagerar, podemos contar por miles los discursos en los que el presidente de la república Andrés Manuel López Obrador ha dicho que el principal objetivo de su gobierno es acabar con la corrupción, y para ello entrega las obras y apoyos económicos de programas de pensión a los adultos mayores, jóvenes construyendo el futuro, jóvenes escribiendo el futuro, sembrando vida, apoyo para las niñas y niños hijos de madres trabajadoras, fertilizantes para los campesinos, crédito ganadero a la palabra, etcétera.   

“Los apoyos de los programas sociales no se van a entregar a ninguna organización social, de la sociedad civil o no gubernamentales, no se van a transferir recursos en beneficio de la gente a través de intermediarios. Todo va a ser directo de la tesorería de la Federación al beneficiario, porque es parte de los cambios que se están llevando a cabo en la Cuarta Transformación de la vida pública”, insiste, sin importar que, en los casi cuatro años del gobierno federal, está documentado que el combate a la corrupción no sólo no ha disminuido, sino que se ha multiplicado.

De acuerdo con un análisis realizado por la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), a partir de los reportes de la plataforma Compranet, en 2021 se asignaron por la vía de adjudicación directa 126,766 contratos, que representan 80.3%; 16,235 que implican 10.3% mediante licitación pública, y 9,692, el 6.1% por licitación restringida. Además, según un reciente comunicado de la OCDE, México sigue siendo el país peor evaluado de sus integrantes, al ocupar el lugar 37 de 37 países que lo integran.

Todos los apoyos que son entregados de manera directa, en realidad son entregados por los llamados “Siervos de la Nación”, en representación de Morena, por los gobernadores, Senadores, Diputados, Alcaldes y demás servidores del morenismo. Y exactamente como sucede a nivel federal ocurre en los estados. Ninguna entidad escapa a las prácticas monopólicas, violando flagrantemente lo establecido por la constitución política de nuestro país, en sus artículos octavo y noveno. Querétaro, gobernado por el panismo desde hace varios sexenios, desde luego, no es la excepción a esas prácticas, y todo aquel ciudadano u organización que exija respeto y solución a las necesidades de la población, es inmediatamente calificado de rebelde, y si se puede, severamente castigado.

Absolutamente todas las obras y programas sin excepción, son entregadas por los panistas a los militantes o simpatizantes de su partido con fines electorales. Programas de material para vivienda, tinacos (sin agua obviamente, porque esa ya la privatizaron), apoyos alimentarios, becas y tablets a estudiantes, tarjetas rosas para mujeres en estado de vulnerabilidad, que obviamente da a conocer cuando los programas ya se cerraron, además de contratos de agua potable, para intentar congraciarse con la población que carece de este importante servicio, considerado como un derecho humano, mientras se otorgan concesiones a políticos y empresarios de inmobiliarias.

Pese a reconocer la problemática de la carencia de agua potable en las comunidades del  municipio de Cadereyta de Montes, el gobierno estatal rechazó la representación de Antorcha Campesina en el asunto, y exactamente igual que el gobierno de la Cuarta Transformación, afirma que se hará de manera directa para garantizar el suministro de este vital líquido para las familias que actualmente habitan en zonas de difícil acceso, y en lugar de resolver la problemática de manera responsable, con gran cinismo, acusan al Movimiento Antorchista, a través de “reconocidos e importantísimos medios de informativos” de usar a campesinos deshidratados, malcomidos y con manchas en la piel a asistir a protestar en Plaza de Armas.

Si a quienes publican semejantes bobadas, les preocupa la situación de pobreza y miseria en que viven los queretanos deshidratados que llevan más de cien días tratando de convencer a las autoridades de sus derechos, ¿por qué no responsabilizan a las autoridades? El asunto es sencillo.