Un diagnóstico elaborado recientemente identificó que el agua potable en al menos 76 municipios de 84 que existen en la entidad, tiene metales como aluminio, cianuro, arsénico o sodio que superan los límites permitidos por la Norma Oficial Mexicana 127–SSA1-1994, menciona el Atlas sobre el Derecho Humano al Agua y Medio Ambiente Sano, que realizó la CNDH, la UNAM y el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA), con el objetivo, dicen, de informar sobre el cumplimiento de los municipios del país respecto al saneamiento de este vital líquido. Este grave problema de contaminación del agua afecta al 90% de las demarcaciones que tiene la entidad, es decir, solo ocho municipios cumplen con los parámetros de la NOM: Tizayuca, Huichapan, Ajacuba, Tolcayuca, Tetepango, Tecozautla, Mineral del Monte y Omitlán.
El titular de la Sociedad Ecologista Hidalguense, en una entrevista para La Silla Rota Hidalgo reconoció que se requieren de políticas públicas de todos los niveles de gobierno para garantizar el acceso al derecho humano de agua y libre de contaminantes; refirió que se debe de tomar el asunto del agua “en serio”, porque, aseguró, que no sólo es el problema de la contaminación, sino que también hay desabasto del líquido. Esto es totalmente cierto, hay comunidades que han sido marginadas durante años que no tienen acceso al agua para el consumo. Tal parece que desde el gobierno estatal se insta a las empresas como la cervecera de Grupo Modelo, la cual exige a los mantos acuíferos del municipio de Apan, 200 millones de metros cúbicos. Otro aspecto a considerar es el hecho de que no son casualidad las reiteradas visitas del presidente Andrés Manuel López Obrador a Hidalgo. La Comisión Nacional del Agua pretende construir, sin la autorización ambiental, un acueducto que se llevará el agua del Acuífero del Valle del Mezquital al nuevo aeropuerto de Santa Lucía; pero, si no hay autorización ambiental, mucho menos se ha informado o consultado a los indígenas de esta región que padecen por la escasez de agua potable.
El porcentaje evidencia las malas políticas públicas, al menos las que hay, orientadas al cuidado de los mantos acuíferos. Por un lado, el gobernador Omar Fayad Meneses presume inversiones millonarias como la de Grupo Modelo en Apan; se abre el camino a las grandes empresas para que incrementen sus ganancias con poco sufrimiento, es decir, sin ofrecer ningún plan de protección de los recursos naturales. Dicen que las inversiones traerán empleos formales, pero lo cierto es que, según el Inegi, durante el segundo trimestre de 2020, Hidalgo fue la cuarta entidad del país con la tasa de informalidad laboral más alta.
Otro caso es el de la Minera Autlán, ubicada en la sierra hidalguense, propiedad de José Antonio Rivero Larrea, primo de Germán Larrea Mota Velasco, dueño de Grupo México, que en 2014 derramó sulfato de cobre al Río Sonora y el pasado 11 de julio descargó 3 mil litros de ácido sulfúrico en el Mar de Cortés; mientras la minera del otro Larrea reporta ganancias millonarias, los pobladores de Molango y Tepehuacán sufren la contaminación originada por la empresa, la cual vierte sus desechos químicos sobre el Río Claro. ¿Esto influye para que el agua del 90% de los municipios esté contaminada?
Para finalizar, podemos ver que ambas empresas (Grupo Modelo en Apan y la Minera Autlán en la sierra hidalguense) tienen características comunes: una extrae millones de metros cúbicos de agua y provoca desabasto para el consumo humano y la otra derrama químicos sobre un río causando contaminación; les importa poco el cuidado de los recursos naturales. Y el último denominador común es que las dos reciben ganancias millonarias. Tan solo la minera Autlán, presenta un récord en sus ganancias; en 2016 obtuvo 42.4 millones de dólares (mdd); en 2017 generó 59.8 mdd y en 2019 recibieron 90.6 mdd. ¡Y decían que el neoliberalismo se había acabado!
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