En el área metropolitana de Monterrey, la gestión de los alcaldes parece ser un ciclo interminable de promesas y cambios, pero una constante persiste: la presencia de vendedores ambulantes. Estos trabajadores informales son a menudo vistos como un obstáculo para el tráfico y el desarrollo urbano, además de representar una mala imagen para la ciudad regia.
La problemática de los vendedores ambulantes refleja un sistema económico que perpetúa la desigualdad y la injusticia social en México.
Sin embargo, su situación va más allá de los inconvenientes que generan en la movilidad y en la estética de la ciudad. Son producto de una necesidad material, al buscar cómo solventar sus necesidades elementales y vivir una vida cercana a la dignidad humana.
Es el momento de entender que la problemática de los vendedores ambulantes es un reflejo de un sistema económico que perpetúa la desigualdad y la injusticia social, que se traduce en que comerciantes informales se enfrentan a condiciones laborales precarias que no solo afectan su calidad de vida, sino que también evidencian la fragilidad del sistema laboral en el que estamos inmersos.
En un contexto donde los salarios de las fábricas son insuficientes para cubrir las necesidades básicas, muchos se ven forzados a buscar alternativas en el comercio informal. Sin acceso a prestaciones sociales, seguridad social o un ambiente laboral seguro, estos trabajadores arriesgan no solo su estabilidad económica, sino también su vida.
Es claro que la falta de regulación los expone a la violencia, al acoso de autoridades y a condiciones insalubres, mientras que su labor no les garantiza ingresos dignos.
Este fenómeno no es simplemente una cuestión de espacio en la vía pública; es un reflejo de una mala distribución de la riqueza en el país.
El sistema capitalista ha creado un “ejército de reserva” de trabajadores que, ante la falta de oportunidades formales, recurren a la informalidad como medio de subsistencia. Esta realidad pone de manifiesto un problema estructural que requiere atención urgente, que con dádivas no se va a resolver.
Por lo anterior, es necesario romper con el discurso que criminaliza a los vendedores ambulantes y entender que su existencia es un síntoma de una economía que ha fallado en proporcionar alternativas justas y equitativas.
Para abordar esta problemática de raíz, y en una primera etapa, es fundamental que los alcaldes reconozcan la importancia de una verdadera inclusión económica y social.
La gestión pública debe ir más allá de implementar medidas punitivas o de reubicación de vendedores. Se debe fomentar un diálogo auténtico, promoviendo acciones concretas en la creación de condiciones materiales que se traduzcan en mejoras de todo tipo para estas comunidades, escuchando sus necesidades y preocupaciones.
La organización y educación del pueblo, tal como propone el movimiento Antorchista, podría ofrecer herramientas para que los vendedores ambulantes no solo sean escuchados, sino que se les brinden opciones viables para su sustento.
Es crucial que se construya una red de apoyo que les permita acceder a créditos, capacitación y espacios de trabajo dignos. Los alcaldes deben ver la situación de los vendedores ambulantes no como un simple problema de obstrucción de tráfico y ornato de la metrópoli, sino como una crisis social que demanda soluciones integrales.
Esto implica reconocer el potencial de estos trabajadores como parte activa de la economía local y buscar alternativas que promuevan su dignidad y seguridad. Las ciudades no deben ser vistas como meros espacios para el tránsito y una bella vista para los turistas y residentes, sino como ecosistemas donde todos sus habitantes pueden vivir con dignidad y prosperar.
El cambio no llegará a través de medidas aisladas, sino mediante un compromiso real con las condiciones sociales y económicas de los más vulnerables.
Sólo así, el área conurbada de Monterrey podrá avanzar hacia un desarrollo más equitativo, donde todos sus ciudadanos tengan la oportunidad de prosperar sin riesgo de perder su vida o su futuro.
Esto requiere un enfoque revolucionario que entienda que el bienestar de la ciudad está intrínsecamente ligado al bienestar de sus habitantes y que la lucha por mejores condiciones laborales y una distribución más justa de la riqueza es una lucha que nos concierne a todos.
Finalmente, los alcaldes deben entender que la solución a la crisis del comercio informal no está en la represión, sino en la creación de políticas públicas inclusivas que fomenten el desarrollo económico equitativo. Es imperativo que los líderes locales asuman un rol proactivo en la construcción de una ciudad más justa, donde el trabajo dignifique y no condene.
Si realmente se desea un Monterrey próspero y en crecimiento, se debe trabajar junto al pueblo, escuchando sus voces y luchando por sus derechos, creando un futuro donde nadie quede atrás.
El movimiento Antorchista en Nuevo León está para sumar y lograr cualquier proyecto en beneficio del desarrollo social y económico de la clase trabajadora.
Sobre todo, ha llegado la hora de implementar un modelo diametralmente opuesto al que prevalece actualmente, de la mano con el pueblo trabajador en plena acción, educado, politizado y organizado, lograr el cambio donde prevalezca la justicia social de todo neolonés y todo mexicano.
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