Hace dos años, el 12 de abril de 2023, México fue testigo de un crimen que encapsula la brutalidad y la impunidad que hoy corroen al país. Conrado Hernández, Mercedes Martínez y su pequeño hijo Vladimir fueron asesinados en Guerrero, un estado marcado por la violencia y la desigualdad.
Lo que en un principio se intentó presentar como un accidente pronto se reveló como un acto de barbarie: los adultos fueron golpeados hasta la muerte, y el niño, asfixiado. A pesar de las evidencias, el caso sigue impune, como tantos otros en México.
Conrado y Mercedes no eran víctimas cualquiera; eran luchadores sociales, miembros del Movimiento Antorchista, dedicados a mejorar las condiciones de los más pobres. Su crimen no fue aleatorio: fue un mensaje. Un mensaje de terror para quienes osan desafiar un sistema que protege a los poderosos y castiga a los que exigen justicia.
Su muerte es un reflejo de un México donde la violencia se normaliza y donde el Estado, lejos de garantizar seguridad, perpetúa la impunidad.
A dos años del hecho, las autoridades estatales han fallado: las promesas de investigar y castigar a los responsables se han evaporado, como suele ocurrir cuando las víctimas son líderes sociales, estudiantes o defensores de derechos humanos. Ante esta inacción, el Movimiento Antorchista llevará su exigencia de justicia a instancias federales.
Este caso no es aislado: es parte de una crisis nacional donde la violencia y la impunidad son cómplices. Según datos oficiales, en 2023 se registraron más de 30 mil homicidios dolosos en México, y la tasa de impunidad supera el 90 %. Guerrero, epicentro de este crimen, es también símbolo de la incapacidad del Estado para proteger a sus ciudadanos.
La muerte de Conrado, Mercedes y Vladimir no sólo exige justicia, exige un cambio estructural profundo que el Estado ya no puede seguir aplazando.
Pero hay algo más profundo aquí: la muerte de Conrado, Mercedes y Vladimir no solo exige justicia, exige un cambio estructural profundo. México no puede seguir siendo un país donde la lucha por la dignidad se paga con la vida.
La organización social, como la que promueve el Movimiento Antorchista, es fundamental para enfrentar esta realidad. Sin embargo, también es responsabilidad del Estado actuar con determinación: investigar, castigar y, sobre todo, prevenir.
Mientras el Movimiento Antorchista conmemora a sus compañeros, todos los mexicanos deberíamos unirnos a su exigencia, porque la impunidad no es sólo su problema: es nuestro fracaso colectivo. Si permitimos que estos crímenes queden en el olvido, estamos condenando a México a un futuro donde la violencia y la injusticia seguirán reinando.
El crimen de nuestros compañeros no es sólo una tragedia, sino un reflejo de la crisis de impunidad y violencia que azota a México. La lucha por un país más justo fue silenciada con brutalidad, pero su legado persiste en la exigencia colectiva de justicia.
Tras dos años de su asesinato, la inacción del Estado no sólo perpetúa el dolor, sino que envía un mensaje muy peligroso: la violencia puede triunfar cuando las instituciones fallan.
Sin embargo, su historia también muestra que la organización social es un antídoto contra la impunidad. El Movimiento Antorchista, al mantener viva su memoria y exigir respuestas, demuestra que la resistencia no se extingue. Pero esta lucha no puede depender sólo de las víctimas: es responsabilidad de todos —sociedad, medios y autoridades— demandar un México donde la justicia no sea privilegio, sino derecho.
Mientras su caso siga impune, será una herida abierta en la conciencia del Movimiento Antorchista Nacional. Honrarlos significa transformar el lamento en acción, la indignación en cambio, y el sueño de un México justo en realidad. La justicia para ellos es, en última instancia, justicia para todos, y ese es el México que no podemos dejar de construir.
El mejor homenaje para Conrado, Mercedes y Vladimir no son solo las palabras, sino la acción sostenida, una lucha constante. Exigir justicia para ellos es exigirla para todas las víctimas de un sistema que prioriza intereses sobre derechos.
Es convertir su memoria en un llamado a construir un México donde la lucha por la dignidad no sea un delito, donde los pobres no sean invisibles y donde el Estado cumpla su función elemental: proteger la vida.
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