Los jornaleros agrícolas en Sinaloa se calculan por cientos de miles, sean locales o sean migrantes, en conjunto, representan un ejército de trabajadores que cargan sobre su espalda buena parte de la economía de la entidad que está entre las tres potencias agrícolas del país, con San Luis Potosí y Sonora. Los atropellos que se comenten en contra de los que sostienen la economía de la entidad son realmente grandes.  

Cito a Zorayda Gallegos, (elpais.com) “Uno de los peligros más latentes para los jornaleros es el uso de plaguicidas. Las autoridades sanitarias en México (Cofepris) han advertido que los trabajadores agrícolas están sometidos a riesgos especiales asociados a la inhalación y contacto durante la preparación y aplicación de los plaguicidas a los cultivos. Debido a que la exposición constante ocasiona enfermedades cancerígenas y deformaciones congénitas, diversas normas prohíben que los niños y las mujeres embarazadas o en estado de lactancia realicen actividades donde se manejen sustancias tóxicas”. 

Y sigue: “Los trabajadores indígenas son más vulnerables a los efectos de estos químicos por diversos motivos”. “No son informados sobre la peligrosidad de la exposición, los contratantes no los dotan con el equipo de protección requerido y las condiciones en las que viven y trabajan impiden, por ejemplo, que se bañen y laven la ropa después de haber estado en contacto con plaguicidas”, se expone en un informe de Cofepris.

Todo esto es violatorio de los derechos laborales porque, por ley, los patrones deben brindar condiciones de trabajo seguras, que no representen un riesgo para los trabajadores. Y las consecuencias a la salud son, según un estudio hecho por José Guillermo Galindo Reyes, doctor en toxicología de la Universidad Autónoma de Sinaloa, encontró que en los campos de la entidad las empresas utilizan plaguicidas que están prohibidos en otros países.

“Existe un mercado negro de plaguicidas y en él están involucradas diversas autoridades, comenzando por las aduanas que permiten el paso de estos productos prohibidos”. El investigador señala que debido a la exposición constante a los plaguicidas los jornaleros presentan una serie de problemas de salud. “Empiezan a padecer intoxicaciones agudas con síntomas como vómitos, dolores de cabeza o temblores. Las personas que por periodos largos están expuestos a estas sustancias presentan enfermedades más serias, desde leucemias, daños al hígado, cáncer, alteraciones congénitas, sus hijos pueden tener malformaciones o algún tipo de tara (deficiencia mental)”, menciona. (ibid.)

Como se ve, puede ser mortal la exposición a los plaguicidas a la que se les somete a los trabajadores. La violación a las leyes laborales incide en la calidad y esperanza de vida de los jornaleros. “En un operativo emprendido a nivel nacional entre la Cofepris y la Secretaría del Trabajo en 2013 para revisar si a los jornaleros se les capacitaba sobre el manejo de los plaguicidas y agroquímicos, Sinaloa fue la entidad donde más irregularidades se detectaron: 3.680 fallas en 122 recorridos realizados en un año.” (Ibidem). 

Las violaciones a la ley en la entidad son graves. “En Sinaloa es donde la STPS ha emitido el monto más alto de sanciones con 14,8 millones de pesos (unos 822.000 dólares) entre enero de 2006 y agosto 2017, y no se ha pagado ni un peso. En una respuesta hecha a través de una solicitud de información, la delegación de la STPS en Sinaloa detalló que el 97,5 por ciento fueron anuladas y el restante 2,5 por ciento fueron enviadas para su cobro desde 2009, pero éste no se ha saldado.

“Los patrones se resisten a brindarle a sus trabajadores todos los derechos laborales y continúan violando la normatividad porque no hay sanciones, dice María Teresa Guerra Ochoa, autora del libro Los trabajadores de la horticultura sinaloense. A los productores no les importan los derechos laborales de sus trabajadores porque son migrantes, indígenas y pobres y por eso no les pagan utilidades y no les dan vacaciones”, una de las violaciones más frecuentes es que no los inscriben en el seguro social. “A los únicos que inscriben son a los trabajadores de confianza. Cuando alguien necesita hacerse algún estudio, simulan el registro o usan un mismo número de seguridad social para varios jornaleros. En otros casos los dan de alta temporalmente”, dice la activista sinaloense”. (ibid.)

La activista social de la que hace mención el trabajo del diario El País, es hoy secretaria de las Mujeres en Sinaloa, miembro del gabinete del gobernador, Rubén Rocha Moya. “Los productores hortícolas históricamente han sido consentidos y protegidos porque tienen una interacción directa con los gobernadores. “Ellos además están organizados, mientras que los jornaleros si acaso están en algún sindicato corporativo que ni los representan bien y nomás les cobran cuota”, expone. Así termina la hoy secretaria, al referirse a la protección oficial hacia los patrones.

Hoy es más necesaria que nunca la formación de una gran organización de jornaleros de todo Sinaloa, naturales y migrantes, para defender sus derechos laborales y exigir unas condiciones de trabajo más dignas que los ayuden a superar la pobreza en la que viven desde hace años.