En el sexenio federal reciente y que al fin está por acabar su periodo, basta con una mirada más cercana a las comunidades rurales de Nuevo León para revelar una historia diferente a la que prometió la mal llamada 4T cuando llegó al poder.
El Gobierno ha fracasado en abordar las necesidades básicas de los ciudadanos, destacando la vivienda como una de las más desatendidas, afectando indudablemente de manera directa a un sinnúmero de familias.
Ante la falta de acción gubernamental, los habitantes de las comunidades rurales del estado norteño deben sumarse a Antorcha, claro ejemplo de cómo la organización comunitaria puede convertirse en una voz poderosa en la lucha por los derechos básicos.
Si no se atiende la necesidad de la vivienda, mucho menos caminos rurales en condiciones transitables, el abasto de agua potable de forma constante. Cuando gusten, nos damos una vuelta por comunidades del municipio de Galeana y Zaragoza, por decir lo menos, y constatar lo que aquí decimos.
El problema tiene una raíz dentro del capitalismo, que, en su búsqueda incesante de ganancias, prioriza el desarrollo urbano y la inversión en sectores que prometen retornos financieros rápidos y significativos.
Esto ha resultado en un creciente e inhumano abandono de las áreas rurales, donde las inversiones en infraestructura y servicios básicos, como la vivienda, son mínimas o prácticamente inexistentes.
La lógica capitalista tiende a ver la vivienda no como un derecho humano fundamental, sino como una mercancía, y esto ha llevado a que microrregiones como el sur del estado de Nuevo León, las políticas públicas no se enfoquen en la satisfacción de las necesidades básicas de los habitantes rurales.
Nuevo León, uno de los estados más ricos y prósperos de México, muestra una dualidad sorprendente. Por un lado, cuenta con un robusto sector industrial y comercial, mientras que, por otro, sus áreas rurales luchan por obtener el apoyo necesario para mejorar sus condiciones de vida.
El acceso a una vivienda digna en estas zonas ha sido particularmente difícil; la falta de inversión gubernamental en infraestructura rural ha perpetuado un ciclo de pobreza y marginación que resulta difícil de romper.
La administración actual y las previas no han logrado implementar políticas públicas eficientes y eficaces que atiendan las necesidades de vivienda en las comunidades rurales de Nuevo León, y por más que se niegue, se debe en gran parte a la influencia del capital privado en la elaboración de políticas públicas, donde las prioridades del mercado suelen sobreponerse a las del bienestar social.
La falta de atención y recursos para el desarrollo de viviendas en áreas rurales tiene consecuencias significativas. Las pocas oportunidades y condiciones de vida adecuadas en el campo obligan a muchas familias a migrar a las ciudades en busca de un futuro mejor, contribuyendo a la sobrepoblación urbana y al deterioro de las condiciones en los cinturones de pobreza.
Las familias que permanecen en las zonas rurales a menudo viven en condiciones precarias, sin acceso a servicios básicos como agua potable, electricidad y saneamiento, lo que repercute en su salud y bienestar general. Además, la migración y el abandono del campo también conducen a una pérdida de la cultura y las tradiciones rurales, que son parte esencial del patrimonio cultural mexicano.
Ante la falta de acción gubernamental, los habitantes de las comunidades rurales del estado norteño deben sumarse a Antorcha Campesina, que es un claro ejemplo de cómo la organización comunitaria puede convertirse en una voz poderosa en la lucha por los derechos básicos.
A través del tiempo se ha logrado unir a diversas comunidades para exigir mejoras en vivienda, infraestructura y servicios básicos, destacándose como un modelo de resistencia y empoderamiento ciudadano frente a un sistema que los ignora soberanamente.
Es claro que en las condiciones actuales del Gobierno y del sistema no basta con luchar por apoyos. Para abordar de manera efectiva las necesidades de vivienda en las zonas rurales de Nuevo León, es la falta de políticas efectivas, sumando el desinterés e insensibilidad gubernamental, lo que ha perpetuado condiciones de vida inaceptables para muchos habitantes de Nuevo León.
Necesitamos “la voz de ya” a gobernantes en toda la estructura, comprometidos y nacidos de la clase trabajadora que sepan de la realidad por vivirla en carne propia y darle un giro a la historia trágica del trabajador del campo y la ciudad.
Ante esta realidad, la organización y movilización social emergen como herramientas esenciales para la defensa de los derechos ciudadanos.
Sin embargo, es necesario un cambio estructural, un modelo económico que promueva un desarrollo más equitativo y justo, donde el bienestar de las personas se anteponga a las ganancias económicas.
Solo así será posible construir un futuro donde todas las personas, independientemente de su lugar de origen, tengan garantizado el acceso a una vida digna, con un sentido verdaderamente humanista.
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