La falta de programas de vivienda popular es un grave problema social, y las víctimas inmediatas son los trabajadores del campo que malviven en casas rentadas, hacinadas con dos o tres familias para poder pagar una renta mensual; sin posibilidades de adquirir un lugar propio donde fincar su vivienda, como ordena la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 4. “Toda familia tiene derecho a disfrutar de vivienda digna y decorosa. La ley establecerá los instrumentos y apoyos necesarios a fin de alcanzar tal objetivo”.
Repito. La falta de vivienda es un problema social que se agrava cada día más, y que afecta a otros sectores laborales, que, a falta de generación de empleos por parte del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, una gran cantidad de mexicanos se dedican a la actividad económica informal.
“El número de ocupados informales representa al 55.8 por ciento de la población ocupada. La recuperación del mercado laboral durante 2021 se sustentó en ocupaciones laborales informales y precarias, de acuerdo con los resultados de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo del INEGI” (18 de febrero, 2022).
Ahí tenemos a los vendedores ambulantes que se aglomeran por los costados del zócalo capitalino, tenemos también, al interior de país, a los pepenadores, trabajadoras domésticas, tianguistas y otras tantas actividades laborales que permiten conseguir el sustento inmediato y no morirse de hambre. A tres años de gobierno de la 4T. ¿Y es este, el gobierno de los pobres que México necesita en materia de vivienda? Yo creo que no. Veamos.
Existen programas de vivienda de interés social creados no para satisfacer la demanda de vivienda de los trabajadores, sino para satisfacer los intereses económicos del capital inmobiliario, y es un gran negocio para las empresas constructoras de vivienda que en mutuo acuerdo con el Estado vía Infonavit exprimen al trabajador aún más, quitándole gran parte de su magro salario para el pago de su mal hecha vivienda, quien, después de años de trabajo formal logra calificar para tener acceso a un crédito; recibe pues, una construcción de 40 metros cuadrados y se encadena a pagarla a cinco largos lustros, asegurando así al esclavo moderno, al trabajo forzado por 25 largos años.
Los solicitantes de vivienda son muchos, y muchos también los requisitos para calificar para un crédito, y así, el dueño de las casas asegura el pago del inmueble. Y lo más importante aquí, creo yo, es que se tenga un empleo formal, un empleo con prestaciones de ley.
Con la solicitud de vivienda al Infonavit, inicia una vía crucis; y al recibir las llaves de la casa se agrava el martirio. Pronto, las lluvias temporales hacen bien su tarea; cuando deja de llover afuera de la casa, dentro de ella continúa por las innumerables goteras, por las pésimas construcciones; la mayoría de las veces por los materiales de baja calidad que se utiliza en la obra, las inundaciones por las zonas de riesgo de los asentamientos. Anteponen siempre el afán de ganancia importando poco el malestar, a sabiendas del problema que se genera, proyectados a una vida laboral entera.
Los ayuntamientos, al recibir la municipalización de la obra con deficiencias en los proyectos, no están resolviendo una vivienda digna y decorosa, sino que están avalando un problema social.
Exprimir la fuerza de trabajo del obrero, por todos los medios posibles, y pagarle poco salario es una consigna del modelo económico capitalista. La inmobiliaria, por un lado, y el Estado por la otra parte, crean una especie de trapiche que exprime al trabajador como a la caña, quitándole hasta la última gota de su valioso jugo.
Hacen bien, por lo tanto, los solicitantes de lotes para vivienda organizados en el Movimiento Antorchista de Tecomán; que exigen a la gobernadora Indira Vizcaíno, solución a su elemental demanda: un lugar propio donde fincar su vivienda; y como bien dicen los solicitantes, “no pedimos que se nos regale nada, queremos facilidades de pago” o apoyos necesarios para alcanzar tal objetivo, como dice el artículo 4º de la Constitución.
Una larga espera cuenta en su haber, los más de 300 solicitantes de lotes para la vivienda tocando puertas en las oficinas correspondientes, agotando los trámites necesarios, como marcan los ordenamientos urbanos; y como el pago de renta que exige el arrendatario se vence con puntualidad; así también se terminó el tiempo de espera, y se preparan para dar a conocer a la opinión pública la nula solución de su demanda de vivienda.
Solo un pueblo unido, organizado, consciente de su clase social, y como un solo hombre y como un solo ideal, puede construir una sociedad más justa para todos. A seguir luchando pues, para vivir mejor en nuestra Colima.
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