En los últimos meses, la reforma al Infonavit (Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores) ha generado debate entre sindicatos, trabajadores y legisladores. Aunque se presenta como una iniciativa para modernizar y mejorar el acceso a la vivienda, es esencial analizar las implicaciones reales que tendría para los trabajadores.
El anuncio de la construcción de un millón de viviendas, de las cuales se proyecta iniciar 125 mil en el presente año, genera preocupación sobre las condiciones bajo las cuales se pretende llevar a cabo.
Un aspecto crucial de la propuesta de reforma es el cambio en el mecanismo para designar a su director. Según el planteamiento, ahora sería la Presidencia de la república quien asumiría esta facultad, desplazando a la Asamblea General tripartita, compuesta por representantes del gobierno, los patrones y los trabajadores.
Este ajuste no es menor, pues afecta directamente el equilibrio de poderes y el modelo de gestión tripartito que ha caracterizado al instituto desde su creación en 1972.
Uno de los puntos más alarmantes de la reforma es el control de Morena sobre los comités clave del instituto, como los de vigilancia, transparencia y auditoría. Esta reconfiguración otorgaría a Morena la mayoría de votos en dichos órganos, lo que levanta serias preocupaciones sobre la posible manipulación de los recursos.
El Infonavit administra fondos que no pertenecen al gobierno, sino a los trabajadores y derechohabientes, que suman alrededor de más de dos billones de pesos. Estos recursos representan el esfuerzo acumulado de millones de personas y son la base para garantizarles acceso a una vivienda digna.
Sin embargo, al otorgar al gobierno una mayoría decisiva en los comités, se abre la puerta a la posibilidad de que las decisiones sobre el manejo de estos fondos prioricen objetivos políticos o electorales por encima de los intereses de los trabajadores.
El anuncio de la construcción de un millón de viviendas, de las cuales se proyecta iniciar 125 mil en el presente año, parece ambicioso y esperanzador, pero las condiciones bajo las cuales se pretende llevar a cabo generan preocupación.
Según lo planteado, el gobierno busca realizar estas obras a través de una empresa filial, separada del Infonavit, lo que cambia radicalmente la naturaleza pública y transparente de sus operaciones.
Este esquema implica que las decisiones relacionadas con la construcción de viviendas se manejarían de manera discrecional, sin los niveles de supervisión y rendición de cuentas que exige una institución pública como el Infonavit.
Una empresa filial no estaría sujeta a los mismos controles, ya que responde únicamente a sus socios y no al público en general. Este cambio diluye la responsabilidad institucional y dificulta la vigilancia ciudadana sobre el uso de los recursos, que son patrimonio de los trabajadores.
En esencia, este enfoque no solo pone en riesgo la transparencia en la gestión de los recursos, sino que también atenta contra el principio de que el Infonavit debe operar en beneficio de los trabajadores y con un marco de responsabilidad pública.
Si Morena centraliza las decisiones y delega funciones clave a una empresa que no rinde cuentas públicamente, los trabajadores y derechohabientes podrían quedar desprotegidos frente a intereses políticos o electorales que prioricen objetivos distintos a garantizar su derecho a una vivienda digna.
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