Durante décadas se fue profundizando el malestar social debido a los malos gobiernos emergidos del Partido Revolucionario Institucional (PRI), partido hegemónico y con permanencia casi absoluta en el poder, en el país y en sus entidades federativas. La proclama de partidos y políticos opositores al régimen consistía, sobre todo, en derrotar al PRI-Gobierno para dar paso a la democracia, las libertades y los derechos políticos. En el año 2000 las expectativas de “cambio” para el país alborozaban por el triunfo del Partido de Acción Nacional (PAN), terminando así con 70 años de “dictadura perfecta”, los partidarios del “cambio” avizoraban un nuevo rumbo para el país, que por cierto nunca llegó. Doce años después, la efervescencia electoral dejó nuevamente en manos del PRI el Gobierno federal, las dos administraciones panistas no cumplieron con las expectativas.
Nuevamente en el poder, el PRI no pudo superar sus deficiencias, repitió sus errores como gobierno y la consigna opositora revivió y se amplió: había que derrotar al PRI y al PAN e incluso al PRD. Derrotados estos partidos transitaríamos a un país democrático, libre, no represivo, preocupado por el bienestar de los mexicanos y sobre todo de los más pobres. Las denuncias del autoritarismo, los abusos, las omisiones y las corruptelas de los funcionarios públicos, muchos de primer nivel, dieron lugar a un discurso elocuente que cayó en terreno fértil ante la decepción por un mal gobierno y el resentimiento del pueblo mexicano.
De la misma élite política en el poder (PRI-PAN-PRD), se formó otro partido: Morena, con una campaña de desprestigio a los partidos y sobre todo el PRI, se dio el cínico transfuguismo partidario, sin ningún recato al programa, los principios o ideales por los que se militaba políticamente; en una ecdisis política recluto de las filas enemigas, de entre la “mafia del poder”, los cuadros con los que se presentó ante el gran electorado como la salvación del país y la reivindicación del gobierno, la “franquicia Morena” se vendió sin ninguna garantía de sus resultados y hoy vivimos un gobierno de demagogia popular, señalado por prácticas corruptas, opacidad en el manejo de los recursos públicos, con grave tendencia al autoritarismo y sobre todo sin resultados ante los problemas graves del país. En fin, la serpiente no por cambiar de piel deja de ser serpiente (aunque en ellas este fenómeno sí es un proceso biológico de sanación).
En el estado de Tlaxcala vivimos nuevamente una transición de gobierno, se va el PRI y llega Morena, las expectativas son altas, sobre todo de los militantes y seguidores del partido triunfante, al considerar que es un triunfo de alto contenido democrático con una candidata que raya en las virtudes políticas, que eliminará la injusticia prevaleciente, la corrupción y el derroche del erario creando así nuevas y mejores oportunidades de bienestar y desarrollo para el Estado y sus habitantes. Compartimos el anhelo de bienestar y desarrollo, pues hay sectores que viven en condiciones infrahumanas y que laceran a la sociedad en su conjunto, sin embargo, somos escépticos ante el discurso, ya que dada la experiencia histórica no basta sólo con derrotar al PRI, no basta sólo la denuncia de sus males y desviaciones como gobierno, hace falta crear la condiciones que den lugar a la transformación social y de eso se dice poco o prácticamente nada.
Un problema fundamental es la precaria economía con la que cuentan las familias tlaxcaltecas y que ha mermado aún más por la pandemia, pues según datos del Coneval “el ingreso laboral per cápita real disminuyó 9.9% entre el cuarto trimestre de 2019 y el cuarto trimestre de 2020, al pasar de $1,450.53 a $1,307.11 pesos constantes”. Estos resultados se dan cuando el Gobierno Federal ya ha ejecutado diversos programas de transferencia monetaria (jóvenes construyendo el futuro, becas Benito Juárez, sembrando vida, tandas del bienestar, etc.) y el Gobierno estatal ejecutaba el programa “Supérate” para atacar aspectos concretos de la pobreza. La política asistencial de transferencias monetarias de la 4T federal no está atendiendo la precariedad económica que se vive en el Estado, ¿de esa política se sostendrá el nuevo gobierno estatal? ¿Persistirá con el programa de la administración estatal, cambiándole de nombre y maquillando algunos aspectos a pesar de que tampoco se perciben sus resultados? ¿Tiene una nueva política económica que incida estructural y positivamente en el ingreso real de las familias Tlaxcaltecas o veremos una política de compra de voluntades con interés electoral?
