Hablar de violencia, robo, crimen, asesinatos, narcotráfico, delincuencia organizada, masacres, etcétera, se ha vuelto lugar común; a nadie sorprende enterarse a través de los medios de comunicación o saber de acontecimientos de este tipo ocurridos a familiares o amigos.
La principal demanda de los manifestantes fue la intervención urgente de las autoridades para frenar la violencia en El Marqués, debido a que un grupo de delincuentes ha generado un clima de temor.
La “guerra civil de cárteles” coloca a México como el cuarto país del mundo con un conflicto más extremo. La ONG internacional de análisis de violencia Armed Conflict Location & Event Data (ACLED, por sus siglas en inglés), en un informe dado a conocer el pasado mes de diciembre, situó a México como el cuarto país con el nivel de violencia más alto del mundo, solo por detrás de Palestina, Myanmar y Siria.
En su análisis, la ACLED resalta que México es el segundo país más peligroso para civiles, después de Palestina; el cuarto con más fragmentación entre grupos violentos y el séptimo más mortal (el primero es Ucrania), poniendo como ejemplo el ataque con drones de La Familia Michoacana que causó 30 muertos en Guerrero, más de 4 mil desplazados forzados en Tila, Chiapas, y los secuestros recurrentes en Culiacán, Sinaloa.
En su comparativa con otros países, la ONG considera como aspecto clave que en 2024 se registraron más de 500 hechos de violencia contra figuras políticas y que las elecciones del 2 de junio se llevaron a cabo en medio de una escalada de violencia en todo el país, empañando el proceso electoral con niveles sin precedentes, principalmente en catorce de las treinta y dos entidades del país, como Sinaloa, Tabasco, Chiapas, Zacatecas y Michoacán, que rivalizan en brutalidad con guerras civiles internacionales.
Lo peor, según ACLED, es que se pronostica un 2025 con niveles de violencia mayores que los de 2024, debido a la elección de jueces que se llevará a cabo en junio, lo que expone a candidatos más vulnerables a la influencia partidista o criminal e incentiva a las bandas a penetrar en las instituciones del Estado, aumentando su influencia en el sistema judicial y contribuyendo a la impunidad.
A todo esto, el estado de Querétaro no está exento, a pesar de las medidas tomadas por las autoridades encargadas de mantener la paz y la tranquilidad de las familias queretanas. La masacre ocurrida en el bar Los Cantaritos, conocida a nivel nacional, dejó un saldo de diez muertos y trece heridos, lo que llevó al cierre de más de 80 centros nocturnos, entre antros, bares y restaurantes, de los cuales 26 fueron clausurados definitivamente, evidenciando la irresponsabilidad y corrupción de algunas autoridades.
En los últimos meses se ha incrementado la percepción de inseguridad en la población del estado, conclusión a la que también han llegado varios especialistas, como Alexei Chévez, consultor en seguridad y fuerzas armadas, quien en entrevista para El Financiero TV afirmó que las autoridades han sido omisas en el tema de la seguridad, a pesar de que hasta octubre se habían registrado 23 asesinatos que no han podido ser ocultados.
Y aunque parece un acontecimiento aislado más, llama la atención que la violencia continúa, obligando a la ciudadanía a protestar. Así ocurrió con un grupo de habitantes de la colonia Las Huertas, del municipio de El Marqués, conurbado con la capital del estado, que la tarde del pasado domingo 12 de enero bloquearon por varios minutos la carretera federal 57 en dirección a la Ciudad de México, a la altura de San Isidro Miranda, para hacerse escuchar ante la creciente ola de inseguridad.
La principal demanda de los manifestantes fue la intervención urgente de las autoridades para frenar la violencia en la zona, debido a que un grupo de delincuentes ha generado un clima de temor que afecta la paz y la seguridad de las familias. A pesar de las constantes denuncias, no han obtenido respuestas satisfactorias.
Urge que, independientemente de las diferencias partidistas, los gobiernos federal y estatal actúen en coordinación y respondan a la confianza que los mexicanos y queretanos les otorgaron en su elección, al menos en materia de seguridad pública.
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