La llamada tercera ola de covid-19 ha provocado que lugares como Magdalena Tequisistlán, Jalapa del Marqués, Tehuantepec y Salina Cruz, presenten cuadros de horror, con hospitales llenos y pacientes atendidos en el patio de algunas casas. Oaxaca está al borde del colapso, la ocupación hospitalaria es ya del 65.8%, en la última semana hemos estado cerca de 500 contagios diarios, con lo que llegamos a 54 mil 881 casos positivos, 4 mis 145 decesos y 2 mil 454 activos, somos, además, el segundo estado con más menores de 5 años con 23 fallecidos por contagio de este virus y, como efecto colateral, los hospitales no aceptan a enfermos por otras causas, aunque éstas sean de gravedad.
Pero eso no es todo, se agrava el entorno social. En la capital, hemos presenciado en días pasados el desalojo de vendedores ambulantes del centro; manifestaciones de locatarios de varios mercados contra la creación del Centro Gastronómico que promueve el gobierno del Estado, que amenaza sus fuentes de trabajo; la petición de firmas de apoyo al comercio establecido que se siente en desventaja con el aumento del comercio ambulante, por lo que pide sea efectivo el mencionado desalojo; mítines de organizaciones de mezcaleros que denuncian la oposición de poderes en torno a este gremio, que niegan reconocimiento a sus líderes legítimamente elegidos; marchas y mítines de varias organizaciones sociales -en las cuales nos incluimos los antorchistas- que denuncian la falta de solución a demandas de obras y servicios elementales en sus comunidades y, a conflictos políticos y agrarios. Además de esto, bloqueos y conflictos en las regiones del Istmo, la Mixteca y la Costa.
Cierto que estos problemas no son nuevos, en su gran mayoría, han existido por la difícil situación política y social que genera la pobreza generalizada que azota desde siempre a Oaxaca. Pero ahora, en el contexto de la pandemia, se ha agudizado la pobreza, la gente se exaspera por la falta de atención médica, por falta de trabajo y, sobre todo, porque ante sus legítimas peticiones, el gobierno responde con el mismo menosprecio de siempre, acostumbrado a que los demandantes se conformaran siempre con promesas. Pero la realidad no acepta ya esa política dilatoria y negligente.
Esto se demuestra, con el hecho de que siguen activos conflictos alarmantes, como el de los desplazados de Tierra Blanca en Juxtlahuaca, cuyo regreso a su comunidad no se pudo concretar por oposición de grupos de poder de la zona; o el bloqueo de la autopista al Istmo por parte de los desplazados de Guadalupe Victoria pertenecientes a San Juan Juquila y el que se mantiene en la carretera transístmica por parte de los habitantes de San Juan Mazatlán, Mixes, cuyo último episodio es la retención de la diputada Yarit Tanos Cruz. En el primero, ante la indiferencia de las autoridades y las alteraciones que se provocaba a los habitantes la zona de Hacienda blanca donde se instaló el bloqueo, se dieron conatos de violencia entre supuestos habitantes y autoridades de la agencia a que pertenecen; en el caso del último de estos conflictos, de nueva cuenta, ante la indiferencia e inoperatividad de las autoridades, habitantes de comunidades cercanas, han empezado a bloquear a los bloqueadores, con peligro de futuras confrontaciones.
José Ponciano Arriaga Leija, destacado abogado liberal de la Reforma, decía en 1847 al promover la Ley de la Procuraduría de los Pobres: “Hay en medio de nuestra sociedad una clase desvalida, menesterosa, pobre y abandonada a sí misma…sobre esa clase recae por lo común no solamente el peso y rigor de las leyes, sino también, y esto es más terrible, la arbitrariedad e injusticia de muchas autoridades. ¿Qué recursos le presta la sociedad?”.
La Constitución de 1857, incluyó por primera vez, bajo el título de Garantías Individuales, los derechos fundamentales de los mexicanos, otorgando como herramienta de protección a éstos, el juicio de amparo, dejando al Poder Legislativo como el único ente habilitado para establecer los límites de la legislación secundaria frente a la Constitución. La Constitución de 1917, que actualmente nos rige, al momento de ser promulgada, no amplió el ámbito de protección del juicio de amparo ni creó otras instituciones o herramientas jurisdiccionales tendientes a salvaguardar la integridad constitucional de estos derechos.
Los liberales fueron conscientes de que la Constitución de 1857 no lograría la transformación política del país, la revolución social que ellos anhelaban; ante las limitaciones del juicio de amparo que quedaría al final de cuentas a merced de los gobernantes, nos brindaron el derecho a la organización, a la petición y a la manifestación, sabedores que el apabullante poder de las autoridades, sobrepasaba las posibilidades individuales de cada ciudadano humilde para defenderse. Por lo tanto, una vez que los alcances de su gran obra, fueron perdiendo su relativo carácter radical, esta revolucionaria arma, en manos de la oficialidad y con el desarrollo de las clases política y económica que se apoderaron del gobierno, se volvió un mecanismo de control, como lo demuestra el auge sindical y de las organizaciones en las etapas progresistas de nuestro país, degenerando en burdas plataformas de los políticos en turno para acceder a los puestos de poder, prostituyendo y rebajando la utilidad de este gran triunfo de la época de la Reforma, convertida en semillero de los gobernantes que han conducido a nuestro país hasta este punto, en el que la política es el hogar de la corrupción, el robo y la mentira.
Pero este resultado ¿demuestra que la organización de los ciudadanos no funciona? Culpan al mecanismo de los resultados, no hay ley o derecho constitucionales que deban juzgarse por sus resultados en abstracto, sino por quiénes se han servido de ellos y cómo lo han hecho. Ha fallado la organización porque las masas populares, nunca han tenido realmente acceso a la vida política, influyendo y decidiendo sobre la forma de defensa de sus intereses y necesidades, condenadas así, a la manipulación por parte de líderes al servicio de la oficialidad. No hay pues, ninguna ley, por perfecta y progresista que parezca, que pueda cambiar la situación real de las clases oprimidas, si ellas mismas no se convierten en una fuerza social. Falta que las capas populares la hagan suya, reivindicando sus fines y objetivos, forjándola en la lucha diaria hasta perfeccionarlas.
De esto se desprende, que ahora que por todos los medios posibles al servicio del Gobierno actual, se implementa una campaña de desprestigio contra la única herramienta con que contamos los pobres para nuestra defensa, pero sobre todo, para superar la etapa de crisis económica y social, debemos preguntarnos si la supuesta falta de necesidad de existencia de las organizaciones, se justifica con una profunda y radical mejora de las condiciones de vida de los mexicanos, solucionando sus carencias y necesidades más apremiantes, solución que haga innecesario que se organicen, puesto que sus necesidades han sido resueltas. De no ser así, habría que preguntarse: ¿por qué atenta contra el único mecanismo de defensa que les queda, quien con su proyecto de gobierno empeora la vida de los pobres? Porque en política y en la caza, es mejor dispersar al rebaño.
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