Los legisladores de Morena se confiesan delincuentes, aceptan su disposición a saltarse el Estado de Derecho, y violar la ley si ésta se contrapone a su idea de “justicia”. Lo dijo varias veces el Presidente Andrés Manuel López Obrador y lo acaba de confirmar en la tribuna de la Cámara de Diputados el coordinador de la bancada del partido Morena, Ignacio Mier Velazco, para justificar la aprobación de reformas a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y a la Ley de Carrera Judicial de la Federación, entre las que se incluyó un décimo tercer transitorio, introducido de último momento en la cámara de Senadores, sin avisar y sin leerlo ante el pleno, “de contrabando”, la extensión del mandato del ministro Arturo Zaldívar en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), para hacerlo coincidir con el del Presidente del Ejecutivo en 2024, y no en 2022 como marca la Constitución. Los senadores de Morena y aliados la aprobaron y la mandaron a la Cámara de Diputados.
A esta llegó con un escándalo de cola, haciendo imposible el “madruguete”, que lo fue solamente en el Senado, pues pronto salió a la luz el carácter anticonstitucional del transitorio y su introducción perversamente planeada, de manera que su aprobación en la cámara baja solamente podría suceder como un vil acto de traición a la Constitución y al Estado de Derecho, y hubo quienes, ingenuos, no creyeron que los “legisladores” se atreverían a semejante vileza. Pues sí, Mier Velazco “ordenó” (la orden vino, en realidad de López Obrador) a sus diputados de Morena y aliados del PT, PES y PVEM que aprueben la reforma; ellos obedecieron y se aprobó con 262 votos a favor, 182 en contra y siete abstenciones.
Ignacio Mier justificó su actuar aviesamente anticonstitucional diciendo que ellos son “transformadores” y optan por la justicia en contra del Derecho. Por supuesto, siempre y cuando en esto de definir qué es “Justicia”, la máxima autoridad sea Andrés Manuel López Obrador, quien por cierto ya dice cínicamente que sí, que él es el único que puede decir quién es moral y quién no, qué es “justo” y qué no. Es evidente que con semejante criterio no hay nada que discutir, claro, si hubiese la posibilidad de que fuera cierto. Solo Dios es perfecto, según esto, y solo a él se podría creer sus juicios sin dudar, ordena la fe. Pero, aunque algunos de sus seguidores se lo digan y él se lo pueda creer, López Obrador no es Dios.
Los actores en este hecho ilegal hacen una confesión de parte que debemos esclarecer y explicar a los mexicanos bien nacidos porque es necesario que entiendan el absurdo y el abuso que se esconden en semejantes declaraciones. Los mejores cerebros de la humanidad han buscado una sociedad justa, lo han teorizado, trabajado y luchado para eso, no tenemos que inventar nada, sino entender sus ideas y adaptarlas a nuestras circunstancias. Hablamos de hacer de México una Nación progresista, poderosa y justa, no de que cada quien, por muy elegido que se crea, pueda hacer lo que quiera sin respetar los derechos de los demás. Esta contradicción entre la libertad individual, la de cada quien para decidir qué hacer y qué no, no se contrapone con su pertenencia a un colectivo, aceptando voluntariamente respetar las libertades de los demás, sus condiciones, concretadas en un sistema de normas que podemos llamar Derecho. Construir una Nación requiere de construir ese Derecho y la preservación y desarrollo dela Nación requieren del respeto y perfeccionamiento de ese Derecho.
Esto es un Estado de Derecho, y se rige por una Constitución, que es el compendio de leyes que ese Estado ha definido como sus leyes máximas, y las demás leyes que se dicten para garantizar la gobernabilidad, no deberán transgredir esta ley.
