El pasado martes 4 de septiembre, el Director de Patrimonio del Estado, MC Belisario Reyes Herrera, ante la pregunta de varios reporteros sobre las acciones que la dependencia a su cargo ha realizado en el estado durante el tiempo que lleva la actual administración, respondió de manera implícita que no han hecho nada positivo, ni nada que sea bueno para la gente, según él, por culpa de las organizaciones sociales que existen en el estado, a las cuales acusó, entre otras cosas, de "ser un lastre para el actual gobierno". Si usamos la lógica, habría que imaginarse si acaso estas organizaciones le han puesto un arma en la cabeza para no dejarlo trabajar, o acaso lo han atado de pies y manos para inmovilizarlo, al grado de que no haya podido emprender las acciones en beneficio de los veracruzanos a las que está obligado por ley, y la respuesta es obvia, no le han hecho ni una ni otra cosa; si no está dando resultados es por su propia incapacidad.
En esta declaración, Belisario Reyes CONFIESA paladinamente el verdadero deseo de los gobiernos de la 4T, en relación a los derechos constitucionales del pueblo mexicano: de organización, gestión y libre manifestación, pues revela que por órdenes del presidente López Obrador al gobernador del estado, hay que hacer a un lado a los dirigentes y que no tratará los asuntos de la gente con ninguna organización, porque los primeros "se han enriquecido". Esto, en términos claros, significa violar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ley por la cual el pueblo mexicano luchó y derramó mucha sangre en la Revolución Mexicana. Es decir, están negando al pueblo la posibilidad de organizarse y de luchar por conquistar mejores condiciones de vida, porque saben que solo un pueblo organizado puede hacer contrapeso a las arbitrariedades y abusos que ellos están cometiendo en el ejercicio del poder.
Dos de las funciones de la Dirección de Patrimonio del Estado son: dotar de terrenos a las familias que no tienen dónde construir su vivienda y regularizar los asentamientos que por determinadas circunstancias están irregulares en todo el estado. Sin embargo, esta Dirección no está cumpliendo con la función a la que está obligada por ley, a pesar de que el problema de la falta de vivienda en Veracruz, es un problema grave, pues conforme a datos del Consejo Nacional de Evaluación a las Políticas Sociales (Coneval) en el estado de Veracruz existen 1 millón 400 mil personas sin vivienda; y efectivamente, si esta institución no está cumpliendo con su obligación legal, no tiene razón de ser y la deberían desaparecer o bien quitar al funcionario que no la está haciendo servir.
Belisario Reyes acusa también, que las administraciones anteriores dieron canonjías y toleraron el crecimiento de las organizaciones, al grado que estas se volvieron muy poderosas. En lo que respecta a Antorcha Campesina, queremos dejar bien sentada la posición de que no recibimos ninguna canonjía, que lo que hicimos fue hacer válido lo establecido en el párrafo quinto del artículo 4° constitucional y en la Ley Federal de Vivienda, en donde queda claramente establecido que todos los mexicanos tienen derecho "a una vivienda digna y decorosa". Tuvimos que trabajar con ahínco y energía para que las administraciones anteriores cumplieran con esta obligación legal y fue así como pudimos hacer que miles de familias veracruzanas cuenten el día de hoy con un lugar en donde vivir. Tuvimos que hacer movilizaciones ante las instancias gubernamentales, porque también había resistencia para acatar estos mandatos legales, de tal manera que lo dicho por Belisario Reyes, es una afirmación gratuita y sin ningún sustento.
Le recuerdo al director de Patrimonio que, al inicio de la administración, sostuvimos algunas reuniones y trazamos, entre una comisión de Antorcha y él de manera personal, una ruta para ir resolviendo los problemas de regularización de varias colonias en el estado de Veracruz. Los términos de la reunión fueron bastante amables y cordiales, pero, como él mismo lo dijo, llegó la orden del presidente de la Republica de no tratar con organizaciones, y es por eso que ahora ante los medios vocifera en contra de los dirigentes de éstas e incluso los amenaza. Sin embargo, quisiera decirle con todo respeto, que nosotros seguiremos trabajando en favor de las familias que no tienen vivienda porque es un derecho constitucional.
Por otro lado, el día de hoy 7 de septiembre, una comisión de antorchistas abordó al Ing. Cuitláhuac García Jiménez, gobernador del estado, en la congregación de Chiltoyac, municipio de Xalapa, para reiterarle la petición de audiencia que el Comité Estatal de nuestra organización le ha venido solicitando reiteradamente, para tratar los asuntos del pliego petitorio que le fue entregado el pasado mes de febrero. Dicha comisión lo abordó en dos ocasiones: primero al llegar al evento, y al hablar con él, el gobernador manifestó que no quería hablar con los antorchistas porque eran unos "groseros y leperos", por lo que los dejó con la palabra en la boca; al concluir el evento, la comisión volvió a abordarlo y ya en un plan más sereno, les manifestó que "pudiera darse el diálogo, siempre y cuando haya respeto", y después de meditar un rato les dijo que él "buscaría a los dirigentes".
Los antorchistas negamos ser leperos y groseros, es cierto que somos críticos de las acciones de los gobiernos y exigentes de que se cumpla la ley, pero hay una gran diferencia entre criticar la falta de eficacia del director de Patrimonio del Estado, por ejemplo, o la del presidente municipal de Xalapa, a ser irrespetuosos con la autoridad. Negamos categóricamente los calificativos vertidos en nuestra contra.
¿A cuál de las dos versiones obedecerá la cerrazón del gobierno del Ing. Cuitláhuac García?, a la vertida por Belisario Reyes, de que hay línea del presidente de no atender a las organizaciones, o a la de quienes dicen que se debe a que los antorchistas somos "leperos y groseros".
Antorcha es una organización consolidada y seguirá trabajando a paso firme, el tiempo dirá quién tiene la razón. Hacemos un llamado a las demás organizaciones sociales y políticas para defender el Estado de Derecho y luchar en contra de la pobreza y la injusticia social.
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