La explotación infantil puede considerarse como un tipo de esclavitud, pues se utilizan niños, niñas y adolescentes en trabajos que atentan contra su salud, desarrollo físico y psicológico para fines económicos, familiares o de otra índole por parte de adultos.
La explotación infantil vulnera los derechos de las personas menores de edad y su desarrollo personal y emocional. Por este motivo, los Estados buscan generar políticas de prevención y erradicación del trabajo infantil a través de la ratificación de tratados internacionales como la Convención sobre los Derechos del Niño y el Convenio sobre la prohibición de las peores formas de trabajo infantil.
Los estados de Nayarit, Zacatecas y Campeche reportaron el mayor índice de trabajo infantil, con el 19.7 %, 18.9 % y el 18.1 %, respectivamente.
El salario de aquellos niños que se dedican a trabajar tan solo representaba el 20-15 % del salario masculino adulto. Comenzaban a trabajar a una edad muy temprana, entre siete y ocho años.
La Organización Internacional del Trabajo (OIT) define al trabajo infantil como todo aquel que priva a niñas, niños y adolescentes de su potencial y dignidad, y que es peligroso para su desarrollo físico y psicológico.
Puede producir efectos negativos, inmediatos o futuros para su desarrollo físico, mental, psicológico o social, e impide el disfrute pleno de sus derechos humanos; en especial, obstaculiza su asistencia o permanencia en la escuela y reduce su rendimiento en ella.
En 2014, se reformó el artículo 123, apartado III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para elevar a quince años la edad mínima para trabajar (antes catorce).
No obstante, el Módulo de Trabajo Infantil 2017 del Inegi señala que a nivel nacional 3.2 millones de niños, niñas y adolescentes de cinco a diecisiete años realizaron trabajo infantil, de los cuales 58.2 % se refiere a ocupación no permitida y el 36.6 % a quehaceres domésticos no adecuados.
El número de personas en ocupación por debajo de la edad mínima para trabajar era de 802 mil 890 personas (38.7 %) y 1 millón 267 mil 543 (61.3 %) se dedicaban a actividades peligrosas. El 39.3 % de quienes eran personas menores de edad en ocupación no permitida no percibían ingresos por su labor.
Los estados de Nayarit, Zacatecas y Campeche reportaron el mayor índice de trabajo infantil, con el 19.7 %, 18.9 % y el 18.1 %, respectivamente.
Con base en datos del Sistema de Clasificación Industrial de América del Norte, en el país trabajan en la industria del vestido y del calzado unos 51 mil niños y adolescentes, de entre cinco y diecisiete años. No obstante, se considera que hay “subregistro de su participación económica en la industria textil”.
“En el encuentro ‘Cadenas de responsabilidad en la explotación laboral infantil en la industria textil’, Juan Martín Pérez, coordinador de Tejiendo Redes Infancias Latinoamericana y del Caribe, precisó que este es “un tema tristemente estructural y global; no es sólo decisión de una persona cuando compra ropa, sino también las obligaciones que tienen los estados, sobre todo las autoridades del trabajo y la ética empresarial para no participar de las violaciones a derechos humanos de las infancias y adolescencias” (La Jornada, 12 de julio 2024).
Existe una fuerte presión, sobre todo para adolescentes, en términos de identidad y uso de ropa. Está también la llamada moda rápida, que por su accesibilidad de costo se convierte en algo prácticamente inevitable, pero ese bajo costo de las prendas está sustentado en salarios precarios y atropellos laborales.
Diana Durán, directora de change.org México, expuso que lamentablemente está muy naturalizado el trabajo infantil y llamó a ser más conscientes de lo que consumimos.
Karla García, de Niñas Poderosas, indicó que junto con otras adolescentes de América Latina, de secundaria, preparatoria e incluso universidad, han reflexionado sobre cómo los algoritmos en las redes sociales inducen al consumo de ciertos productos, entre ellos también la ropa.
La campaña Ropa Limpia ha alertado que “detrás del imperio textil” existe una “vulneración de los derechos humanos y laborales”, de adultos y niños. Refiere que “la industria textil representa el cuarto sector más productivo del mundo, y da trabajo a más de 75 millones de personas, de las cuales tres cuartas partes son mujeres y niños” (La Jornada, 12 de julio 2024).
Es urgente, pues, que la 4T tome cartas en este asunto para combatir el trabajo infantil. Todos los niños deben permanecer en las escuelas preparándose para el futuro y no ser objeto de explotación laboral.
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