• Nueve entidades concentran gran parte del ambulantaje nacional, sector que sufre operativos y decomiso de lo que también representa sustento
En México, más de 30 millones de personas se encuentran en condiciones de empleo informal, de acuerdo con estimaciones de organismos internacionales como Oxfam y datos laborales que coinciden con mediciones nacionales, lo que refleja una de las mayores problemáticas estructurales del país en materia de trabajo.
En este contexto, el comercio informal se ha convertido en una de las principales fuentes de sustento para millones de familias ante la falta de empleos formales, salarios dignos y alternativas económicas suficientes.
La informalidad laboral en México es resultado de la precarización del empleo, los bajos salarios y la falta de seguridad social, factores que empujan a millones de personas a actividades como el comercio en vía pública, tianguis y mercados sobre ruedas.
Este fenómeno se desarrolla en un entorno de constante tensión con autoridades municipales y estatales, donde comerciantes ambulantes enfrentan operativos de retiro de puestos, decomisos de mercancía y sanciones administrativas que afectan directamente su economía diaria.
De acuerdo con Oxfam, la informalidad laboral en México es resultado de la precarización del empleo, los bajos salarios y la falta de seguridad social, factores que empujan a millones de personas a actividades como el comercio en vía pública, tianguis y mercados sobre ruedas.
En distintas ciudades del país, comerciantes ambulantes han denunciado prácticas recurrentes por parte de verificadores y elementos de seguridad pública, que incluyen el retiro de mercancía sin procesos claros, multas excesivas y, en algunos casos, el uso de la fuerza durante operativos de reordenamiento del comercio.
Los afectados señalan que la pérdida de mercancía representa un golpe directo a su economía diaria, ya que muchos operan con inversiones pequeñas y no cuentan con respaldo financiero para recuperarse tras un decomiso.
En este contexto, el Movimiento Antorchista Nacional (MAN) ha denunciado lo que considera una política de represión hacia el comercio informal por parte de gobiernos municipales y estatales, particularmente aquellos emanados de administraciones vinculadas a Morena.
La organización sostiene que, en lugar de ofrecer alternativas reales de reubicación, créditos o incorporación a la economía formal, se han implementado medidas de desalojo y retiro de puestos sin diálogo suficiente con los comerciantes.
El Estado de México se mantiene como una de las entidades con mayor presencia de comercio informal en el país, debido a su alta densidad poblacional y expansión urbana. Municipios como Toluca, Ecatepec y Nezahualcóyotl concentran gran parte de esta actividad, donde comerciantes han denunciado un aumento en operativos de retiro y decomisos por parte de ayuntamientos.
El señor Andy Manuel Jiménez Dávila, conocido por sus compañeros del gremio como “Miguelito”, comerciante ambulante de la terminal de Toluca, relató que los vendedores de la zona han enfrentado constantes operativos por parte de verificadores municipales:
“Nos quitan la mercancía sin explicación clara, llegamos a perder todo en un solo día de trabajo. No hay un proceso justo ni una oportunidad de defendernos”.
El comerciante también denunció que en la zona de los puentes cercanos a la terminal de Toluca, el gobierno municipal estaría construyendo locales comerciales destinados; en teoría para reubicar a comerciantes ambulantes, aunque asegura que estos espacios ya habrían sido asignados previamente a personas cercanas a la administración.
“Nos dijeron que serían para nosotros, pero ahora nos dicen que ya están ocupados o vendidos, aun cuando todavía no los han terminado de construir”, afirmó.
Mientras el comercio informal continúa siendo una válvula de escape para la economía de miles de familias mexicanas, la falta de políticas públicas incluyentes mantiene vigente un conflicto entre autoridades y comerciantes, sin una solución estructural a corto plazo.
Cabe mencionar que, en general, los estados con mayores niveles de informalidad económica, y, por lo tanto, de comercio informal, se concentran en el sur y sureste del país, destacando Oaxaca, Chiapas, Guerrero, Puebla, Tlaxcala, Hidalgo, Veracruz y Michoacán.
Sin embargo, el Estado de México también se ubica entre los primeros lugares a nivel nacional, debido principalmente a su alta densidad poblacional.
Esto favorece la expansión de actividades informales como tianguis, comercio en vía pública y autoempleo en zonas urbanas densamente pobladas, como Ecatepec y Nezahualcóyotl, lo que se traduce en un elevado volumen de personas dentro de la economía informal.
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