En Puebla, los responsables de la educación pública se rehúsan a escuchar las necesidades de centros educativos de diferentes niveles. Los maestros organizados en Antorcha Magisterial y los estudiantes de la Federación Nacional de Estudiantes Revolucionarios Rafael Ramírez (FNERRR) han buscado hasta el cansancio y sin éxito alguno al Dr. Melitón Lozano Pérez, secretario de Educación Pública del Gobierno de Puebla. La necesidad de entrevistarse con dicho funcionario es urgente debido a que existen problemas y carencias que sólo él, desde el cargo que desempeña, tiene la posibilidad de resolver. Ciertamente, la interlocución con la dirigencia estatal del magisterio antorchista estuvo un tiempo a cargo de la subsecretaria de educación, sin embargo, la funcionaria también se ha negado a dialogar con ellos, de tal manera que desde hace rato los maestros se han quedado hablando solos, porque la instancia oficial para atender sus necesidades les ha cerrado completamente sus puertas.
Sorprende esa actitud de las autoridades educativas en el estado. ¿Acaso desconocen que nuestro país ha sacado las más bajas calificaciones entre otros países? ¿Acaso ignoran que durante los dos años de pandemia las instalaciones de los centros educativos han sufrido graves deterioros? ¿Desconocen el gran rezago en infraestructura que ha obligado a miles de niños y jóvenes a estudiar en aulas de palitos, sin agua potable, drenaje, servicio eléctrico y ya no hablemos de mobiliario, ni laboratorios, computadoras, áreas para practicar deporte y actividades culturales? ¿Desconocen que hay cientos de profesionistas dando clases en calidad de meritorios sin recibir el justo pago del gobierno por el trabajo educativo que realizan? Pienso que no, que sí saben de todo eso, nada más que no les interesa esa problemática. Ellos, como responsables de velar por una política de estado acorde con lo que plantean las leyes de nuestro país en materia educativa, lo primero que tienen a la mano es el diagnóstico del estado de cosas, por tanto, saben perfectamente bien que las demandas de los maestros están plenamente justificadas. Ellos pueden diseñar un plan de desarrollo educativo que contemple el personal suficiente y capacitado, la infraestructura y el presupuesto necesario para solventar dichas necesidades. Y sin embargo, no lo hacen. No se asoma por ninguna parte la más mínima señal de interés por atender la problemática. Ni siquiera de escuchar a los quejosos.
¿Qué camino les queda a los maestros demandantes? El único que permite la ley en México: la organización y la lucha. Es importante apoyar cada quien como pueda el movimiento que están anunciando que detonarán el próximo martes 18 de enero en la ciudad de Puebla diversos contingentes de maestros, estudiantes y padres de familia de todo el estado y que contempla una manifestación hacia la SEP estatal y una amplia difusión de sus demandas.
En el caso del contingente que saldrá de Tehuacán, la Sierra Negra y parte de la Mixteca, sus planteamientos son muy elementales, ellos requieren contratación de maestros para preescolar, primarias, secundarias técnicas y digitales, y bachillerato; construcción de aulas, equipamiento de laboratorios de ciencias, comedores estudiantiles y respeto al magisterio antorchista. Nada fuera del alcance de la administración gubernamental, a menos que se impongan consideraciones políticas para ignorar a los manifestantes.
Por último, creo conveniente advertir, ante la opinión pública, que el trato que han merecido del gobierno de Miguel Barbosa diversos grupos de manifestantes ha sido de franca represión. Apenas hace unos días, con motivo de las protestas populares en distintos municipios para que no se aplique el cobro del DAP, amenazó con meter a la cárcel a quienes participen en protestas públicas. La marcha del 18 de enero hacia la SEP será pacífica, ajustándose a los preceptos legales y obligada por la actitud soberbia del Secretario de Educación y desde ahorita los antorchistas del estado de Puebla estaremos pendientes para actuar en defensa de nuestros compañeros ante cualquier intento violatorio de sus derecho a la libre manifestación.
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