El pasado miércoles 12 de marzo, el antorchismo nacional estuvo en pie de lucha, pues en tres estados de la república se llevaron a cabo manifestaciones que pusieron a miles de antorchistas en todo el país con los ojos en las redes sociales.
En el Estado de México, Hidalgo y Baja California Sur, el movimiento exigió el respeto al derecho de organización y la realización de obras públicas. En esta última entidad, la principal demanda fue la vivienda popular, ya que miles de familias exigen una vivienda digna a un costo accesible, pues actualmente las viviendas que se ofrecen en este estado turístico oscilan entre el millón de pesos en adelante.
Sólo la unidad del pueblo podrá lograr grandes transformaciones sociales y garantizar el derecho a una vivienda digna para todos.
La vivienda, que es un derecho constitucional, sigue siendo una demanda insatisfecha a nivel nacional. A pesar de estar consagrada en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los tres niveles de gobierno este derecho sigue siendo letra muerta, dejando a muchas familias sin un hogar propio, obligadas a rentar, vivir en la calle o depender de la ayuda de familiares y amigos.
México tiene un déficit habitacional de más de 8 millones de viviendas, de las cuales el 20 % corresponde a la falta de nuevas casas y departamentos, mientras que el 80 % recae en la necesidad de mejoras y ampliaciones, según datos de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu).
Román Meyer Falcón, titular de la dependencia, ha señalado que el panorama del país en materia habitacional es crítico, ya que uno de cada cinco mexicanos vive en un asentamiento irregular.
En Baja California Sur, la presidenta Claudia Sheinbaum ha puesto en marcha el Programa Nacional Vivienda para el Bienestar, pero no se han dado a conocer detalles clave como el pago inicial, los costos mensuales o los requisitos para acceder a él.
Además, este programa no es una solución real para el estado, pues, aún cuando las viviendas existan, muchas familias no podrán comprarlas. El proyecto contempla la construcción de 44 edificios en un área de 50 mil 281 metros cuadrados y la edificación de 704 viviendas distribuidas en edificios de cuatro niveles, con cuatro departamentos por piso.
Sin embargo, para acceder al programa es requisito ser trabajador formal, dejando fuera a miles de personas que se dedican al comercio ambulante, el turismo y otros oficios informales.
La falta de vivienda digna y popular no es exclusiva de Baja California Sur, sino un problema que afecta a todo el país. Pero han sido ellos quienes han encabezado esta lucha, y ahora nos toca a nosotros, los antorchistas, respaldar su causa.
Desde nuestras casas, colonias y ejidos, debemos levantar la voz y apoyar a nuestros compañeros, porque sólo la unidad del pueblo podrá lograr grandes transformaciones sociales.
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