• La privatización encubierta del agua en el Estado de México deja a miles de familias sin el recurso básico y a merced de cobros arbitrarios
Para la activista social del Movimiento Antorchista en el Estado de México, Fany Mendoza Mejía, responsable política de la colonia Pedro Sánchez Camacho —una de las más afectadas por la Operación Caudal implementada por el gobierno morenista en la entidad—, se trata, sin duda, de una acción no planificada a profundidad e irresponsable.
“¿En dónde está el derecho humano al agua si el gobierno es el culpable de que suba el precio que nos llega por medio de pipas?”
En ella se buscó asignar las concesiones de distribución de agua potable a empresas particulares afines a la 4T, eliminando a su competencia sin tomar en consideración que un número muy grande de localidades no cuentan con una red de suministro y dependen del servicio de pipas.
Para evitar futuros inconvenientes y resolver los que aún prevalecen, se debe garantizar el acceso de todos los mexiquenses al agua potable, como es su derecho.
La Ley General de Aguas, en su artículo 28, establece que: “corresponde a los municipios en los términos de la presente ley y de las disposiciones locales aplicables, las siguientes facultades: [...] VIII.
Garantizar la prestación de los servicios públicos de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas residuales considerándolos como un derecho humano de atención prioritaria”.
Pero en la realidad, de acuerdo con lo vivido por los afectados, este derecho humano prioritario sólo existe en el papel:
“Tenemos doce años pidiendo que nos metan el agua; ni el gobierno del estado ni las autoridades de Nicolás Romero nos hacen caso. No nos queda de otra que seguir pagando el agua cara en detrimento de nuestra economía, que ya de por sí no nos alcanza para nada”, expresan los vecinos de la colonia Pedro Sánchez Camacho, en Nicolás Romero.
“Es denigrante e injusto que nos cobren el agua muy cara, que nos la escatimen y que nosotros por necesidad la paguemos al precio que quieren los piperos”, es la queja de María Sánchez y de miles de habitantes del Estado de México, quienes desde la Operación Caudal —implementada el 24 de octubre de 2025— han sufrido el desabasto en el suministro y el incremento del 50 % o más en su adquisición.
El gobierno mexiquense clausuró 51 pozos en 48 municipios, lo que ocasionó una escasez que, como en el caso de Texcoco, todavía perdura al grado de que los habitantes de las colonias populares tienen que comprar garrafones de veinte litros —cuyo costo es de veinte pesos— para cubrir sus requerimientos más elementales:
“No hay agua ni para las necesidades más básicas; en estos meses nos hemos adaptado a bañarnos sólo un día a la semana, usamos lo menos posible los trastes y duramos varios días con la misma ropa”, señaló María Olmos López. Ella, al tener de vecino al dueño de varias pipas, cuestiona que estén aparcadas porque, según el transportista, no hay pozos en el municipio en donde pueda abastecerse.
En este contexto, en Nicolás Romero las autoridades clausuraron cuatro pozos y, al igual que en otras demarcaciones, el resultado es negativo:
“De 22 pesos que pagábamos por un tambo de agua, hoy nos cuesta 35 y hasta 40 pesos; a los que cuentan con cisterna les subió de 800 pesos a mil 500 o mil 800 pesos para poder llenarla. No es justo que la paguemos tan cara; además, nos han dejado hasta veinte días sin agua y si contratamos a otro pipero no sé cómo se enteran, pero el que viene a la colonia ya no nos quiere surtir, son muy groseros”, refirió Sandra Jácome.
El 11 de diciembre de 2025 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto de la nueva Ley General de Aguas, que tiene como eje central el derecho humano al agua y al saneamiento, la rectoría del Estado en la gestión del recurso y la planeación hídrica por cuencas.
Sin embargo, según uno de los concesionarios en el Estado de México, la nueva ley, al modificar las concesiones, incrementa sustancialmente el costo para los usuarios. Dato que, al conocerlo, María Sánchez cuestionó: “Quiere decir que el culpable de que suba el agua que nos llega por medio de pipas es el gobierno; entonces, ¿en dónde está el derecho humano al agua?”.
De acuerdo con los datos de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (Ensanut) y al análisis del Instituto Nacional de Salud Pública (INSP), en el Estado de México se estima que el 20 % de los hogares —equivalente a cerca de 910 mil familias— enfrenta inseguridad hídrica, ya que no tiene la certeza de contar con agua potable, aun cuando en sus comunidades haya la infraestructura adecuada.
Tan sólo en Nicolás Romero, las colonias afectadas por la falta de agua y cobros abusivos son: La Libertad, El Tráfico, Tráfico Tanque, San Juan Tlihuaca, Árbol Solo, Cahuacán, Loma del Río, San Miguel Lila, El Vidrio, Manuel Celis, Espartaco, Balcones de Santa Anna, Elsa Córdova, Manuel Serrano, Pedro Sánchez Camacho y Morelos.
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