MOVIMIENTO ANTORCHISTA NACIONAL

Estrés financiero, sinónimo de pobreza de la gran mayoría en México

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El 25 de junio de 2024, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en colaboración con la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), dieron a conocer un comunicado de prensa con el propósito de mostrar, con porcentajes, el nivel de estrés económico (así le denominan) al que se somete la población mexicana.

En el comunicado, tomaron como base a la población a partir de los 18 años en adelante. Los sorprendentes resultados son los siguientes: a consecuencia del estrés financiero, el 34.9 % de la población encuestada manifestó experimentar algún malestar físico, como dolor de cabeza, gastritis, colitis o cambios en la presión arterial. El 48.4 % dijo sentir preocupación de que las deudas se acumulen y el 16.1 % consideró que su nivel de deuda era alto o excesivo.

Una vez recibidas las tarjetas Bienestar, ningún mexicano tendrá derecho a exigir servicios de salud ni medicamentos a la hora de enfermarse. Continuará la política de los abrazos y nadie podrá exigir seguridad pública.

De acuerdo con la información vertida en este comunicado, cuanto mayores son los ingresos económicos que perciben, mayor es la cantidad que ocupan para cubrir los gastos mensuales de las familias y mayores son sus preocupaciones por cubrirlos. 

Al monitorear el territorio nacional, la Ciudad de México figura entre las entidades con la cantidad más alta de ingresos que ocupa una familia mensualmente con 29 mil 500 pesos.

A esta entidad le siguen Nuevo León con 23 mil 500, Coahuila con 21 mil 900 pesos, Colima con 21 mil 500 pesos, Aguascalientes con 21 mil, Baja California Sur con 19 mil 600, Querétaro con 18 mil 500, Yucatán con 18 mil 200, Jalisco con 18 mil 500, Chihuahua con 18 mil 300, y así otros estados hasta concluir con el estado de Campeche, con un ingreso promedio de 13 mil pesos al mes.

Sin embargo, el resultado arroja que para que cada familia obtenga estos ingresos, necesitan trabajar horas extras o incorporar a la mayor parte de los integrantes de su familia al mercado laboral, es decir, a la venta de su fuerza de trabajo.

Si tomamos el estado de Querétaro, donde el trabajador gana en promedio 9 mil 827 pesos mensuales para obtener los 18 mil 500 pesos que, de acuerdo con el Inegi, necesita para cubrir sus gastos más indispensables, el trabajador queretano tiene un déficit de 8 mil 673 pesos mensuales, por lo que los jefes de familia continuamente tienen que buscar cómo sacar adelante sus necesidades. A este problema, el Inegi le denomina estrés financiero, que en realidad no es más que pobreza continua, simple y llanamente.

Este Gobierno de la 4T que ya se va, pero que continuará con Claudia Sheinbaum, seguramente aplicará la misma política de ahondar más la pobreza de los mexicanos, arrojando humo a los ojos y a su conciencia con sus manipuladoras Tarjetitas del Bienestar, que incluirá ahora a mujeres de 60 a 64 años, quienes recibirán entre 6 mil y 7 mil pesos mensuales, aunque a cambio de ello cancelen para siempre la posibilidad de exigir obras de infraestructura, como agua potable, electricidad, pavimento de calles y caminos, clínicas o escuelas.

Una vez recibidas las tarjetas Bienestar, ningún mexicano tendrá derecho a exigir servicios de salud ni medicamentos a la hora de enfermarse. Continuará la política de los abrazos y nadie podrá exigir seguridad pública a pesar de estar establecido en la Constitución, como una obligación del Estado mexicano proporcionarla, con el fin de evitar la comisión de delitos, y nadie de los que reciban tarjetas bienestar tendrá autoridad moral para protestar por los bajos salarios, la desigualdad y el crecimiento del número de pobres.

Según la Confederación Internacional Oxfam, formada por organizaciones no gubernamentales para combatir la desigualdad, la elevada acumulación de riqueza en un reducido grupo de ultrarricos de México es el resultado de un sistema político que ha favorecido la concentración de poder e influencia, sin hacer nada para regular los monopolios.

Once de las catorce personas más ricas del país se han beneficiado de privatizaciones, concesiones y permisos, que han contribuido a su crecimiento económico sin precedentes y deben su fortuna a décadas de Gobiernos que permitieron su acumulación de poder e influencia, y de esto no está exento el Gobierno “revolucionario” de la 4T.

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