Como lo establece el Artículo 74 constitucional en su Fracción IV, el 8 de septiembre pasado el Ejecutivo Federal presentó al Congreso de la Unión, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), el paquete económico de Ley de Ingresos de la Federación (LIF) proyectado para el 2026.
La propuesta fue presentada a la Cámara de Diputados por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo; la aprobación ocurrió el 20 de octubre, mientras que en la Cámara de Senadores fue el día 30 del mismo mes, lo cual no fue difícil, pues Morena tiene la mayoría aplastante junto con las coaliciones del PT y del Partido Verde.
Como se sabe, el presupuesto fue aprobado con 79 votos a favor de Morena y aliados, mientras que la oposición logró 37 en contra por legisladores del PRI, PAN y MC (La Jornada, sábado 1 de noviembre de 2025).
Ahora sólo falta esperar que el Ejecutivo Federal publique dicho documento en el Diario Oficial de la Federación, lo cual generalmente sucede en diciembre para que surta efecto a partir del 1 de enero; así es la política de conveniencia: lo que ordena el patrón (López Obrador-Sheinbaum) lo ejecutan sus súbditos sin rechistar, sin un análisis serio y responsable de este importante documento.
La novedad es que el pueblo debe “cooperar” con más impuestos por productos de consumo y servicios; en cambio, los funcionarios públicos seguirán mandando y dando de topes al erario, pues a los diputados y senadores no les importó la supuesta política de austeridad que anuncia con “orgullo” y presume la presidenta Claudia Sheinbaum. En efecto, mientras millones de mexicanos sobreviven con el salario mínimo (278.80 pesos diarios en casi todo el país y 419.88 pesos en la zona norte y frontera con Estados Unidos), los legisladores federales decidieron aumentarse el sueldo en casi 10 % para el 2026, es decir, pasarán de cobrar 1.19 a 1.31 millones de pesos al año, con una dieta mensual de 108 mil 935 pesos netos.
Y por si esto fuera poco, ahora tendrán un seguro de vida por 60 mil pesos, casi 114 mil pesos extras en el bolsillo; eso es más de lo que un trabajador gana en todo un año. Este aumento se aprobó dentro del paquete económico 2026, a lo que algunos medios de comunicación calificaron como vergüenza nacional.
A esto se le llama agandalle del erario público, que no es de ellos; esto no es austeridad, es corrupción, pues se roban el dinero del pueblo con altas dietas y sin producir nada más que leyes en su beneficio y a su contentillo; véanse las reformas al Poder Judicial, por citar sólo un ejemplo, todo con el beneplácito del Ejecutivo Federal.
Aquí aplica la frase de Juárez: “En sus palabras luchan por el pueblo, en los hechos lo traicionan”, o las palabras falsas de López Obrador que decía: “No puede haber gobierno rico con pueblo pobre”. Todo esto fue pura demagogia y simples payasadas de un merolico de plaza de la 4T, el cinismo en todo su esplendor.
Como ya es sabido, el Gobierno Federal proyecta recaudar un total de 10 billones 193 mil 683.7 millones de pesos. Del total del proyecto, los recursos tributarios siguen siendo el pilar fundamental para el financiamiento público: 5 billones 838 mil 541.1 millones de pesos corresponden a lo que ingresará de impuestos que recaudará Hacienda en 2026.
El empresario catalán encendió el debate con sus declaraciones en el pódcast “Búscate la vida”, donde afirma: “en este país sobran impuestos, yo con la mitad de lo que pagamos hago funcionar este país sin ningún tipo de problemas”, y sostiene: “el problema no es la falta de recursos, sino cómo se administran”.
La proyección de impuestos de mayor recaudación en 2026 son el Impuesto sobre la Renta (ISR), con 3 billones, y el Impuesto al Valor Agregado (IVA), con 1.5 billones. El ISR también se cobra a trabajadores con empleo, a personas que enajenen bienes inmuebles, a los empresarios, etcétera; estos últimos siempre apapachados por el sistema, al otorgarles legalmente infinidad de deducciones e “incentivos fiscales”.
La ley fiscal del gobierno no es progresiva ni abarca a todos por igual, pues a millonarios y pobres los mete en el mismo costal aunque sus ingresos sean muy dispares, lo cual es injusto, puesto que deben pagar más quienes más riqueza tienen y menos los trabajadores que viven al día.
Veamos: de la venta de petróleo, en la LIF está proyectado que ingresarán 1 billón 204 mil 200 millones de pesos. De tal manera que, juntas, las proyecciones de ingresos de impuestos y venta de petróleo por el gobierno mexicano para 2026 sumarán 7 billones 42 mil 741.1 millones de pesos, que representan el 69 % del total de lo proyectado en la LIF (sin contar aquí 1.78 billones de pesos de más deuda), dejando sólo 31 % a la recaudación por derechos, aprovechamientos, cuotas, aportaciones de seguridad social, productos y prestación de servicios.
El Ejecutivo sigue basando su economía en el cobro de más impuestos al pueblo mexicano, en la venta de petróleo al extranjero y en pedir más préstamos, aumentando la impagable deuda pública.
