En la relación que hay entre beneficiarios del sistema de vivienda en México y Nuevo León, en particular existe un desfase prácticamente insalvable, entre la burocracia y reglas obsoletas para acceder al beneficio de adquirir una vivienda a crédito, ya que de contado es prácticamente imposible porque los salarios de miseria que percibe la clase trabajadora, tanto de la empresa privada como del Estado, doctores, enfermeros entre otros muchos más; no es posible.

Con los altos costos y los créditos a plazos muy largos, los trabajadores quedan prácticamente empeñados para el resto de sus vidas, y si el beneficiario queda mal con los pagos, los aniquilan con los intereses moratorios, y que en mucho de estos fenómenos no es culpa del trabajador directamente porque puede suceder que pierda el trabajo por causas ajenas a él.

Entonces es imposible que lo resuelva de manera independiente y, en consecuencia, viene el abandono o la expulsión de las viviendas por parte de las autoridades, obviamente quedando las casas a merced del vandalismo, del pillaje, generando más conflictos, ya que una vez en el abandono las miles de vivienda ocasionan problemas de seguridad, salubridad, entre otras dificultades , además ante la necesidad de vivienda las invaden, después queriendo resolver por la vía legal se topan con la burocracia y la obsolescencia de las reglas sumadas a un gobierno insensible incapaz de buscar cómo resolver el problema.

De nuevo, dónde quedó el eslogan que, por el bien de todos, primero los pobres; con la 4T brillan por su ausencia los apoyos para adquirir o mejorar la vivienda.

En el caso de Nuevo León, existen al menos 26 mil viviendas asignadas por el Infonavit, pero buena parte de ellas deshabitadas actualmente, los municipios con el mayor número de viviendas abandonadas son Juárez, El Carmen, Zuazua, Ciénega de Flores, Pesquería y García.

Ante la necesidad apremiante surge una luz al final del túnel; recientemente autoridades tanto de Infonavit como del Fideicomiso Fomento Metropolitano de Monterrey (FOMERREY) anunciaron, a través del director Eugenio Montiel Amoroso, un acuerdo para tratar de destrabar toda la carga burocrática y económica y beneficiar a los necesitados de vivienda, por ello, el instituto planifica un esquema de arrendamiento, con opción a compra, en el que se buscará generar una sinergia entre el instituto, los propietarios y los alcaldes, a fin de hallar esquemas de arrendamiento social, dadas las condiciones precarias de los neoleoneses que no cuentan con prestaciones laborales o los recursos suficientes para adquirir una casa.

Comentó el director de Fomerrey que están buscando mecanismos, debido a las complejidades jurídicas, porque, según ellos, resulta que el Infonavit no es el dueño de las casas, son los acreditados. Aunque dejaron de pagar, se tardan ocho años en recuperar las viviendas, entonces, lo que quieren es buscar una simplificación, o que permitan hablar con los propietarios y buscar un esquema de solución.

“Lo que puedo hacer es, te doy una solución a la vivienda, no con una casa propia sino con una casa que te pueda ayudar a rentarla. Vives un tiempo rentando, generamos un compromiso de pago y ya cuando esté como parte del patrimonio del Infonavit, la institución se comprometería a vendérselo a quien está rentando”, dijo

Ojalá y lo antes dicho se concrete, como ya lo dijimos, es una necesidad inaplazable, la inseguridad social que vive Nuevo León ocupa de soluciones eficaces y expeditas.

El problema de falta de vivienda y viviendas deshabitadas está presente y las causas son muchas, pero un gobierno sensible y humano puede y debe empezar a dar soluciones por el bien de toda nuestra sociedad. Hay que modificar el sistema económico, pensado solo para generar utilidades para unos cuantos, olvidándose de la mayoría. Veremos, dijo un ciego.