Este Gobierno a días de concluir, haciendo el recuento de los daños, o aciertos, siguió el camino de anteriores presidentes, y con base el artículo 135 de la carta Magna, modificó la Constitución con la promesa de darle al pueblo mexicano, mediante dichas reformas, la prosperidad prometida en campaña.
En fecha recientes ha tomado real relevancia la reforma al poder judicial, so pretexto de democratizar a las autoridades judiciales, que es parte del paquete de reformas que envió en febrero de presente año a la Cámara Baja del congreso, y que después de la victoria electoral del 2 de junio, donde Morena obtuvo la mayoría calificada, en la próxima legislatura podría obtener finalmente la aprobación.
La idea de democratización y acceso al poder judicial, se desvanece, pues en realidad serán los partidos en el poder quienes controlen la selección de los perfiles que después serán votados.
El argumento desgastado del presidente, es y ha sido el combate a la corrupción, pero sin presentar las pruebas de sus dichos, debería saber que en derecho “quien afirma está obligado a probar” y que sus otros datos, que nunca muestra, por cierto, no son prueba de nada. Ha dicho en reiteradas mañaneras que el poder Judicial está tomado, está secuestrado, está al servicio de una minoría rapaz, está al servicio de la delincuencia llamada organizada y de la delincuencia de cuello blanco; entonces solo con la participación de la gente, con la democracia (...) vamos a poder avanzar y esto no es un asunto que se va a lograr fácilmente en el corto plazo, va a llevar tiempo, pero hay que empezar".
La reforma contempla que los candidatos a cargos judiciales sean seleccionados mediante un proceso de verificación por parte del Poder Ejecutivo y Legislativo. Por tanto, la idea de democratización y acceso al poder judicial, se desvanece, pues en realidad serán los partidos en el poder quienes controlen la selección de los perfiles que después serán votados por la ciudadanía, comprometiendo así su independencia e imparcialidad.
Como parte de la justificación, montó un teatro, con conferencias, encuentros con especiales, etcétera, donde todos coincidieron en lo peligroso que será aprobar una reforma judicial con las características con que cuenta la presentada por el Gobierno, esas voces como en los viejos tiempos de mayor cerrazón de un presidente, ni los oyó, ni los vio. Y la reforma sigue, sin una coma modificada.
Ante ello solo ha quedado el ejercer uno de los derechos consagrados en nuestra Constitución, el derecho a la manifestación, donde no solo los miembros del poder judicial sino también la ciudadanía mexicana ha mostrado su inconformidad. Cabe resaltar la de los estudiantes de derecho de la UNAM. Pese a todos las advertencias de especialistas, la reforma judicial ya fue aprobada por la Cámara Baja el pasado 4 de septiembre, en una sede alterna al Palacio Legislativo de San Lázaro debido al bloqueo del edificio por parte de trabajadores del Poder Judicial que se oponen, y se encuentra rumbo a ser debatida en la Cámara Alta, donde algunos representantes de Morena afirman que el oficialismo ya tiene los votos necesarios, negociando con senadores y comprando sus votos, como lo son los dos del extinto PRD.
Académicos, políticos de oposición, estudiantes y ciudadanos de a pie han levantado la voz en contra de los posibles efectos que tenga la reforma judicial en la vida política y judicial de México, algunos alertando sobre la disolución de la división de poderes en el país, parcialidad de los jueces y el respeto a los Derechos Humanos.
En fin, seguiremos en un mundo polarizado donde las voces legítimas de oposición no podrán disentir y pocos recursos legales tendrán, pues los miembros del poder judicial estarán sometidos al poder ejecutivo. Eso nos espera si no se detiene esta reforma.
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