El daño a la población de una nación no solo se ejerce en las guerras que el país más poderoso del mundo, Estados Unidos –todavía lo es, aunque China viene pisándole los talones–, ejecuta en contra de los países ricos en materias primas; también lo ejercen los gobiernos que se autocalifican de “democráticos y pacíficos”, como el de México, cuando toman decisiones que afectan a sus habitantes, como la falta de presupuesto para obra pública menor y urgente que requieren comunidades campesinas y zonas urbanas, incluidos los asentamientos populares.
Antes de la llegada de Andrés Manuel López Obrador a Palacio Nacional, en 2018, los mexicanos más vulnerables del país tenían la esperanza de que algún día sus Gobiernos municipales o estatales realizaran alguna obra pública que requerían sus comunidades, como clínicas de salud, remodelación de escuelas, pavimentación u otro servicio urbano básico como redes de agua potable y drenaje.
Las calles y avenidas de Toluca, capital del Estado de México, y prácticamente las de los 125 municipios mexiquenses están llenas de hoyos que ponen en peligro a todos.
Sabían que el Gobierno federal realizaría aportaciones económicas a municipios y entidades federativas, enmarcadas en el rubro conocido como Ramo 33, un mecanismo de política pública que proveía de mayores recursos a los estados y municipios con indicadores de rezago social.
Es decir, esos recursos federales estaban destinados a financiar obras, acciones sociales básicas e inversiones que beneficiaban directamente a la población en pobreza extrema y localidades con alto o muy alto nivel de rezago social, clasificadas como zonas de atención prioritaria.
El Ramo 23 estaba destinado al desarrollo regional, pavimentaciones, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura, así como a un fondo de apoyo a la misma.
Antes de la llegada de Morena a la Presidencia de la república, los mexicanos más vulnerables tenían la esperanza de que sus comunidades recibirían aportaciones federales englobadas en los ramos 23 y 33, para la construcción de alguna obra menor, pero necesaria para sus comunidades.
Con parte de ese dinero público federal, miles de mexicanos se vieron beneficiados con alguna obra de servicio urbano básico, una cancha deportiva, una clínica de salud o alguna otra obra menor que mejoró su calidad de vida.
Sin embargo, a pesar de los beneficios y pequeñas alegrías que dignificaron la vida de miles de mexicanos, el señor López Obrador desapareció los ramos 23 y 33 argumentando que fomentaban la corrupción y, desde hace seis años, ya no hay dinero para realizar obra pública en los 2 mil 469 municipios del país, lo cual daña a los 100 millones de mexicanos en situación de pobreza.
Los especialistas en el tema señalan que López Obrador ha estado disminuyendo el monto que el Estado mexicano ha invertido en este rubro. Mientras que en 2016 se asignaron a este rubro 1.80 billones de pesos, en 2023 fueron 1.19 billones de pesos y en 2024 bajó a 1.11 billones de pesos.
Muchos analistas aseguran que el presidente López lo hace así porque necesita dinero para solventar los programas de ayuda directa.
Me consta que hay muchísimas comunidades campesinas y colonias populares en las que, desde hace seis años, no se ha hecho ninguna obra de infraestructura para remediar los males que esos mexicanos padecen: miles de ellos carecen de agua potable, drenaje, electricidad, clínicas de salud y medicinas.
Ni los Gobiernos municipales ni los estatales han invertido dinero público, ni privado, para remediar la situación, como es el caso de la colonia Lomas de San Sebastián, en el municipio de Los Reyes La Paz, que sigue sin tener agua potable a pesar de que en México tenemos un gobierno que enarbola la bandera de “primero los pobres”. Los habitantes de ese municipio ya se dieron cuenta de que eso no es así.
Seguramente, aquellos que gozamos de una buena vivienda, o medianamente buena, con todos los servicios urbanos y, como dijo una buena amiga, “todos los días nos bañamos con agua caliente”, no nos importa el hecho de que haya millones de personas que vivan en casitas construidas con materiales de desecho y sin ningún servicio básico.
Sin embargo, los modernos derechos humanos señalan que todos los mexicanos tenemos derecho a una vivienda digna y a servicios para uso personal y doméstico. Deberíamos pedir a las autoridades que se cumplan estos derechos y organizarnos para exigirlos a una sola voz.
Lo que sí nos importa –tal vez porque nos afecta directamente porque somos peatones o porque conducimos un auto–, es que millones de calles y avenidas, que los irónicos ya bautizaron como “calles del Bienestar”, están rotas y llenas de baches.
Esto no sólo afecta a los vehículos, sino que pone en riesgo la vida misma de automovilistas, motociclistas, ciclistas y hasta peatones, ya que con la lluvia todos esos hoyos se esconden de la vista de la gente y causan accidentes, a veces hasta mortales, como sucedió en el municipio de Chimalhuacán, en marzo de 2023, cuando un joven universitario murió al caer en una coladera destapada.
Todo el mundo sabe que cuando un país quiere mostrar una imagen de desarrollo y progreso, no presume el dinero que ha acumulado producto del trabajo desplegado en fábricas y empresas, sino que presume, entre otras cosas, sus calles y carreteras bien trazadas, pavimentadas y sin baches.
¿Qué vemos en México? Las calles y avenidas de Toluca, capital del Estado de México, y prácticamente las de los 125 municipios mexiquenses están llenas de hoyos que ponen en peligro a todos. Es cierto que esos hoyos no se hacen de la nada, pues influyen el clima y el desgaste.
Pero lo que sí es muy cuestionable es que no se ve preocupación de los Gobiernos municipales y estatales para revertir la situación: no invierten ni en mantenimiento ni en reparación.
Tal vez porque no tienen presupuesto destinado a esas pequeñas obras o, casi seguro, el dinero que tenían lo invirtieron en las campañas electorales que culminaron el pasado 2 de junio.
Los mexicanos no debemos olvidar que la infraestructura no sólo es un medio para garantizar la generación de bienes y servicios y que va más allá de grandes obras, sino que también promueve el bienestar social, el cual muchas veces llega con pequeñas obras en colonias populares o comunidades que dignifican la vida de las familias más vulnerables.
La disminución de la inversión en infraestructura que el gobierno federal realiza año con año, daña no solo a los sectores de la población más vulnerables, sino a todos los mexicanos porque, por donde vamos pasando, vemos banquetas, calles y avenidas tan rotas que parece que estamos en medio de una guerra y que las bombas del enemigo rompieron todas esas vialidades.
Los mexicanos necesitamos un verdadero partido de los trabajadores que llegue al poder político y, desde ahí, ponga remedio a todos los males que actualmente sufre la nación.
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