MOVIMIENTO ANTORCHISTA NACIONAL

Gobiernos que lastiman los bolsillos de los campesinos de Yucatán

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El inicio de 2022 ha sido especialmente duro para los trabajadores que aún no logran reponerse de las consecuencias de la pandemia, y ahora también deben de cargar con la inflación que ha empujado la subida de los precios en todo el país.  

En Yucatán, la inflación alcanzó el 7.45 por ciento para el mes de febrero, por lo mismo Mérida y Valladolid, principalmente, se encuentran entre las ciudades más caras del país. Junto con la carestía que castiga a los que menos tienen se encuentra el desabasto de maíz en las tiendas Segalmex, antes Diconsa, que funcionan a través del Programa de Abasto Rural para las familias que viven en zonas marginadas y con alto rezago social; dicho desabasto, sin duda, lastima los bolsillos de los jornaleros y campesinos, y junto con la crisis inflacionaria y el desempleo, dibujan un escenario cada día más complicado para acceder a la canasta básica. 

El maíz es la base en la dieta de los mexicanos, es de los pocos alimentos a los que tienen acceso, aunque no tengan para comprar otros granos u otros alimentos de mayor calidad nutricional. Para el pueblo maya, el maíz forma parte de su cultura y costumbres, por lo que conoce perfectamente los cuidados que debe realizar para obtener buenas cosechas, pero en estos tiempos de huracanes, sequías y también, debido a la falta de apoyos e insumos agrícolas para sembrar su tierra, las cosechas tienen menos rendimiento o, de plano, no hay producción, y entonces debe conformarse con preparar el pozol (masa de maíz combinada con agua, sal y chile), y tortillas, como única comida del día.

Para los tiempos que corren, y en especial desde la entrada del Gobierno de la 4T, el desabasto de este grano en las tiendas Segalmex es constante, como consecuencia, el kilogramo de maíz que se vendía en cinco pesos ahora cuesta el doble. Entonces, las familias tienen que sustituirlo por las harinas nixtamalizadas o sacrificar la adquisición de otros productos; es decir, deteriorar más su alimentación. 

En la mayoría de las tiendas, los funcionarios justifican el desabasto con la ya conocida cantaleta de que están combatiendo la corrupción y por ello se ha disminuido la cantidad que se surten a las tiendas, a una tonelada de maíz al mes, cuando anteriormente era de 20 toneladas en promedio.

La cantidad es totalmente insuficiente, y por dicha razón, sólo venden entre cinco o máximo 10 kilogramos a las pocas personas que les toque, de los cientos que lo requieren. Además se presenta otro problema, también se obliga al beneficiario de los 10 kilogramos de maíz, a adquirir 50 pesos de otros productos, cuando muchas veces ni siquiera cuentan con el dinero para los de primera necesidad.

En repetidas ocasiones desde principios de 2019, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), dio a conocer que 40 productos de primera necesidad son parte de la nueva canasta básica que estará disponible a precios más accesibles en las tiendas de Segalmex; cito textualmente lo que aseguró: “que nadie en México padezca de hambre y desnutrición. Este es un programa muy humano para que podamos combatir el hambre y que se combata la desnutrición y no se padezca de la injusticia de no tener lo más elemental, lo básico, que es la comida”.

En octubre de 2021, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural anunció un incremento en los Precios de Garantía para 2022, con el propósito de asegurar un buen precio a los pequeños productores de granos, especialmente de maíz, y de esta forma garantizar la distribución a un costo accesible en las tiendas que dependen de Segalmex. Incluso, las Reglas de Operación del Programa de Abasto Rural a cargo de Diconsa para el ejercicio fiscal 2022 publicadas en el Diario Oficial de la Federación (DOF), en el capítulo II, apartado V, inciso F dice: “en todo momento se asegurará el abasto de maíz blanco y de frijol a bajo precio…”, por lo que se deduce que el destino prioritario de los inventarios de maíz será? el abasto en este tipo de tiendas. 

Sin embargo, la realidad contrasta con el discurso oficial, y en los tres años del sexenio del presidente, Andrés Manuel López Obrador, la situación ha empeorado. Todo el año 2021 se afectó gravemente por el desabasto del grano a varios municipios de la Península de Yucatán: las zonas mayas de Quintana Roo y de Yucatán, el maíz de las tiendas Segalmex escaseo y subió de precio, sin que hasta estos momentos se recupere el abasto de dichas tiendas que venía siendo el único lugar donde los miles de familias lo compran a un menor precio. El desabasto provoca, casi a diario largas filas, afuera de las tiendas para comprar, aunque sea un poco, pero quien ya no alcanza maíz, se queda con hambre.

El problema es grave, ya que el acceso a una buena alimentación es un derecho constitucional. Lo cierto es, que no sólo el Gobierno de AMLO ha abandonado al pueblo trabajador, sino también legisladores y los gobiernos locales. 

El Gobierno de Yucatán, encabezado por el panista Mauricio Vila Dosal, apoyó en los momentos más agudos de la pandemia con apenas 20 kilos de maíz por familia, cantidad ridícula e insuficiente, y a los gobiernos municipales no les interesa abordar el tema. El problema de la alimentación se agrava porque canceló los desayunos escolares en la zona y también porque, en días recientes, el programa de Escuelas de Tiempo Completo desapareció y esto afectó directamente la alimentación de los niños y las familias humildes. 

El desabasto se suma a la larga lista de agravios al pueblo trabajador, estos van desde el desmantelamiento de los programas de salud y de educación, hasta el fondo de desastres naturales. Es urgente y necesario que los afectados, es decir, el pueblo trabajador, conozca sus derechos y quiénes son sus gobernantes, para exigirles con todas sus fuerzas al Gobierno federal y al de Yucatán, que cambien sus políticas que agreden al pueblo pobre trabajador, que es el que todos los días sufre las graves consecuencias. Hoy es claro que la unidad y la lucha por sus derechos son la única salida que obligará a los gobernantes y legisladores a tomarlos en cuenta.

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