• 88 % de la población se concentra en esta área y el transporte es insuficiente
El problema del transporte en el Área Metropolitana de Monterrey no es un asunto aislado ni meramente técnico o político, es una consecuencia directa del modelo de desarrollo capitalista que ha privilegiado el crecimiento económico por encima de la planeación urbana y el bienestar social; es decir, se trata de un problema estructural.
En promedio, las personas destinan alrededor de 70 minutos diarios a trasladarse, aunque una parte considerable enfrenta trayectos de hasta tres horas al día.
Cada año, Nuevo León recibe miles de migrantes. Diversas estimaciones señalan la llegada de entre 120 mil y más de 150 mil personas anualmente, principalmente en busca de empleo.
Tan solo entre 2015 y 2020, el estado sumó más de 277 mil nuevos residentes provenientes de otras entidades del país. Surge entonces una pregunta fundamental: ¿por qué llegan? La respuesta es clara.
Monterrey representa una atracción económica debido a su fuerte sector industrial, la presencia de inversión extranjera y la percepción de mejores oportunidades laborales.
Sin embargo, este fenómeno también es reflejo del rezago económico, educativo y social en otras regiones del país, lo que obliga a miles de personas a desplazarse para mejorar sus condiciones de vida.
La situación se agrava cuando se observa la forma en que está distribuida la población. Aunque el estado cuenta con 51 municipios, cerca del 88 % de sus habitantes se concentra en la zona metropolitana, que incluye municipios como El Carmen, García, Zuazua, Juárez y Santa Catarina, entre otros. Este crecimiento ha sido acelerado; un ejemplo claro es García, que pasó de aproximadamente 13 mil habitantes a cerca de 397 mil en apenas tres décadas.
Esta expansión urbana no ha ido acompañada de un plan integral de desarrollo. Como consecuencia, han surgido múltiples problemáticas: crisis en los servicios básicos, alto costo de la vivienda y, de manera particular, un sistema de transporte insuficiente y desigual.
En este contexto, es necesario preguntarse: ¿a qué se enfrenta diariamente la población trabajadora en materia de movilidad? El transporte público presenta deficiencias importantes.
En promedio, las personas destinan alrededor de 70 minutos diarios a trasladarse, aunque una parte considerable enfrenta trayectos de hasta tres horas al día. Además, el 40 % de los traslados se origina en zonas periféricas como El Carmen, García, Zuazua, Juárez y Santa Catarina, mientras que el 26 % tiene como destino el municipio de Monterrey, lo que evidencia una fuerte centralización de las actividades económicas.
De acuerdo con datos del Inegi, el sistema de transporte público moviliza a más de 17 millones de pasajeros, de los cuales el 77.4 % utiliza Metrorrey. No obstante, este sistema cuenta únicamente con tres líneas que cubren alrededor de 40 kilómetros y solo atienden a una parte limitada de los municipios metropolitanos. La falta de cobertura y accesibilidad incrementa los tiempos de espera y traslado, lo que afecta directamente la calidad de vida de las personas.
Para una gran parte de la población, el día se reduce a una rutina agotadora: salir de casa, trasladarse durante horas, cumplir con la jornada laboral, regresar y repetir el ciclo.
El tiempo destinado al desarrollo personal, familiar o educativo prácticamente desaparece. En este sentido, el transporte no sólo es un problema de movilidad, sino también de desigualdad social.
Si bien este fenómeno tiene raíces estructurales profundas, también es responsabilidad de los gobiernos implementar medidas que atiendan las necesidades inmediatas de la población.
Es indispensable fortalecer las estrategias de movilidad, ampliar la cobertura del transporte público y garantizar un sistema más eficiente, accesible y sustentable.
Sin embargo, no debe perderse de vista que estas problemáticas difícilmente se resolverán de fondo mientras continúen las condiciones que las originan.
Son los trabajadores quienes enfrentan directamente las consecuencias: retrasos que se traducen en descuentos salariales, largas filas para el transporte después de jornadas extenuantes y una constante presión sobre el ingreso familiar.
Ni los gobiernos ni las empresas modificarán de manera real una situación que no afecta sus intereses de forma directa. Por ello, el papel de la clase trabajadora resulta central.
Sólo a través de la organización, la conciencia colectiva y la lucha será posible impulsar cambios reales, no solo en el transporte público, sino en las condiciones generales de vida.
El problema del transporte en Monterrey no es únicamente cómo moverse de un punto a otro, sino en qué condiciones vive y se desarrolla la mayoría de su población. Y mientras esa realidad no cambie, la movilidad seguirá siendo una de las expresiones más visibles de la desigualdad.
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