Comienza el cuarto año del presidente Andrés Manuel López Obrador y la informalidad continúa fuera de la agenda presidencial. Parece ser que el único interés que tiene en este sector de la población es el fiscal, el número de contribuyentes que pueden ser incorporados mediante el Régimen Simplificado de Confianza. Las políticas económicas y laborales insignia de esta administración, el incremento del salario mínimo y la reforma laboral (con su nuevo sistema de justicia laboral, libertad y democracia sindical y órganos de conciliación), poco o nada ofrecen a la población informal, que es el grueso de la población ocupada del país. Y es que detrás de la política económica y laboral del presidente no están los intereses reales y más urgentes del grueso de la población trabajadora, sino los de las empresas estadounidenses que buscan recuperar competitividad restando la capacidad de México de competir a base de salarios bajos.
De acuerdo con la ENOE, 2021 finalizó con un total de 56.7 millones de personas ocupadas, de las cuales, 31.6 millones (56%) se ocupan en un empleo informal. De este total, 2 de cada 10 son jóvenes de 15 a 24 años y 4 de cada 10 tienen entre 25 y 44 años. Aunque la mayoría tiene estudios de secundaria o niveles de educación inferiores (57%), casi la tercera parte tiene una preparación académica del nivel medio superior y superior. Poco más de la mitad (53%) son asalariados y poco más de una tercera parte (35%) son trabajadores por cuenta propia. La mayoría se concentra en el sector terciario (58%). En los sectores secundario y terciario están el 22% y 19% de los informales, respectivamente. Sin embargo, del total de la población ocupada en el sector primario el 87% es informal. Siete de cada 10 trabajadores informales ganan menos de 2 salarios mínimos. Sus ingresos contrastan con el tiempo que laboran, más de 48 horas el 27% y de 35 a 48 horas el 36%.
En otras palabras, la informalidad se nutre de gente joven en su mejor etapa productiva (la mitad de la población ocupada informal tiene menos de 39 años), que labora más de 8 horas a la semana (la mitad trabaja más de 42 horas a la semana) y gana 39 pesos por hora de trabajo en promedio, aunque más de la mitad gana menos de 28 pesos la hora. Esta es la anatomía más superficial de la informalidad. Pero a las largas jornadas y bajos ingresos debe sumarse el alto grado de vulnerabilidad ante despidos, enfermedad, e incluso por pérdida de poder adquisitivo por la inflación, que son características más generalizadas en el heterogéneo universo de las ocupaciones informales (El Economista, 16 de febrero de 2022).
La falta de crecimiento económico ha hecho persistente el avance de la informalidad. En 2018, año que despidió a la administración pasada, la población ocupada era de 53.7 millones y la informal era de 29.6. Este fue el punto de partida del sexenio de AMLO. Tres años después, a la población ocupada se sumaron 3 millones personas y a la informal 2 millones. La economía ha generado principalmente puestos de trabajo informales, precarios, cuya consecuencia final es la reproducción de la pobreza. El problema de la informalidad no puede ser combatido solamente desde lo fiscal, no es simplemente un problema de incentivos para cumplir con los pagos de las cuotas obrero-patronales y la simplificación tributaria. El combate a la informalidad está íntimamente ligado con el combate al subdesarrollo y el impulso del crecimiento económico, con la inversión productiva, con el aumento de la cobertura de la atención médica y mejor calidad de ésta, con la formación profesional orientada a la producción e innovación tecnológica, tareas todas en las que el Estado tiene responsabilidad, y solo podrá cumplir en la medida en que éste se reoriente sus recursos y eleve sus ingresos.
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