La seguridad pública es el rubro peor evaluado del Gobierno federal que encabeza el presidente, Andrés Manuel López Obrador, de acuerdo con una encuesta de El Financiero publicada el pasado lunes.
El 63 por ciento de los encuestados tiene una opinión negativa sobre las acciones y resultados de López Obrador, en materia de seguridad. Este es el porcentaje de desaprobación más alto del sexenio.
La mala evaluación de los mexicanos hacia López Obrador por el manejo de la seguridad pública registra una tendencia ascendente desde diciembre del año pasado, en cuyo periodo ha perdido 12 puntos porcentuales.
Instruir a su equipo a buscar en donde sea, reconociendo de manera implícita que dentro del gobierno no hay capacidad, para frenar la violencia y que los homicidios dolosos disminuyan significativamente, es una quimera. Aunque se contratara al mejor o a la mejor experta en materia de seguridad pública, López Obrador tiene garantizado su lugar en la historia, pasará a ser el presidente gobernó en el sexenio en el que se registró el mayor número de crímenes.
Las escenas de la nueva guerra del narco, de estos días, consisten en pueblos tomados en Michoacán, fusilamientos contra rivales del narco, minas antipersona para evitar el recorrido de los militares, tanques de guerra paseando libremente por las calles, masacres de decenas de personas en una fiesta.
En Zacatecas, un escenario similar, decenas de cadáveres amontonados a las puertas de la sede del Gobierno estatal y otras en plena calle, colgados de puentes, municipios que se han quedado sin policías por miedo a que los asesinen a ellos también.
En Colima y Sonora, ciudades completas asediadas por los narcos en un intento de cercar a sus rivales. En el corredor de la Riviera Maya, de Cancún a Tulum, balaceras en hoteles de lujo, turistas asesinados por una bala perdida, y a los viajeros desaparecidos entre Tamaulipas y Nuevo León, en la semana que empieza, hay que agregar los ataques a la policía estatal por parte de grupos del narco en Reynosa.
Pese a los bailes de cifras y a los titulares que busca el Gobierno federal, la violencia en México no ha dado tregua. Con una impunidad que ronda el 95 por ciento para todos los delitos, la falta de justicia lanza un peligroso mensaje: si en lo que resta del año, se mata más o menos, dependerá de la voluntad del crimen, no de una lucha conjunta de todos los poderes para detenerlo.
Resulta preocupante que López Obrador califique de traidores a la patria a diputadas y diputados que votaron en contra de la reforma eléctrica. A nadie le conviene que se incite a la violencia a través de exacerbar el ánimo de la ciudadanía como lo hace él mismo porque un discurso así, combinado con la actuación de los grupos delictivos en los estados donde próximamente habrá elecciones, como Tamaulipas; puede dar como resultado un escenario dantesco.
Mejorar las condiciones de vida de la población en general, generar fuentes de empleo seguras para los miles de jóvenes que se suman cada día a la población económicamente activa, incentivar el empleo con salarios justos; garantizar la educación y el acceso a la salud de los mexicanos y una transparente y justa aplicación de la ley; seguro ayudará a disminuir la incidencia delictiva que vive nuestro país.
Cuando se critica la actuación del actual gobierno, es común escuchar decir a López Obrador la frase de “no somos como los de antes”, y tiene razón: Es peor.
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