Toda aquella persona que haya tenido la oportunidad de viajar, ya sea por trabajo o placer, no me dejará mentir de que, al llegar a ciudades de nuestro país medianamente industrializadas, lo primero que se alcanza a visualizar por las ventanas del vehículo, camión, avión, etc., al recorrer la periferia de las mismas, son las viviendas, chozas, casas habitación de diversos materiales, pero en muchos casos, casas de madera, cartón, lodo, adobe, lámina, plástico, etc., donde habitan una buena parte de la población de la ciudad o comunidad en cuestión. El material depende mucho de la capacidad económica y/o profesión a la que se dediquen los jefes de familia. Aunque dejando un poco la cuestión material del asunto, la realidad es casi la misma para todas aquellas personas que llegaron a esos lugares, en busca de un hogar para su familia.
El gran desarrollo de la industria y el poco o nulo apoyo al campo, ha orillado a familias enteras a emigrar del campo a la ciudad, en busca de trabajo y alimento para los suyos, esa es la razón principal del aglomeramiento de familias enteras a las orillas de las grandes ciudades. Al llegar a dichos centros urbanos, las familias buscan un pedazo de tierra en el cual construir una pequeña choza que dé techo y seguridad a sus miembros, el tamaño del terreno ya casi no importa, es cuestión de supervivencia. Existen casos en que, en una sola casa, de las conocidas como “pichoneras”, que construye el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT), en común acuerdo con diversas empresas constructoras de viviendas como GEO, ARA, etc., alberga, en el mejor de los casos a más de 10 personas acinadas en dicha “vivienda”.
La búsqueda de trabajo, de comida para los suyos, obliga a las personas a buscar ocupaciones con bajos ingresos, ya sea de peones de albañil, ayudantes de cualquier otro tipo de rama laboral, etc., ganando en mísero salario que no alcanza más que para pagar el sustento diario, frijoles, tortillas, chile, arroz, y si bien les va, huevo y carne, en muy escasa ración. Esa es la vida a la que se ha tenido que enfrentar millones de mexicanos en busca de la supervivencia de los suyos. Pero, es aquí donde entra el verdadero sentido de este artículo. La proliferación de viviendas populares, como se les conoce ha venido aumentando de manera drástica, la renta y el préstamo de la mismas es cosa de todos los días, pues a la gente de menores ingresos no les queda de otra más que acceder a este tipo de acuerdos comerciales con los propietarios de dichos inmuebles, o lo que es peor, buscar un terrenito a las afueras de la ciudad, aunque no tengan los servicios básicos de luz, agua potable y drenaje.
Para ellos es una oportunidad de seguir viviendo, subsistiendo. El problema viene a la hora de regularizar dicha propiedad, cuando la gente piensa que ya encontraron una opción de vivienda, una mejor opción de vida, y quieren ser dueños legales de dicho pedazo de tierra. En la actualidad, con el avance del neoliberalismo, donde, como dice la economista de la Universidad Autónoma de México (UNAM), e investigadora del Centro Mexicano de Estudios Económicos y Sociales (CEMEES), Samira Sánchez, en su estudio sobre la mercantilización del derecho a la vivienda, publicado en la página web de dicho organismo, www.cemees.org, son las empresas desarrolladoras de vivienda, las que tienen la voz cantante para ofrecer la opción de una “vivienda digna” para los trabajadores asalariados “derechohabientes” de adquirir un pequeño espacio para sus familias, ofreciéndoles cuatro paredes, con baño, sala-comedor, y si bien les va, un pequeño patio donde apenas puede caber un vehículo pequeño, aquellos ciudadanos que no estén registrados en un trabajo “estable”, o que acumule puntos en el INFONAVIT, no puede ni si quiera soñar en tener una “pichonera” de esas.
En nuestro país, la gran mayoría de los trabajadores son del ramo que se le conoce como “informal”, o sea, que no cotizan ante el INFONAVIT, trabajan en establecimientos como taquerías, tienditas de abarrotes, talleres mecánicos independientes, vendedores ambulantes, etc., lo que los obliga a buscar otro tipo de opciones de vivienda, pues no son candidatos a adquirir una de esas “pichoneras” donde con base a puntos acumulados por muchos años trabajo, y con un cierto crédito que va de los 10 años o más, se hagan de un inmueble que les costará más de un millón de pesos, pagaderos en 20, 30 0 más años.
De lo anterior, podemos deducir, que si más del 50 por ciento de la población no cotiza ante el INFONAVIT, tienen que buscar una vivienda en la cual albergar a su familia, y las opciones son entre rentar o adquirir una en préstamo, lo que es una solución a la que la gran mayoría de los mexicanos no puede acceder, pues el salario de un obrero medio no alcanza ni para adquirir la canasta básica, a menos que los jefes de familia (madre y padre) trabajen y busquen otro empleo, u otra manera de hacerse de recursos vendiendo algún producto en el mercado informal, lo que nos lleva a deducir que más del cincuenta por ciento de la población mexicana buscará otras maneras de adquirir un pedazo de tierra para construir un hogar.
En México y en nuestra ciudad de Aguascalientes las opciones no son muchas. La gente busca de una u otra forma hacerse de un pedazo de tierra para edificar un hogar, y lo que se logra conseguir son pedazos de tierra a las orillas de las grandes ciudades, en la periferia, donde los servicios básicos son escasos, o simplemente no los hay, y donde la única opción es unirse a sus compañeros de infortunio y buscar, por medio de gestiones ante las autoridades, el obtener la luz, agua potable, drenaje, escuelas, etc., privilegio que es único de los grandes desarrolladores de vivienda, pues las leyes en la materia de Desarrollo Urbano, solamente pueden ser cumplidas por personas o empresas con el capital suficientes para cumplir con todo tipo de requerimientos de las autoridades, mismos que van desde estudios geofísicos, factibilidades, dictámenes, etc., que únicamente se pueden conseguir con una buena solvencia económica para pagarle a los especialistas en la materia. Claro está que una sola familia, o varias, con los míseros salarios que se otorgan en nuestro país, nunca podrán cubrir.
Por eso es que el análisis realizado por la economista del CEMEES, Samira Sánchez, da en el clavo cuando dice que, en nuestro país, las desarrolladoras inmobiliarias son las que definen la política de vivienda. Y los pobres, que somos la gran mayoría, la única y verdadera opción que nos queda, es organizarnos con muchos, muchos otros, igual que nosotros, para poder reunir el capital suficiente para pagarle a los especialistas y conseguir, por medio de la fuerza que nos da nuestro número, que se nos hagan concesiones en la gran lista de requerimientos para poder regularizar nuestro pequeño pedazo de tierra, y de esta manera dar una oportunidad a nuestras familias de tener un hogar. Aunque las políticas en la materia no lo permitan. La única organización social que ha logrado realizar dicha hazaña es el Movimiento Antorchista Nacional, cumpliendo con mil y un requerimientos de las autoridades y no pocas veces recurriendo a los derechos consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, donde se dice que “todo mexicano tiene derecho a una vivienda digna”. Organízate y lucha.
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