En tiempos normales, Tlaxcala aporta un 0.6 por ciento del PIB nacional, integrado por un 3 por ciento del sector primario, un 39 por ciento del sector secundario y un 58 por ciento del sector terciario (los datos son aproximados), pero por la pandemia, los sectores que más contribuyen al PIB al interior del Estado son los más golpeados y en donde se han acentuado problemas como la quiebra de empresas, cierre de negocios, pérdida de empleos y disminución de salarios. Un proyecto de desarrollo estatal serio tiene que plantear un programa de incentivos y apoyos gubernamentales para la producción del campo, el incremento de la producción fabril y la mejoría del sector servicios, junto con una política de incremento de empleo y mejores salarios, es decir, debe buscar el incremento de la producción con la reactivación de las fuerzas productivas con las que cuenta el Estado para crear mejores condiciones de riqueza y bienestar social. Sólo así estará en condiciones de resolver grandes proyectos de infraestructura, obras, servicios y problemas que aquejen a los tlaxcaltecas sin subir impuestos o incrementar tarifas impositivas por documentos oficiales o servicios públicos.
Entran nuevos funcionarios, con “nuevo” proyecto de gobierno por el que desaparecerán y crearan Secretarias, se ajustaran o cambiaran el objeto de atención de los departamentos gubernamentales, se realizaran cambios de nombres y colores para hacer notar el “sello” de la nueva administración. Y después de todo ello, dada la diversa problemática que aqueja a la ciudadanía, entre los funcionarios y dependencias ¿encontraremos soluciones o seguiremos con el manejo político, largas y amenazas para no solucionar los planteamientos a la problemática social? ¿Habrá apertura para escuchar los problemas de la gente o estarán condenados este sexenio a la protesta pública?
¿Nos recetaran el discurso de austeridad para negar atención médica, medicinas para nuestros enfermos, aulas y laboratorios para las escuelas, caminos, carreteras y puentes para pueblos y comunidades, servicios públicos para centros urbanos como agua potable, mantenimiento a drenajes, ampliaciones eléctricas, banquetas y guarniciones, adoquinamientos, pavimentaciones, arreglo de áreas verdes, construcción y mantenimiento de espacios deportivos y culturales? ¿Tendremos justicia y seguridad o se tolerará la impunidad? ¿Viviremos la misma cerrazón y el uso de los recursos públicos y mediáticos para condenar y desprestigiar la lucha por las legítimas demandas de los sectores marginados y empobrecidos?
En Antorcha no vivimos prejuiciados ni juzgamos anticipadamente, el nuevo gobierno y sus funcionarios cuentan con el beneficio de la duda y con nuestro respeto a la embestidura y su carácter institucional, y como tales, en el marco de nuestros derechos constitucionales, nos acercaremos a plantear la crónica problemática que nos aqueja, como antorchistas y como tlaxcaltecas, y será en los hechos en los que podremos constatar la consecuencia en el compromiso del nuevo gobierno, en ser diferente a lo que ya tuvimos y en su atención a la problemática social. El Estado requiere un “golpe de timón”, un cambio de rumbo que considere también los intereses de las masas populares no sólo en el discurso sino en los hechos, porque ante las decepciones políticas nos estamos curtiendo y las promesas ya no alcanzan para sortear los problemas profundos que vive nuestra sociedad.
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