El artículo 4 de la constitución mexicana, señala que “toda familia tiene derecho a disfrutar de vivienda digna y decorosa. La ley establecerá los instrumentos y apoyos necesarios a fin de alcanzar tal objetivo”; sin embargo, en la práctica, la única vivienda que conocemos propuesta por el Estado es la de interés social, aquella que solo puede adquirir una persona que tenga crédito de Infonavit, y antes que eso es indispensable tener un empleo formal que otorgue crédito para vivienda.
Por ende, el tema de la vivienda está íntimamente ligado al del empleo formal, pues este último es una condición para acceder a una vivienda digna y decorosa, como dice la constitución. Pero de un tiempo para acá el empleo informal ha crecido cada vez más, y con ello, inevitablemente, la vivienda popular, que es aquella que se va construyendo progresivamente con base en el esfuerzo de sus ocupantes mientras se habita, esperando terminarla algún día y que sea segura, duradera y suficiente para la familia.
En Manzanillo, este fenómeno es muy visible, pues desde sus inicios, cuando se funda como ciudad y puerto, la prioridad ha sido desarrollar la economía, dejando en segundo plano el bienestar de las familias. Es así como en 1946, el Gobierno federal hace inversiones en el puerto para crear el muelle fiscal que atendería el tráfico marítimo, para que más tarde, en 1970 , se le designará como puerto de entrada para el comercio marítimo con Asia, atrayendo así la atención como un potencial del desarrollo económico para la región y para el país, y se hicieran serias inversiones para conectarlo por ferrocarril y carretera hacia los demás Estados, para convertirse en el puerto número uno de nuestro país.
Lo deseable es que con este desarrollo económico también hubiera un desarrollo social; sin embargo, no ha sido así, pues fue hasta 1983 aproximadamente cuando empezó la inversión en vivienda de interés social, con la creación de la colonia del Valle de las garzas, en todas sus secciones hasta ocupar casi 180 hectáreas de la ciudad, y de ahí todas las colonias que conocemos hasta terminar con la reserva territorial para vivienda.
Esta falta de territorio ha estancado la creación de más colonias de interés social, pero, sobre todo, la situación económica de los habitantes, la falta de empleo formal, pues los empleados informales no serán buenos clientes para comprar casas de Infonavit, pues no tienen un salario fijo ni permanente.
Esto es un problema que se agrava más cada día, pues a nivel nacional, desde febrero, “la informalidad laboral aumentó en casi 200 mil trabajadores respecto al primer mes del año, al contabilizarse 30.6 millones de personas en esta condición, o sea el 54.6 por ciento de la población ocupada” (el noticiero31 de marzo 2022, pag 12). O sea que 30.6 millones de personas en nuestro país no tendrán acceso a la vivienda a través de los únicos mecanismos que el estado ha promovido: el endeudamiento casi vitalicio, pue son les darán ningún tipo de crédito que alcance para comprarse una casa.
En Manzanillo, no tengo el dato exacto, pero basta con mirar con detenimiento a qué se dedica la gente cercana, para concluir que también a nivel municipal la informalidad va en crecimiento, pues son muchos los habitantes que sus ingresos los obtienen vendiendo algún producto, como comida, ropa, juguetes, zapatos, aparatos electrodomésticos, u ofreciendo algún servicio de albañilería, fontanería, limpieza de casa u oficinas. Además de que ocupamos el primer lugar en falta de vivienda, es decir, que mucha gente vive en casa de renta, prestada o de algún familiar, o en el peor de los casos ha invadido un predio para habitar en condiciones muy deplorables.
Y ante esta situación, los gobernantes, lejos de crear políticas públicas que ayuden a frenar este problema, han mostrado una cerrazón ante la necesidad de miles de manzanillenses que padecen la falta de vivienda, o algún problema relacionado con ella, como hacinamiento, falta de servicios como agua y luz, o falta de calidad en los mismos. Como si fuera la gente la culpable de vivir en una colonia irregular, siendo que no le quedó de otra por su situación económica.
Un grupo numeroso, organizado en el Movimiento Antorchista de Manzanillo, afectado por esta problemática, ha acudido en seis ocasiones ya, a buscar audiencia con la presidenta, con el objetivo de plantearle los problemas más apremiantes que se padecen en colonias irregulares; pero sin argumento lógico se nos ha negado ese encuentro. Y ahí donde hemos planteado una necesidad, nos hemos encontrado con un marco legal irrevocable, que impide hacer algo por los más vulnerables, específicamente por los que viven en zonas de irregularidad, pues para ellos no hay recursos, se les enmarca con la irregularidad de la tierra en la que viven, pero se les olvida que son gente como cualquier otro ser humano, que tiene derechos, además de contribuir en mucho a generar el desarrollo económico de nuestro puerto, pues muchos de ellos son jornaleros, transportistas, limpia oficinas. ¿Qué harán entonces los miles de manzanillenses que, por no tener de otra, viven en una de las más de 85 colonia irregulares?, ¿cuáles son sus alternativas?
Urge que, en Manzanillo, tengamos un gobierno sensible y más humano, que escuche a sus ciudadanos, y que se establezcan mecanismos de apoyo para la población más vulnerable, que se abra espacio al humanismo dentro del marco legal vigente, y se trabaje en un proyecto verdaderamente popular de vivienda digna y decorosa, en donde todos puedan acceder a este derecho básico del bienestar de las familias, sobre todo de los que menos tienen, eso sí sería en cumplimiento del famoso slogan de campaña, de primero los pobres, de otra manera solo será como otro slogan más en la historia. Urge que haya congruencia entre el desarrollo económico y el desarrollo social.
Y por lo que refiere a nuestra lucha, seguiremos insistiendo hasta el final, en ser escuchados, porque la necesidad existe, porque tenemos la razón y porque es nuestro derecho. Y, además, porque no hay mal que dure 100 años ni quien lo aguante.
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