La proyección de ingresos en los aspectos ya mencionados (31 %), donde se mide en gran medida la eficacia en productividad de un gobierno, donde se mide la estabilidad económica sólida de un país, es muy baja, por no decir que muy pobre; pues cuando el Ejecutivo ya no cuente con petróleo para vender o baje estrepitosamente su precio, o bien ya no recaude lo pensado en impuestos o ya nadie le quiera prestar, la economía se irá por los suelos y lo esperado será una farsa y una ilusión pasajera, llevando al país a crisis económicas desastrosas que ya ha padecido en otros tiempos (recordemos la crisis en el año último del sexenio de López Portillo), más aún, ¿si los contribuyentes se rebelaran todos a no pagar sus contribuciones?, como lo hacen actualmente personas muy ricas que deberían ingresar mucho por tributación (véase el caso de Ricardo Salinas Pliego, hombre multimillonario, dueño de TV Azteca y Banco Azteca), o bien cuando ya nadie quiera prestarle al Ejecutivo. Insisto: se irá México al despeñadero con su economía de papel, y sus habitantes sufrirán las graves consecuencias que acarrean las crisis: más hambre, más miseria para las clases con ingresos bajos o nulos.
El Artículo 73 otorga facultades al Congreso para establecer impuestos y contribuciones necesarias para cubrir el presupuesto, así como autorizar al gobierno para emitir deuda pública. Sheinbaum, usando este derecho para el 2026, se endeudará con 1.78 billones de pesos con el argumento de financiar programas sociales y proyectos de inversión, sin aclarar en qué se gastará, pero seguro es para gasto corriente y para el creciente costo financiero de la deuda, el cual supera el gasto en salud y educación.
Así es cuando la ley les permite a los que no tienen vergüenza ni escrúpulos; sin compasión hunden al país con máscara de corderos sociales. Se deberían eliminar estas facilidades para que a los alacranes no les broten alas y, volando, piquen. ¿Se imaginan? La deuda supera el máximo histórico de 52.3 % del Producto Interno Bruto (PIB) en 2026, lo que equivale aproximadamente a 151 mil pesos por habitante, según la investigación del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO).
Van más impuestos para el 2026. Veamos: quienes depositen más de 15 mil pesos pagarán 3 % sobre el excedente. Seguiremos pagando el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) —en promedio 6.45 pesos— por cada litro de gasolina magna; en bebidas saborizadas aumentará de 1.65 a 3.08 pesos por litro; ahora habrá IEPS a juegos con violencia de 8 %; a bebidas con edulcorantes, de 1.5 pesos por litro; a los sueros orales y a las bebidas con electrolitos; se aplicará el IEPS a juegos con apuestas y sorteos, que aumentará de 30 % a 50 %; se aumentarán impuestos al tabaco.
Sheinbaum a estos tributos, los llama “actualizaciones” y al de bebidas endulzadas le llama “impuesto saludable”.
Los impuestos son decisiones políticas, determinan quién paga, cuánto paga y con qué fin se recauda. La presidenta dice que para cuidar la salud y que no consuman bebidas endulzadas o ya no fumen y cuiden su economía dejando de consumir productos más caros por el impuesto (sic).
Está claro: no se persigue la creación de un sistema económico competitivo; simplemente el gobierno basa su política económica en vender petróleo, cobrar excesivos impuestos, pedir más préstamos y agrandar la deuda pública —de por sí ya excesiva e impagable—, hipotecando y dejando a los mexicanos sin servicios, sin seguridad, sin educación de calidad, sin salud, sin infraestructura… todo por tan sólo estar cubriendo otros gastos obligatorios como los intereses de la deuda, además del despilfarro de recursos del erario público en obras faraónicas (Tren Maya, AIFA, refinería Dos Bocas), que en nada benefician a los mexicanos y sí se llevaron en su construcción enormes costos y se siguen llevando, pues todavía les asignan recursos para su consecución, que mejor deberían invertirse en servicios de salud con calidad, vivienda digna e infraestructura pública.
Veamos el caso del huachicol que dijeron iban a combatir y resultaron más gandallas que los de antes: según datos, el daño asciende a 600 mil millones de pesos en esta nueva moda de corrupción, donde van involucradas altas autoridades de la Secretaría de Marina, funcionarios públicos y empresarios. ¿Dónde está el cambio? No lo veo. Bueno, sí ha cambiado, ya que en este gobierno hay más cinismo, más hipocresía y nuevas formas de corrupción.
En el huachicol evaden impuestos importando gasolina disfrazada de lubricantes, los cuales al importarse no causan impuesto o causan muy poco; cobran el IVA como ganancia de la evasión y dan la gasolina en 24 pesos, embolsándose pingües ganancias.
No hay de otra: si queremos un país verdaderamente independiente, económica y políticamente, de las naciones más poderosas del mundo, debemos cambiar de modelo económico, donde haya producción a gran escala, pero con una distribución justa de la renta nacional; y, para que haya producción, debemos invertir en la educación científica para crear una nueva generación a largo plazo (20 años), pero ya empezar, y así crear a los mexicanos que innoven la tecnología y generen patentes y así dejar de ser el país subdesarrollado que ahora somos.
Debemos crear una economía que abone a la justicia social en general y no para unos cuantos; generar una distribución de la riqueza social más equitativa; crear un sistema justo para México y la humanidad, donde haya buen salario, infraestructura de primer nivel, una política tributaria justa y empleo para todos con edad de trabajar y bien remunerado.
El país no necesita merolicos disfrazados de pueblo; México ocupa científicos sociales a favor del bien común, que enfrenten con cientificidad los problemas políticos, económicos y sociales del país y pugnen por una patria justa, humana y equitativa. ¡He dicho!
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