Aguascalientes, Ags. El anuncio del Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad sobre la próxima publicación de los primeros folios aprobados para créditos de vivienda estatal ha vuelto a colocar sobre la mesa el grave problema del acceso a la vivienda en México, donde millones de familias trabajadoras continúan enfrentando dificultades para obtener un patrimonio digno.
La titular del instituto, Gabriela Caudel de Luna, informó que el organismo se encuentra en la fase final de revisión de solicitudes para determinar a los primeros beneficiarios del programa impulsado por la administración de la gobernadora María Teresa Jiménez Esquivel.
Aunque el gobierno estatal presenta este esquema como una alternativa para facilitar el acceso a vivienda, desde el Movimiento Antorchista se advierte que el problema de fondo sigue sin resolverse: el encarecimiento del suelo urbano y la imposibilidad de miles de trabajadores para accederer a una vivienda propia.
De acuerdo con datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, millones de personas presentan carencias relacionadas con la vivienda, mientras que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía ha documentado que el crecimiento de las ciudades ha incrementado el costo de terrenos y viviendas, dificultando aún más el acceso para sectores populares.
Para el dirigente social Pedro Pérez Gómez, este tipo de programas representan apenas un alivio limitado frente a un problema estructural.
“El acceso a la vivienda en México se ha convertido en un privilegio para quien tiene dinero o capacidad de endeudamiento. Miles de trabajadores viven pagando renta, hacinados o alejados de las ciudades porque simplemente no pueden comprar una casa”.
El líder antorchista señaló que el crecimiento urbano actual favorece principalmente a desarrollos inmobiliarios privados, mientras las familias de bajos ingresos quedan excluidas.
“Vemos cómo crecen fraccionamientos residenciales y zonas exclusivas, mientras el pueblo trabajador batalla incluso para conseguir un terreno pequeño. Hay una enorme desigualdad en el acceso a la tierra y a la vivienda”.
Según cifras nacionales citadas por organizaciones de vivienda y estudios académicos, México enfrenta un déficit habitacional que supera varios millones de viviendas, situación que afecta principalmente a trabajadores con bajos ingresos y empleo informal.
Pedro Pérez Gómez sostuvo que los programas de financiamiento pueden beneficiar a ciertos sectores, pero dejan fuera a quienes no cumplen requisitos bancarios o carecen de ingresos estables.
“Muchos trabajadores viven al día. Aunque existan créditos, hay personas que no pueden acceder porque no tienen empleo formal o porque los costos siguen siendo demasiado altos. El problema no se resuelve únicamente con créditos”.
Asimismo, explicó que el aumento constante en materiales de construcción, servicios y terrenos ha hecho más difícil que las familias construyan un patrimonio.
“Hoy una familia trabajadora necesita endeudarse durante décadas para conseguir una vivienda. Eso demuestra que el modelo actual está diseñado para beneficiar al negocio inmobiliario y no para garantizar un derecho social”.
El dirigente también relacionó este problema con el crecimiento desordenado de las ciudades, donde muchas familias terminan viviendo lejos de sus centros de trabajo, incrementando gastos de transporte y deteriorando su calidad de vida.
Finalmente, hizo un llamado a analizar el problema desde una perspectiva más amplia:
“La vivienda no debe verse como mercancía. Es una necesidad básica y un derecho. Mientras no exista una política verdaderamente orientada a resolver las necesidades del pueblo, millones de mexicanos seguirán sin acceso real a un patrimonio digno”.
El debate sobre la vivienda en Aguascalientes ocurre en un contexto nacional marcado por el aumento del costo de vida, la precariedad salarial y el crecimiento urbano desigual, factores que continúan afectando principalmente a las familias trabajadoras.
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