Irónicamente la consulta para la revocación de mandato coincidió con la fecha en la que se cumplen 103 años del asesinato de Emiliano Zapata, impulsor de luchas sociales y defensor de la propiedad comunal de la tierra, así como de la justicia social, la libertad y la igualdad.
La revocación de mandato no tiene absolutamente nada de un ejercicio democrático, más bien es una imposición y mandato de Estado para que el presidente recupere la popularidad que ha perdida, como resultado de una errática administración.
Para empezar, hay una contradicción entre lo que dice la ley de revocación de mandato y la actuación del partido Morena y del propio presidente de la Republica. En el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 14 de septiembre de 2021, en el artículo 7 dice que “el proceso de revocación de mandato solamente procederá a petición de las personas ciudadanas, en un número equivalente, al menos, al tres por ciento de las inscritas en la lista nominal de electores, siempre y cuando la solicitud corresponda a por lo menos de diecisiete entidades federativas y que representen, como mínimo, el tres por ciento de la lista nominal de electores en cada una de ellas”.
En la práctica, López Obrador y Morena fueron los promotores de la consulta y usaron los recursos públicos para financiarla. Desde el presidente, hasta diputados, senadores, gobernadores la promocionaron falsamente como un recurso de participación ciudadana, y echaron mano de los programas de transferencia monetaria directa para condicionar a los beneficiarios a que asistan a las casillas para el próximo domingo, con la amenaza de que si quitan a AMLO perderán el apoyo que están recibiendo.
Siempre han existido este tipo de prácticas en elecciones pasadas, pero los actores cuidaban las apariencias, eran más discretos en el desvió de recursos públicos, pero ahora, en la época de la 4T, definitivamente perdieron todo tipo de pudor, se quitaron las máscaras. El presidente puso en marcha una operación de Estado disfrazada de un ejercicio ciudadano, para justificar que la revocación la solicitó y promovió él mismo; no son los ciudadanos quienes la convocaron.
De esta forma, al presidente no le importó gastar miles de millones de pesos para cumplir un capricho y de paso preparar el terreno para asestarle un golpe mortal al Instituto Nacional Electoral (INE) y quedarse con el control de este organismo independiente. En este juego, los gobernadores y gobernadoras de Morena tienen luz verde para echar mano del presupuesto y desviar recursos públicos para garantizar que los ciudadanos asistieran a depositar el apoyo a AMLO.
Existen elementos sobrados para decir que fue una revocación de mandato de Estado y no de los ciudadanos.
Morena se adueñó prácticamente de las 57 mil 517 casillas que se instalarán en todo el país en las que registró el 110 por ciento de las representaciones que le corresponden como partido, sumando todas estas anomalías. No hay duda de que este proceso de revocación es un autentica farsa, es una estrategia del presidente para ganar adeptos y recuperar la popularidad perdida en los tres años de su gobierno y, por consiguiente, es una violación descarada a la ley.
Ojalá y el pueblo de México se dé cuenta de esta nueva burla del que es objeto por parte del gobierno morenista, y se prepare para 2024 para terminar con este gobierno que está destruyendo al país, con un gobierno de ocurrencias y no de soluciones.
Sí, efectivamente, el pueblo pone y el pueblo quita, pero todo a su momento, solo el pueblo organizado y educado políticamente puede hacer grandes transformaciones, hay que prepáranos para el proceso electoral de 2024
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