El fenómeno de la inseguridad, presente en diversas regiones del mundo, es un problema que afecta de manera directa la calidad de vida de las personas.
Este mal, que se manifiesta en la violencia, el crimen y la falta de paz social, tiene sus raíces profundamente entrelazadas con las estructuras del sistema capitalista.
El Movimiento Antorchista muestra a lo largo del país que es posible construir un futuro diferente, uno en el que la seguridad no sea un privilegio de unos pocos, sino un derecho garantizado para todos.
El caso del estado de Nuevo León, en particular la zona sur, compuesta por los municipios de Gral. Zaragoza, Aramberri, Mier y Noriega, Dr. Arroyo, Galeana e Iturbide, ofrece un claro ejemplo de cómo la inseguridad es consecuencia directa de las dinámicas económicas, sociales y políticas que el capitalismo fomenta y perpetúa.
Hoy, el sur de Nuevo León es un claro ejemplo de que los “abrazos, no balazos” no funcionan, no sirven para gran cosa; es mentira que “amor con amor se paga”.
El mal social de la delincuencia está desatado en esta parte del estado; “pueblo chico, infierno grande”. La población se encuentra en shock.
No basta con las limosnas impuestas por la Cuarta Transformación; sólo alimentan y fortalecen al sistema capitalista en su modalidad neoliberal.
Mientras la sociedad se mantenga dividida en dos clases preponderantes, los ricos y pudientes en un extremo, y los pobres y depauperados en el otro, será imposible que la situación mejore; serán sólo sueños guajiros.
El capitalismo, en su búsqueda constante por maximizar ganancias y acumular capital, tiende a generar profundas desigualdades sociales y económicas.
Estas desigualdades se reflejan en la concentración de riqueza en manos de unos pocos, mientras que grandes sectores de la población se ven sumidos en la pobreza y la marginación.
En el sur de Nuevo León, esta brecha es evidente; muchas comunidades carecen de acceso a servicios básicos, educación de calidad y oportunidades laborales dignas.
La falta de recursos y oportunidades convierte a estas regiones en terreno fértil para la proliferación de actividades ilícitas. Las personas, al verse excluidas de los beneficios del desarrollo económico, a menudo recurren a la delincuencia como medio de subsistencia.
La inseguridad, en este contexto, no es sólo un problema de orden público, sino una manifestación de la injusticia estructural que caracteriza al sistema capitalista.
En muchas ocasiones, el Gobierno no cumple con su deber de proteger a sus ciudadanos y garantizarles un entorno seguro.
La falta oportuna de presencia policial en zonas marginadas se traduce en un vacío de poder que es rápidamente cooptado por la delincuencia organizada.
Actores criminales nacen de la necesidad; la corrupción, la ineficacia administrativa y la falta de voluntad política agravan aún más la situación, dejando a las comunidades a merced de la violencia y el crimen organizado.
En estas condiciones, la inseguridad se convierte en un círculo vicioso: la falta de desarrollo económico y la ausencia del Gobierno incrementan la violencia, lo que a su vez ahuyenta la inversión y perpetúa la pobreza.
Este ciclo es difícil de romper sin una intervención decidida y estructural que aborde las raíces del problema.
La lucha contra la inseguridad en el sur de Nuevo León y en otras regiones afectadas por este mal no es una tarea sencilla, ni puede ser resuelta con soluciones superficiales.
Es necesario un cambio profundo en las estructuras económicas y políticas que sostienen el sistema capitalista, un cambio que sólo puede ser impulsado por la organización y la movilización popular.
Es necesario fomentar y formar un frente, donde el pueblo humilde y trabajador se levante de su letargo, exija y luche por la justicia, y que hoy sus gobernantes locales elegidos luchen y peleen de la mano con la clase trabajadora por mejoras sustanciales, independientemente del color que los llevó al poder.
Desafortunadamente, estos colores que los llevaron al poder lo único bueno que saben hacer muy bien es polarizar, dividir al pueblo, manipularlo y tenerlo sometido, para beneficio de unos cuantos.
La vanguardia del pueblo unido, organizado y educado se puede convertir en una fuerza imparable que busque y se aplique en la creación de un modelo económico justo y distributivo de la riqueza que él mismo produce.
El Movimiento Antorchista muestra a lo largo del país que es posible construir un futuro diferente, uno en el que la seguridad no sea un privilegio de unos pocos, sino un derecho garantizado para todos.
La organización popular, cuando es dirigida hacia la justicia social y la equidad, tiene el potencial de transformar la realidad de las comunidades más vulnerables y de crear un mañana más justo y seguro.
La lucha contra la inseguridad es también una lucha contra las injusticias del sistema capitalista. Mientras persistan las condiciones de desigualdad y exclusión que este sistema genera, la inseguridad seguirá siendo un problema endémico.
Sin embargo, con organización, solidaridad y un compromiso inquebrantable con la justicia social, es posible imaginar y construir un futuro diferente, un futuro en el que la seguridad y el bienestar sean una realidad para todos.
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