Los fundadores de nuestra patria lo entendían. Desde las proclamas de Don Miguel Hidalgo y los “Sentimientos de la Nación” de Don José María Morelos y Pavón, el “siervo de la Nación” defendían las ideas fundamentales que debían perfilar nuestro Derecho, entre otros, las garantías individuales, las sociales y la división e independencia de los poderes, para evitar que el estado se convierta en un ente poderoso y tiránico (Leviatán le llamó Hobbes); Don Manuel Crescencio García Rejón en la península y después Don Mariano Otero en la nación propusieron la protección del Poder Judicial al Derecho de los ciudadanos contra los abusos del Poder Legislativo o Ejecutivo, o de uno de los poderes contra los otros, en el Juicio de Amparo, cuyos principios han sido adoptados en todo el mundo moderno.
Otero se adelantó a su tiempo y a otras cumbres del pensamiento con sus ideas acerca de la importancia del Estado de Derecho. “Él no atribuye el poder de la ley a una mística e intangible “justicia eterna” que toma cuerpo en ella, sino a una razón bien concreta y material: al hecho de que la ley, cuando está bien pensada y mejor construida, refleja de modo exacto, correcto y equitativo la pluralidad de intereses que existe en toda sociedad humana… Para Otero, la buena ley realiza el milagro de reducir la pluralidad a la unidad mediante la inclusión de todos los intereses y puntos de vista, compatibilizándolos entre sí hasta donde es posible; logra la armonía (temporal, es cierto) de los opuestos, dando como resultado una sociedad avenida, funcional y que permite el desarrollo, progresivo y pacífico, de los elementos dispares que la constituyen” (Aquiles Córdova Morán, noviembre de 2018).
En la de 1917, nuestros próceres respetaron esa alma de nuestra Constitución y les dieron cuerpo a las garantías sociales, entre otras, que no pudieron evitar los carrancistas, pese a que boicotearon la Constituyente hasta después de que lograron asesinar (a traición) a los caudillos del pueblo Villa y Zapata; y ni así pudieron evitar que se incluyeran las joyas de nuestra Carta Magna; y a ninguno de esos grandes hombres se le ocurrió la babosada de oponer al Estado de Derecho ninguna mística e intangible “justicia”. Fíjese bien, amable lector, estamos hablando de nuestros héroes, de nuestros mártires cuya vida, idea y acción nos han legado la Patria que tenemos, de los levantamientos del pueblo armado en la Guerra de Independencia, la Guerra de Reforma y la Revolución Mexicana, de las Asambleas Constituyentes derivadas de las mismas y a ninguno de ellos se le ocurrió echarse el apestoso eructo de decirse poseedor de la “justicia”, de la razón y la verdad eternas.
No, lo que hicieron (y hacen) los cómplices del presidente, enquistados en el contrahecho partido Morena y sus “aliados”, no se puede comparar ni de lejos con lo que nos dejaron nuestros héroes (¡que atrevimiento!), vean lo majadero que es autonombrarse “la cuarta transformación”. Estos señores están no solo manoseando sino ultrajando nuestra Constitución y lo confiesan riéndose como desquiciados, asumiéndose como transformadores cuando en realidad, y a nombre del pueblo, nos están haciendo retroceder 185 años, queriendo instaurar “el "Supremo Poder Conservador" cuyas atribuciones, aparte de ser desmedidas y contener un principio de tiranía, fueron las más de las veces ilógicas y absurdas” (Ignacio Burgoa Orihuela, “El juicio de Amparo”, 1943), solo que ya no con cinco miembros, sino con solamente uno soberbio, visceral y engreído. Él es el violador.
Todo esto, dicen, lo pudo parar el presidente de la Suprema Corte. Pero no coincido, los que debieron detener el estupro a la ley y la deshonra a la memoria de nuestros mártires fueron, primero, los Senadores, y más evidentemente todavía los Diputados, quienes prefirieron, en vez de representar al pueblo, servir de hoja de parra al tirano que preside hoy el Poder Ejecutivo. Sí, los que hoy deben hacer nuestras leyes, son los cómplices de la violación y todavía se burlan. Baldón eterno a los traidores apóstatas, esbirros de la tiranía que apoyaron con su voto, nombre y apellido la canallada. Así pasarán a la historia.
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