• Cada vez más jóvenes logran concluir el bachillerato, pero miles se encuentran después con un sistema universitario incapaz de recibirlos
México atraviesa una de las crisis más profundas de su sistema educativo, una realidad que suele resumirse en estadísticas, diagnósticos técnicos y discursos oficiales que hablan de avances y oportunidades. Sin embargo, basta observar lo que ocurre todos los días en las comunidades, en las aulas y en las escuelas públicas del país para entender que la situación es mucho más compleja y dolorosa.
La educación pues, ha dejado de funcionar plenamente como un derecho universal y, en cambio, opera como un filtro que permite el acceso de unos cuantos mientras miles de jóvenes quedan excluidos de oportunidades académicas y de movilidad social.
La juventud mexicana enfrenta una frustración creciente que se vive con especial fuerza entre quienes intentan mantenerse estudiando en el nivel superior, donde las dificultades económicas, la falta de infraestructura y las limitadas oportunidades convierten la educación en una meta cada vez más difícil de alcanzar. Veamos.
De acuerdo con datos de la Secretaría de Educación Pública (SEP), durante el ciclo escolar 2022–2023 egresaron aproximadamente 47 mil 800 estudiantes de nivel medio superior en Oaxaca. Para el periodo 2024–2025, la cifra ronda ya los 49 mil jóvenes.
Es decir, cada vez son más quienes logran concluir el bachillerato. Sin embargo, el verdadero problema comienza después, cuando miles de ellos intentan continuar sus estudios y se encuentran frente a un sistema incapaz de recibirlos.
Según cifras de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (Anuies), en 2023 ingresaron apenas 15 mil 900 estudiantes a la educación superior en Oaxaca, mientras que para el ciclo 2024–2025 se estima una matrícula de alrededor de 16 mil 500 nuevos ingresos. La diferencia es alarmante: más de la mitad de los jóvenes que terminaron el nivel medio superior quedan fuera de las universidades.
No se trata de falta de interés o de incapacidad académica. Muchos de ellos hicieron lo que durante años se les pidió: estudiar, terminar la preparatoria y buscar un mejor futuro. El problema es otro: simplemente no existen suficientes espacios para recibirlos.
Miles de jóvenes quedan atrapados entre el discurso oficial que promete oportunidades y una realidad donde acceder a la educación superior sigue siendo un privilegio para unos cuantos.
Esto trae como consecuencia que muchos jóvenes, sobre todo aquellos originarios de las regiones del estado que llegan a la capital oaxaqueña con la esperanza de continuar sus estudios, terminen regresando a sus comunidades sin opciones claras para su futuro. Con ello, no sólo se frustra el sueño de una familia que aspiraba a ver a uno de sus hijos convertirse en profesionista; también la sociedad pierde talento, preparación y posibilidades de desarrollo.
Pero el problema va aún más allá, porque esta realidad evidencia la profunda desigualdad que persiste en Oaxaca y en gran parte del país: mientras algunos jóvenes logran acceder a universidades y oportunidades educativas, miles más quedan excluidos de un sistema que no tiene capacidad suficiente para recibirlos, ampliando cada vez más la brecha social y económica.
El discurso oficial suele insistir en que “el que quiere, puede”, pero la realidad en Oaxaca demuestra algo muy distinto: miles de jóvenes quieren continuar estudiando, miles tienen la capacidad para hacerlo, pero simplemente no cuentan con las condiciones necesarias.
No hay suficientes universidades públicas, faltan espacios, infraestructura y políticas que realmente acompañen a los estudiantes en su intento por superarse.
Mientras tanto, el problema sigue presentándose como una responsabilidad individual, cuando en realidad se trata de una crisis profundamente colectiva que refleja las limitaciones y desigualdades del propio sistema educativo.
En ese sentido, el Movimiento Antorcha Nacional, encabezado por el maestro Aquiles Córdova Morán, ha planteado que este problema no es casual ni aislado, sino consecuencia de un modelo social que no está diseñado para garantizar el desarrollo de todos por igual.
La educación pues, ha dejado de funcionar plenamente como un derecho universal y, en cambio, opera como un filtro que permite el acceso de unos cuantos mientras miles de jóvenes quedan excluidos de oportunidades académicas y de movilidad social.
Hemos insistido en que los problemas de la educación no pueden resolverse sin transformar también las condiciones materiales de la población. No basta con abrir más espacios educativos si miles de estudiantes no tienen recursos para transporte, alimentación, renta o materiales escolares.
Tampoco basta con afirmar que la educación es gratuita cuando, en la práctica, estudiar es un privilegio reservado para quienes cuentan con las posibilidades económicas para sostenerlo.
La educación debe ser un instrumento de liberación del pueblo, no un privilegio de unos cuantos, por eso el problema no puede entenderse únicamente como una deficiencia educativa, sino como una expresión más de las profundas desigualdades sociales y económicas que siguen limitando el futuro de miles de jóvenes en México.
Si se observa desde una perspectiva más amplia, la situación revela una lógica preocupante: el sistema no está diseñado para que todos los jóvenes accedan a la universidad y logren desarrollarse profesionalmente.
Por el contrario, mantiene condiciones que empujan a miles de ellos a incorporarse tempranamente a trabajos precarios, mal remunerados y sin estabilidad laboral.
En ese sentido, la falta de acceso a la educación superior no puede entenderse únicamente como una falla administrativa o de infraestructura, sino también como una consecuencia de la manera en que está organizada la economía y distribuidas las oportunidades en el país.
En Oaxaca, esta realidad se traduce en miles de jóvenes que terminan incorporándose a trabajos en condiciones difíciles, migrando o abandonando sus aspiraciones profesionales.
Lo más preocupante es que, poco a poco, esta situación se ha normalizado. Por ello, hablar hoy de la crisis educativa implica también discutir soluciones reales y de fondo. Se necesitan más universidades, sí, pero también una política integral que garantice que los estudiantes no sólo puedan ingresar, sino permanecer y concluir sus estudios.
Hace falta inversión, planeación y, sobre todo, voluntad política para entender que la educación no representa un gasto, sino una inversión social indispensable para el desarrollo del país.
Pero también es necesario que los propios estudiantes tomen conciencia de esta realidad y comprendan que su fuerza organizada puede convertirse en una herramienta para exigir mejores condiciones educativas.
De lo contrario, seguirán siendo tomados en cuenta únicamente en momentos coyunturales, como ocurrió con la elección de un “nuevo” rector en la llamada “Máxima Casa de Estudios”, donde muchas veces se deposita nuevamente la esperanza en un supuesto salvador, mientras los problemas estructurales permanecen intactos sin importar quién ocupe la rectoría.
La educación sigue siendo una promesa incumplida para miles. Y eso, más que una falla del sistema, es una deuda con “los del futuro de México”.
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