• Mientras el gobierno reparte millones en PTM, hay 100 estudiantes en Manzanillo sin aulas desde hace diez años
Entre algunos sectores de la población más vulnerable de Colima, en los últimos tiempos, las autoridades gubernamentales están desplegando toda una estrategia publicitaria insistente, para lograr fijar en la mente de los ciudadanos menos informados la idea de que el objetivo esencial de todos los colimenses debe consistir en ser tomados en cuenta en los apoyos económicos gubernamentales, conocidos oficialmente como Programas de Transferencia Monetaria (PTM), para resolver la situación de carencias y marginación social que padecen.
Los programas sociales son necesarios, pero no sustituyen la prestación de servicios de calidad, porque cuando tú le transfieres dinero a alguien, no estás resolviendo el problema estructural.
Y el golpe mediático no es casual. En medio de la pobreza que se sufre, no obstante las estadísticas manoseadas que se difunden profusamente, se anuncia que se entregan millones y millones de pesos del erario público repartidos o a repartir, entre madres, niños, niñas, adolescentes, jóvenes, no tan jóvenes, adultos, no tan adultos y adultos mayores; como si fuera este un novísimo e inédito mecanismo contemplado en las leyes de la economía y el mercado, nunca antes implementado, que resolverá por fin la situación de marginación social que se vive casi por todo el país.
Pero la historia dice lo contrario, y no se deja nunca engañar con reflectores ni discursos oficiales altisonantes y edulcorados.
Se sabe que las ayudas de los PTM han sido herramientas sociales de manipulación de masas en manos de los gobiernos de México, por lo menos desde hace más de 29 años. Aparecieron primeramente en la escena nacional con el nombre de Progresa (1997-2002), enfocados principalmente a las zonas rurales y marginadas. Posteriormente se les impusieron a los mexicanos con el nombre de “Oportunidades” (2002-2014), y extendieron su cobertura a las zonas urbanas, convirtiéndose, incluso, en un modelo de bienestar reconocido internacionalmente por el Banco Mundial.
Después, estos programas cambiaron su nombre a Prospera (2014-2019), que mantuvo el enfoque de transferencias condicionadas e incorporó nuevos apoyos enfocados a la inclusión financiera y laboral. Y finalmente, desde 2019, estos apoyos se conocen con el nombre de “Programas para el Bienestar”, donde se cambió la estrategia a transferencias directas en efectivo, eliminando la mayoría de las condicionalidades y enfocándose, sobre todo, en pensiones universales y becas educativas.
Hasta aquí, sin que seamos especialistas en la materia, y tomando en cuenta las casi tres décadas de apoyos repartidos por los gobiernos que abarcan todo este periodo, habría que preguntarnos sin malicia alguna lo siguiente:
¿Cuántos mexicanos, que han recibido permanentemente estos apoyos monetarios o en especie, han salido realmente de la pobreza?
¿En qué residencias viven, en qué colegios estudian sus hijos, en cuáles clínicas especializadas se curan?
Y lo más importante, ¿a cuánto ascienden ya sus bienes, que les puedan asegurar los años de vida que les quedan, o el patrimonio futuro de sus hijos o nietos?
Las preguntas son totalmente justificadas, porque, si algún mexicano ha logrado salir realmente de la pobreza con este tipo de apoyos monetarios, con certeza no lo sabemos, pues, incluso los gobiernos de ahora no han salido a presentar la experiencia personal y concreta de uno solo de ellos, cuando menos, en la misma medida en que se ha ventilado la fortuna de muchos que se cobijan del poder.
Y esto es así, porque la realidad siempre se impone. Se ha dicho ya con suficientes argumentos por especialistas en el tema que los PTM no fueron creados para acabar con la desigualdad social, sino por el contrario, únicamente la mantienen. Es decir, las ayudas monetarias no curan, ni curarán nunca la pobreza que sufre el pobre.
En relación con esto, y sin que necesitemos por ahora profundizar en el tema, atendamos una nota que se publicó en el portal www.eluniversal.com el día 22 de marzo pasado, con el título: “Programas sociales, contienen desigualdades, olvidan bienestar”, donde se puede leer lo siguiente: “Los programas sociales, sello insignia de los gobiernos morenistas, han servido para contener las desigualdades que se enfrentan en México; sin embargo, han olvidado su objetivo primordial: dar bienestar a los mexicanos con el acceso a servicios de calidad en materia de salud, educación, seguridad y transporte, entre otros”.
Eduardo Bohórquez López, director de Transparencia Mexicana de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, dijo en entrevista al medio que referimos lo siguiente: “Son un mecanismo que contiene, no un mecanismo que resuelve. Los programas sociales son necesarios, pero no sustituyen la prestación de servicios de calidad, porque cuando tú le transfieres dinero a alguien no estás resolviendo el problema estructural”.
Y luego, el mismo medio refirió algo más que dijo el funcionario, que resulta revelador: “Indicó que a lo largo de los años, los gobiernos los han utilizado con fines político-electorales, por lo que enfatizó que se tiene que concebir una política social que evite el uso clientelar; como incorporar leyendas que aclaren que (estos programas) son ajenos a cualquier partido político ‘que te recuerden todo el tiempo que no dependen de qué partido gobierne el país, que se paga con el impuesto de otros mexicanos y no se lo debes a nadie’”.
Finalmente, el funcionario aclaró que, desde su perspectiva, para garantizar el bienestar de los mexicanos se debe diseñar una política social con un enfoque multidimensional, que otorgue (sobre todo) protección integral a las comunidades y a los individuos.
Y luego ejemplificó así, seguramente que con el trágico suceso de los diez trabajadores de la empresa canadiense Vizsla Silver, de Concordia, Sinaloa: “porque si unos mineros pueden ser levantados, desaparecidos, ejecutados y enterrados porque se les confundió con un grupo criminal, entonces, ¿de qué te sirve tener una pensión?”.
En la comunidad de Venustiano Carranza (Coalata) del municipio de Manzanillo, existe un bachillerato rural catalogado como de Educación Media Superior a Distancia (Emsad). Son más de 100 jóvenes de escasos recursos que acuden, como pueden, de cinco comunidades aledañas a recibir la preparación necesaria que los capacite para ir a la universidad.
Por lo que sabemos, todos reciben la Beca Universal Benito Juárez, todos; pero, curiosamente, nunca han tenido un edificio propio de acuerdo con el nivel educativo; toman clases por la tarde, en la secundaria de la comunidad. Más de diez años hace ya, que padres de familia, maestros, alumnos y la comunidad de Coalata, han reclamado a los gobiernos que reparten PTM la construcción de un edificio digno y decoroso, conforme a su derecho constitucional.
Por más de diez años los han ignorado. ¿De qué sirve, entonces, tener una beca cuando no tienen ni siquiera un edificio educativo adecuado? Esto debe cambiar.
0 Comentarios:
Dejar un Comentario